Las pensiones no contributivas también entran en la revalorización más alta de la historia

Los pensionistas niegan ser "privilegiados" por la subida del 8,5% de sus pagas y exigen el IPC real

Pagar las pensiones de jubilación costará 120.054 millones y las de viudedad 28.394 millones en 2023

Pensiones, paro e intereses de la deuda 'se comen' más de 5 de cada 10 euros de gasto de los PGE

Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 destinan la mayor partida de gasto social de la historia, "para garantizar las pensiones de nuestros mayores y oportunidades para nuestros jóvenes", además de reforzar el Estado de bienestar, ya que "6 de cada 10 euros de los PGE se dedican a gasto social", con un total de 266.719 millones. Y dentro de ella, el capítulo de pensiones es el de mayor envergadura, con una cifra total de 190.687 millones, para poder afrontar el fuerte incremento del gasto a partir del 1 de enero de 2023, debido sobre todo a la revalorización de las pagas de los más de 10 millones de pensionistas. 

Tal como detalla la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y recoge el Libro Amarillo de los PGE 2023, tanto las pensiones contributivas como las no contributivas, así como las de Clases Pasivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) verán incrementada su cuantía en torno al 8,5%, que es el porcentaje que el Gobierno prevé que alcance el IPC medio anual (medido entre noviembre de 2022 y diciembre de 2021). Es decir, el Ejecutivo ratifica por enésima vez que cumplirá la Ley de reforma de las pensiones y afrontará el gasto de la revalorización más alta de la historia.

El proyecto de Ley de Presupuestos, presentado por Montero en el Congreso de los Diputados, deberá ser negociado con los socios de gobierno para poder sacarlo adelante, pero de antemano, los fondos destinados a pensiones aumentan 19.548 millones en 2023 (hasta los citados 190.687 millones).

Una suma que incluye "la mayor dotación para las pensiones de clases pasivas (2.500 millones más respecto a 2022), así como los créditos para pensiones no contributivas y pensiones asistenciales", según consigna textualmente el proyecto de Ley.

Las pensiones no contributivas son las que se conceden a las personas que, sin haber cumplido los requisitos de cotización necesarios, se encuentran en una situación de necesidad protegible y carecen de recursos suficientes para su subsistencia. Existen dos clases: de jubilación y de invalidez, y en ambas es preciso cumplir ciertos requisitos económicos (tope de ingresos mensuales) y de residencia (entre cinco y diez años viviendo en España), de edad o de discapacidad.

En España existen casi 447.000 pensiones no contributivas, cuya cuantía media ronda los 497 euros. Quienes reciben una paga no contributiva de jubilación cobran de media 478 euros al mes, en tanto que los perceptores de una pensión no contributiva de invalidez reciben 525 euros de media, según las estadísticas del IMSERSO.

Contando con que en 2023 se les aplique una subida del 8,5%, la cuantía básica de la pensión no contributiva de jubilación se situaría en 518,7 euros mensuales, es decir, un incremento de 40,6 euros sobre el importe que tienen en la actualidad. Y la no contributiva de invalidez alcanzaría los 570,26 euros tras un alza mensual de 44,6 euros.

Subida garantizada, sin 'guerra' intergeneracional

Además de garantizar la revalorización en función del IPC, como marca la Ley, la ministra Montero ha criticado que se pueda "intentar enfrentar" a jóvenes o mayores a la hora de cuestionar el gasto en pensiones. "Mala política se hace al intentar enfrentar las generaciones", ha sentenciado, antes de poner en relieve que la subida de las pensiones para cubrir el poder adquisitivo garantiza "la dignidad de los mayores, que es la de este país".

La ministra salía así al paso de algunas críticas, entre ellas las del PP, del que ha dicho: "Nadie se entera qué propone el principal partido de la oposición". "¿Está de acuerdo o no con la revalorización de pensiones? Yo no me entero, y mira que les sigo".

En los últimos días, también Ciudadanos ha criticado el aumento del 8,5% de las pensiones, aludiendo a un supuesto conflicto o agravio generacional. En concreto, su presidenta, Inés Arrimadas, ha calificado como "kamikaze" que todas las pensiones vayan a subir conforme a la inflación, y ha planteado que estas se revaloricen según suba el sueldo de las personas jóvenes. "Las pensiones tienen que revalorizarse, pero vinculadas a lo que se revaloricen los sueldos de la gente más joven, que son los que tienen que mantener las pensiones", aseguró en una rueda de prensa en el Congreso.

La base máxima de cotización sube un 8,6%

Según consta en el Presupuesto para 2023, las bases máximas de cotización subirán un 8,6% en 2023, lo que supondrá, por ejemplo, que la base máxima de cotización del Régimen General, el más numeroso del sistema de la Seguridad Social, pase de 4.139,4 euros al mes a 4.495,4 euros.

La ministra Montero ha explicado este jueves que las bases máximas aumentarán el año próximo "en el mismo rango" que la revalorización de las pensiones, esto es, en torno al 8,5%. Finalmente, los documentos presupuestarios presentados por la ministra cifran el porcentaje en el 8,6%.

