Los mayores están peor preparados para una nueva crisis que para la anterior

Los mayores tienen cuatro grandes escudos para protegerse en cualquier crisis: las pensiones, el valor de la casa en propiedad, los ahorros en activos financieros muy líquidos y el gasto social que sale de las arcas públicas para salud y dependencia. Esos escudos son más frágiles ahora que en 2007 y, en consecuencia, su situación se ha vuelto más vulnerable. 

Juan Manuel Martínez, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (@CEOMA_ong), apunta que “las pensiones no se actualizaron con el IPC durante años” y que ese desfase aún lo sienten los bolsillos de los jubilados. 

Lo que quiere decir es que, durante los cinco ejercicios que van desde 2013 hasta 2017, la principal fuente de ingresos de la mayoría de los jubilados aumentó menos que los precios de los productos básicos. Aunque esto volvió a cambiar en 2018 y 2019, nadie sabe con seguridad qué ocurrirá durante los próximos años. Lo que sí parece claro es que nadie les va a devolver a los pensionistas el poder adquisitivo perdido y que, si el crecimiento económico da un frenazo, cae la recaudación de impuestos y sigue presionando Europa, lo más probable es que las pensiones vuelvan a la situación de 2017. Así es como a los recortes de la crisis anterior se sumarían los de la nueva.

En una recesión, la peor parte se la llevarían los jubilados más vulnerables, es decir, los que menos dinero perciben. Es verdad que el Gobierno elevó un 3% las pensiones mínimas en 2018, pero también lo es que las pensiones mínimas de jubilación de carácter contributivo rondan los 840 euros al mes, por ejemplo, para los beneficiarios con 65 o más años y con cónyuges a su cargo. ¿Con qué garantías se puede enfrentar una pareja a una crisis con esos ingresos si, como ocurrió en la anterior, se ve obligada ayudar a sus hijos?

 

El segundo escudo que protege a los mayores es la casa en propiedad, que muchos utilizan no solo como refugio emocional sino también financiero. Y lo hacen poniendo sus pisos como garantía de los créditos con los que complementarán la escasa liquidez de sus pensiones. Según un informe reciente de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el precio de la vivienda sigue un 21% por debajo de los niveles de 2007. Además, los economistas esperan que el ladrillo suba cada vez menos durante los próximos años. Fuera de las provincias de Madrid y Barcelona, probablemente bajará. 

Si sus casas valen menos o se mantienen por debajo de los niveles precrisis, la liquidez que les podrán ofrecer a cambio los bancos con sus créditos también será menor. Esto reducirá el margen de maniobra de los jubilados incluso si, como se espera, los precios inmobiliarios no se hunden ni mucho menos como en la Gran Recesión.  

Los mayores suelen utilizar también como escudo anticrisis el ahorro del que disponen, que adopta, por lo general, la forma de dinero en sus cuentas bancarias, de depósitos a plazo fijo, de letras del Tesoro o de otros productos similares. Normalmente, la rentabilidad y el valor de estos activos dependen de los tipos de interés que marca el Banco Central Europeo. Antes de la crisis, en 2007, los tipos superaban de media el 3,75%, mientras que en 2016, 2017, 2018 y 2019, se han instalado en el 0%. Por eso, muchos mayores sienten que ahorrar es otra forma de perder dinero. 

 

Por fin, el cuarto escudo que debería proteger a los mayores ante una fuerte recesión sería el gasto social que proviene de las arcas públicas. José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios  Sociales de España, subraya que el gasto social autonómico fue en 2018 un 3,4% inferior al de 2009, una caída que supone en total más de 4.000 millones de euros. Las principales partidas que afectan a los mayores serían las de sanidad y dependencia. 

Según la organización que lidera Ramírez, las comunidades autónomas gastaron en 2018 un 6% menos en sanidad que en 2009. Hablamos de unos 3.800 millones de euros. En cuanto a la dependencia, en diciembre de 2018, el valor acumulado de los recortes desde 2012 ascendía a 5.400 millones de euros y la reducción acumulada de las cuantías de las prestaciones por cuidados familiares desde 2012 escaló hasta los 1.600 millones de euros. En consecuencia, el año pasado, el 19% de las personas dependientes no recibió ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia y 30.000 personas -80 al día de media- murieron sin haber recibido atención aunque tenían derecho a ella. 

Por el momento, son muchos los economistas que predicen un enfriamiento más o menos fuerte de la economía española durante los próximos años. Aunque el impacto sea menor que el de la crisis anterior, que es lo más probable, hay factores que juegan en contra de los mayores: sus cuatro principales escudos son más vulnerables, el estado se encuentra mucho más endeudado (tiene menos margen de maniobra para estimular la economía y evitar nuevos recortes sociales) y en octubre de 2019 había un millón más de parados que en octubre de 2007.