El Gobierno aprobó a finales de julio una oferta pública de empleo (OPE) de 23.491 plazas, que junto con los Reales Decretos previos para las Fuerzas Armadas y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, elevan las plazas totales para 2021 hasta 30.445 puestos,la más amplia de la historia aprobada de forma ordinaria, según detalló la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 27 de julio.
Y, sin embargo, estas nuevas plazas de funcionarios no bastan para compensar la escasez actual de personal que acucia a todas las Administraciones Públicas, y son del todo insuficientes para afrontar la próxima (y masiva) jubilación de funcionarios de la generación del baby boom, a partir de 2025, según denuncian los sindicatos y corroboran los expertos.
PLAZAS EN LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO
Fuente: Ministerio de Hacienda
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) rechaza de modo rotundo esta oferta de empleo público porque "es insuficiente para hacer frente a los graves problemas estructurales en la Administración General del Estado (AGE). Función Pública ha presentado una oferta de 11.715 plazas de acceso libre y 8.982 de promoción interna. Estas cifras no son suficientes para reducir la pérdida de efectivos sufrida en los últimos años, que se sitúa en torno al 22%, ni para hacer frente a las jubilaciones que se van a producir", asegura el sindicato presidido por Miguel Borra. Según sus cálculos, "hasta 2030, se estima que el 56,3% de la plantilla se jubilará. En concreto, en los últimos diez años se han perdido aproximadamente 50.000 empleos, y en la oferta del 2021 se produce un incremento neto de 2.595 plazas, teniendo en cuenta que en 2020 se perdieron 9.120 efectivos. De seguir a este ritmo de recuperación, se necesitarían 20 años para alcanzar el empleo estructural perdido en la AGE", argumenta CSIF.
CCOO y UGT alertan: No se puede atender bien al ciudadano
La amenaza de colapso generalizado puede ser una realidad muy pronto, según advierten las centrales sindicales. Así, CCOO (@CCOO) explica que los nuevos puestos ofertados para 2021 se quedan muy cortos, "sobre todo para ámbitos especialmente colapsados por falta de plantilla, como son el SEPE, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, Extranjería y Protección Internacional, Instituciones Penitenciarias… Sitios que, en cinco años, pueden colapsar del todo dada la edad media de empleados públicos en la Administración General del Estado".
Fuente: CCOO (Elaboración propia a partir de datos del Boletín Estadístico del Registro Central de Personal)
CCOO, cuyo secretario general es Unai Sordo, exige recuperar los más de 46.000 puestos de trabajo perdidos en la AGE entre 2011 y 20221 y expone las graves consecuencias que ya está teniendo la falta de personal: "La plantilla de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social se ha reducido un 25% en los últimos diez años, constituyendo una de las causas que explica que, pese al inmenso esfuerzo y dedicación del personal público, se colapsen servicios como el SEPE o el Instituto Nacional de la Seguridad Social", como se ha comprobado por culpa de la pandemia.
Por su parte, UGT (@UGT_Comunica) también critica que la cifra total de plazas mantiene a la Administración General del Estado en una posición deficiente para atender a la ciudadanía. "En la última década se ha perdido más de 40.000 empleos, lo cual supone un total del 22% del total de recursos humanos de la AGE. En 2020, la oferta pública sufrió un recorte con respecto a la del año anterior. Este déficit se ha hecho aún más palpable durante la pandemia, que ha llevado al colapso a organismos esenciales como la Seguridad Social, la Agencia Tributaria o el SEPE", detalla el sindicato, cuyo secretario general es Pepe Álvarez.
Un estudio comparativo de UGT Servicios Públicos constata que la situación es realmente alarmante, debido a que "en un periodo de diez años se va jubilar casi el 50% de los efectivos actuales de la AGE, siendo más acentuada en los niveles inferiores (54% en C1 y 57% en C2) que en los superiores (40% A2 y 30% A1). Los ministerios más afectados por estas jubilaciones son Defensa, Trabajo y Seguridad Social, Hacienda, Sanidad y Servicios Sociales".
Todos sufrirán: Estado, CCAA, ayuntamientos
Otro sindicato que tacha de insuficiente la convocatoria de empleo público es Gestha (técnicos del Ministerio de Hacienda). "Entre 2021 y 2023, año electoral, se jubilarán 2.017 personas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), situación que se agudizará en las dos siguientes legislaturas, en las que se jubilarán otros 5.797 y 5.726 empleados, respectivamente”, de forma que “en 2031 se habrá jubilado el 54,2% de la plantilla actual de la AEAT”, sostienen.
EMPLEO EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y LA AEAT
Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) a partir de las OEP aprobadas
"Pero esto no es un problema exclusivo de Hacienda. Se ha visto claramente en el SEPE, con las bajas por jubilación durante la pandemia. Nuestros datos se pueden extrapolar a toda la Administración: Estado, CCAA, ayuntamientos… Un gran porcentaje de los funcionarios autonómicos que se incorporaron cuando se crearon las autonomías están ya en esa edad", explica José María Mollinedo, secretario general de Gestha.
Un colapso de las Administraciones por falta de personal tendría consecuencias en todos los niveles. Según José Antonio Herce, economista experto en pensiones, socio fundador de LORIS, el verdadero peligro sería "el choque negativo a la productividad, porque la falta de funcionarios puede llegar a paralizar todo aquel negocio del sector privado que dependa de permisos y licencias administrativas. Eso puede ser un caos. Eso, por no hablar de la educación, que lleva años sufriendo escasez de efectivos, o de la sanidad, cuyos apuros se han visto claramente con la crisis del coronavirus".
La digitalización, ¿una solución?
El economista Javier Santacruz está convencido de que la jubilación masiva de funcionarios baby boomers "obligará a una búsqueda intensa de nuevos empleados públicos, y también a hacer un mayor esfuerzo por digitalizar la Administración pública, ya que muchas plazas de jubilados se amortizarán con una mayor informatización de procesos. Antes de que se empiece a jubilar el baby boom hay que buscar su reemplazo, que es lo que trata de hacer el Gobierno con la recién aprobada oferta de 350.000 nuevas plazas. La Universidad pública también sufrirá con las jubilaciones del baby boom, donde los profesores de carrera tienen una media de edad por encima de los 50 años".
Según un estudio comparativo de UGT Servicios Públicos,es imprescindible evaluar las necesidades de plantilla, sabiendo que, progresivamente, muchas gestiones se llevan a cabo telemáticamente por parte de los usuarios. Esto comportaría, según criterio de Función Pública, que sería necesario un porcentaje menor de funcionarios y funcionarias del C2, auxiliares administrativos, y un mayor número de técnicos de los subgrupos A1 y A2, dado que se reduciría la burocracia administrativa y se exigiría mayor actividad en puestos de responsabilidad para evacuar informes. Desde UGT consideramos que algunos puestos se sustituirán como consecuencia de la automatización, de la Inteligencia Artificial, o de los procesos de gestión masiva de datos, pero la mayoría se complementarán".
Sobre el autor:
Pepa Montero
Pepa Montero es redactora especializada en temas de economía. Ha trabajado en medios como El Economista y La Gaceta de los Negocios. Es autora del libro de relatos La casa de las palmeras (Azul como la Naranja, 2013).