Esta elevación de las bases máximas de cotización, que irá asociada a un destope de la pensión máxima, es una de las medidas contempladas en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas y forma parte de lo que se ha venido en llamar la segunda pata de la reforma de pensiones, actualmente en discusión con los agentes sociales.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, defendió hace unas semanas que la pensión máxima en España es "relativamente baja" en comparación con la de otros países, por lo que si ésta se eleva "de forma suave" al tiempo que se incrementa la base máxima, aumentarán los ingresos del sistema en las décadas de los 30 y los 40, que es donde el sistema sufrirá "un poco más de tensión" por la demografía. "Lo que hay que hacer es elevar progresivamente esa pensión máxima y al mismo tiempo, de forma análoga, aumentar la cotización en la base máxima", avanzó.

Dinero para la 'hucha' de las pensiones tras 13 años

El Fondo de Reserva, la denominada hucha de las pensiones, recibirá en 2023 una partida de 2.957 millones de euros, con fondos procedentes del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Este instrumento, que sustituyó al factor de sostenibiliad, establece una sobrecotización del 0,6% durante un periodo de diez años para engordar la hucha de las pensiones ante las tensiones de gasto que afrontará la Seguridad Social con la jubilación de los baby boomers. Incluida en los PGE, será la primera inyección de dinero que entre al Fondo en 13 años.

La hucha se ha ido vaciando desde 2012 para afrontar las pagas extras de los pensionistas, que se cobran en junio y en noviembre. Se diseñó en el año 2000, y su finalidad era la de acumular los excedentes de ingresos para garantizar la sostenibilidad del sistema. Hasta 2011, las aportaciones llegaron a sumar un máximo de 66.815 millones, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. El socialista nunca sacó dinero del Fondo de Reserva: recibió 12.000 millones de euros de su predecesor, José María Aznar, y los elevó hasta los casi 67.000 millones citados.

La crisis financiera mundial y la situación de déficit de la Seguridad Social, fueron las razones aducidas por los dos gobiernos de Mariano Rajoy para detraer del Fondo un total de 77.437 millones de euros entre los ejercicios 2012 a 2018. La última vez que se recurrió a la hucha de las pensiones fue a finales de 2019, siendo ministra Magdalena Valerio, la actual presidenta del Pacto de Toledo, que dispuso de 2.900 millones.

Las cuentas de la Seguridad Social en 2023

La Seguridad Social contará con un presupuesto de 204.208 millones en 2023, incluyendo sus operaciones de carácter financiero, cifra un 12,8% superior a la del ejercicio precedente. Este fuerte crecimiento obedece a la revalorización de las pensiones contributivas y no contributivas, la subida del IMV y las dotaciones de los distintos subsidios económicos que abona el sistema (incapacidad temporal, nacimiento y cuidado del menor, etc.).

Según previsiones del Gobierno, la Seguridad Social ingresará 192.102 millones de euros (10,6% más que en 2022), de los que 152.075 millones procederán de las cotizaciones sociales, con un crecimiento sobre el ejercicio anterior del 11,5%, lo que le permitirá financiar el 74,5% del Presupuesto total del organismo. Los gastos ascenderán a 199.301 millones de euros, un 10,8% más que en 2022.

La diferencia entre ingresos y gastos arrojan un déficit de 7.199 millones de euros.

Aparte de los ingresos por cotizaciones que genera, que son los que básicamente sustentan el pago de las pensiones contributivas, la Seguridad Social recibirá en 2023 aportaciones del Estado por 38.904 millones, un 7,2% más que en 2022, para poder pagar la revalorización, el aumento del número de pensionistas y el mayor importe de las nuevas altas, que ingresan en el sistema cobrando de media un 20% más que las bajas.

20.000 millones transferidos por 'gastos impropios'...

Del total de casi 39.000 millones en transferencias destacan, por su cuantía, las transferencias del Estado en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo, por importe de 19.888 millones de euros, que supone 1.492 millones de euros más que en el Presupuesto 2022, con el objeto de garantizar la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo.

También destaca, por su cuantía, la transferencia destinada a la cobertura de los complementos para pensiones mínimas, con una dotación de 7.261 millones de euros, incrementándose en 211 millones de euros con respecto a la dotación de 2022.

La aportación del Estado para financiar las pensiones no contributivas de la Seguridad Social cuenta con un crédito de 3.003 millones de euros (incluido País Vasco y Navarra). Este crédito permitirá atender el coste derivado de la variación del colectivo y del incremento de estas pensiones en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre de 2022.

Para las prestaciones no contributivas de protección a la familia se dedican 1.339 millones de euros, por debajo de lo presupuestado en 2022, ya que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha asumido el coste de las familias con hijos menores de 18 años sin discapacidad y a cargo de los beneficiarios.

... y 10.004 millones en préstamos del Estado

Pero las cotizaciones y las transferencias no bastan para hacer frente a la magnitud de gastos en 2023, por lo cual, para equilibrar presupuestariamente las cuentas de la Seguridad Social, el Estado le prestará 10.004 millones, un 43,3% más que los 6.982 millones de euros del crédito presupuestado en 2022.

"Son 10.004 millones para la tranquilidad y la certeza del sistema. Nos ocupamos del presente y del futuro", ha subrayado la ministra de Hacienda. Asimismo, procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), se incluyen 16 millones de euros en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 176 millones de euros en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y 2 millones en el Imserso para la financiación de proyectos.