Las prestaciones públicas reducen en un 28,74% la desigualdad de la renta primaria de los hogares, según el Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones monetarias entre los hogares españoles de Fedea referido a 2017, que indica que el 90% de ese efecto se debe al impacto redistributivo de las pensiones de jubilación y supervivencia.
Este porcentaje, similar al del año 2016 (28,57%), contrasta con la reducción de la desigualdad de apenas el 2,46% a la que contribuye el actual sistema fiscal. No obstante, Fedea subraya que el porcentaje de reducción de la desigualdad en 2017 es el más alto desde que empezó a elaborarse el observatorio en 2013, y se constata un aumento de la participación del sistema fiscal, en detrimento de las prestaciones.
Además, Fedea indica que el conjunto de impuestos analizados ha reducido la desigualdad de la renta bruta, medida por el índice de Gini, en un 2,71% en 2016 y en un 3,46% en 2017. Este último es el porcentaje más elevado del período 2013- 2017.
En 2017, todos los impuestos, directos e indirectos, mantuvieron o mejoraron su contribución a la capacidad redistributiva del sistema fiscal con respecto al año anterior. De esta forma, concluye que la actuación del sector público a través de impuestos y prestaciones monetarias reduce la desigualdad de las rentas de mercado en torno a un tercio.
Más del 90% de este efecto redistributivo proviene de las prestaciones monetarias públicas (especialmente las pensiones) y sólo una pequeña parte de los impuestos. A su vez, el análisis refleja que en 2017 el tipo se eleva hasta el 26,83%, con lo que la presión fiscal soportada por los hogares se encuentra por debajo del nivel del 27,10% alcanzado en 2014.
Como en anteriores estudios, Fedea destaca que el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio (este, de manera anecdótica por su escasa aportación recaudatoria) son progresivos, mientras que las cotizaciones sociales son regresivas, debido a la existencia de bases mínimas y máximas de cotización.
La aplicación del IRPF reduce la desigualdad en la distribución de la renta bruta de los hogares en un 7,54% en 2017, por debajo del 7,94% alcanzado en 2014, lo que permite que el conjunto de impuestos directos tenga también un efecto igualador del 7,47% en 2017 y que el impacto agregado de todos los impuestos reduzca la desigualdad.
Impuestos indirectos
No obstante, según Fedea, todos los impuestos indirectos se comportan de forma regresiva. Agregadamente, estos tributos aumentan la desigualdad de la renta de los hogares en un 4,32% en 2016 y un 3,99 en 2017.
Entre los impuestos indirectos, es el IVA el que más contribuye a ese efecto desigualador, lo que se explica, sobre todo, por su elevado volumen recaudatorio. Este impuesto elevó la desigualdad de la renta bruta de los hogares en un 3,25% en 2017, el porcentaje más reducido del periodo.
"A la vista de los resultados precedentes, y como ya sucedía en años anteriores, hay que convenir que la redistribución mediante impuestos no representa más que una parte muy pequeña del efecto redistributivo logrado por la intervención pública a través de flujos monetarios", sostiene Fedea.
En este sentido, explica que la mayor parte de la política redistributiva se lleva a cabo con prestaciones económicas. Así, agregando los dos instrumentos de la intervención pública, se constata que los impuestos y las prestaciones disminuyeron en un 30,5% la desigualdad de la renta de mercado de 2016 y en un 31,2% la de 2017.
Los mayores
Para el conjunto de prestaciones, el subsidio efectivo medio (el cociente entre las prestaciones económicas percibidas y la renta bruta) representa, para el total de hogares, el 26% de la renta bruta en 2016 y el 25,5% en 2017. Ambos porcentajes son inferiores a los de 2015 (26,8%), 2014 (27,2%) y 2013 (28%), reflejando la serie una pauta descendente.
El subsidio medio es decreciente con la renta bruta para el agregado y para cada una de las prestaciones. Concretamente, el sistema de prestaciones monetarias corrige la desigualdad de la renta primaria en un 28,57% en 2016 y un 28,74% en 2017, porcentajes inferiores al 28,93% alcanzado en 2015.
Aunque todas las prestaciones contribuyen a corregir la desigualdad, algo más del 80% del efecto redistributivo agregado se debe a las pensiones de jubilación y supervivencia.
Por tipos de hogares, aquellos en lo que al menos uno de sus miembros tiene más de 65 años, los dependientes de una pensión y aquellos cuyo sustentador principal es mayor de 85 años, son los mayores beneficiarios netos de la intervención pública a través del conjunto de impuestos y prestaciones monetarias, tanto en 2016 como en 2017.
En cambio, los mayores contribuyentes netos a la Hacienda Pública son los hogares formados por parejas con tres hijos o más (en 2016, superados por los integrados por una persona menor de 30 años), los que dependen de autónomos y aquellos cuyo sustentador principal tiene entre 40 y 50 años. En consecuencia, como en otros países, también en España opera una redistribución de los grupos de menor a mayor edad.
