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Termina una semana clave para el futuro de las pensiones en España en la que hemos conocido las líneas maestras de la inminente reforma del sistema, enquistada desde hace años y ahora más urgente que nunca por la crisis económica que ha provocado la pandemia del coronavirus. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá (@joseluisescriva), comparecía este miércoles a petición propia ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados para informar sobre la renovación de las recomendaciones sobre las pensiones.
Un día antes eran los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme los que acudían a la Cámara Baja para dar cuenta de sus reivindicaciones de cara a la reforma del sistema público de pensiones. Se sumaban así a las comparecencias de la semana pasada del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y de la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero.
Todas estas reuniones –que se han celebrado a puerta cerrada a excepción de la que ha tenido como protagonista al ministro– cierran una fase que hasta el mes de julio llevó a los grupos a repasar junto con el director general de la Ordenación de la Seguridad Social, Borja Suárez, el borrador de las recomendaciones preacordado antes de la disolución anticipada de las Cortes Generales en la última legislatura efectiva.
¿Y ahora qué?
Lograr un acuerdo en el Pacto de Toledo es un problema enquistado y heredado de la época pre-coronavirus. Magdalena Valerio (@mvalerio_gu), exministra de Trabajo y actual presidenta del Pacto de Toledo, aseguró a finales de julio que la comisión tenía bastante avanzadas sus recomendaciones y esperaba poder aprobarlas en septiembre. La idea es que antes de que concluya 2020 haya por fin una nueva legislación sobre las pensiones, cuya última reforma fue la aprobada por el PP en 2013.
A partir de ahora, los grupos parlamentarios se enfrentan a la tarea de entrar en detalle de las recomendaciones del borrador e incluso fijar ya posicionamientos pues, tal y como comentan fuentes de la Comisión, el PSOE ya ha planteado al inicio de las reuniones de este mes 'mojarse' para no demorar la renovación del Pacto y no parar el ritmo de reuniones durante las próximas semanas.
Un brío que, por otro lado, formaciones como PP y Vox enfrían, habiendo solicitado un resumen ejecutivo de las recomendaciones, ante la compleja redacción de algunas de ellas para alcanzar consensos; el grado de ejecución de las recomendaciones anteriores, y también un mayor detalle de las partidas que deben traspasarse de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado.
Un acuerdo que pivota en 10 puntos
A tenor de lo que ha trascendido de las comparecencias de Banco de España, AIReF y agentes sociales, así como de la intervención del ministro Escrivá, estos son los puntos sobre los que girará el acuerdo de los partidos en el marco del Pacto de Toledo:
1. Revalorización de las pensiones
En un principio existe consenso entre todos los partidos para aprobar la revalorización de las pensiones en función del IPC real. El quid del asunto es cómo hacerla compatible con los imprescindibles ajustes para embridar el déficit de la Seguridad Social y reforzar su sostenibilidad a largo plazo. El Gobierno se ha comprometido a garantizar el poder adquisitivo de las pensiones a partir del 2021 y plantea revalorizar las mismas mediante un "marco estable".
2. Subida de las pensiones mínimas
Incremento hasta un umbral mínimo, pero de forma equilibrada, para no desincentivar la cotización. En su comparecencia, Escrivá se ha mostrado "de acuerdo" con el objetivo de aumentar las pensiones mínimas, al ser "deseable" que haya "cierta progresividad", como se justifica por distintos estudios.
3. Subida de las pensiones de viudedad
Subir las prestaciones de viudedad que reciben los mayores de 65 años para quienes son su principal fuente de ingresos; pero fijar una prueba de rentas que evalúe la situación financiera de la unidad familiar para los otros casos. Valorar que las mejoras en la base reguladora se financien mediante transferencias del Estado.
4. Cómputo de la vida laboral
Con la ley actual, a partir de 2022 se contarán las bases de cotización de los últimos 25 años para calcular la base reguladora de la pensión de jubilación. Este año se aplica una transitoria de 23 años y en 2021 se tendrán en cuenta 24 años. En la propuesta de la Autoridad Fiscal también se mencionaba ampliar el periodo que se toma para hacer el cálculo de la prestación. El Ministerio está analizando la posibilidad de compensar las revalorizaciones a periodos como cinco años para así recoger el impacto de los años de IPC negativo.
5. Incentivos para jubilarse más tarde
El objetivo es acercar la edad real de jubilación real (no llega a los 63 años) a la edad legal (en 2020 la edad ordinaria son 65 años y 10 meses para quienes tengan menos de 37 años cotizados). En su análisis, Escrivá ha constatado un aumento de las jubilaciones anticipadas, hasta el 16% del total en 2019, y una tendencia creciente entre los autónomos a cotizar lo mínimo ante sus "dudas" sobre la viabilidad".
En una comparativa internacional, ha apuntado que la edad efectiva de jubilación en España es de 64,6 años y la legal de 65,8 años, en línea con los países del entorno, mientras que el nivel de cotizaciones es de una media del 35,4%, en la media.
El gasto en pensiones en España es del 10,9%, frente a la media del 12,4% del resto de países, por lo que el punto de partida no presenta "problemas de sostenibilidad". En todo caso, ha instado a incentivar la demora en la jubilación, incrementando los incentivos económicos por retrasar la jubilación y reforzar fórmulas de compatibilidad con el trabajo que permitan la prolongación de las carreras profesionales.
Según Escrivá, la jubilación demorada puede resultar atractiva a todas las partes, porque genera una pensión mayor, es un ahorro para el sistema y es un ahorro para el empresario por la reducción de cotizaciones. La bonificación por la demora en la edad de jubilación actualmente es del 3,2%.
6. Límites a la jubilación anticipada
Por el contrario, el ministro pretende reducir el número de jubilaciones anticipadas y para ello también ha adelantado una revisión del sistema que se puso en marcha en 2011 para penalizarlas. También estaba destinado a reducirlas pero Escrivá ha constatado que lo que ha hecho es todo lo contrario, incentivarlas.
En la actualidad, los trabajadores con una base baja, la reducción de su pensión es del 8% por adelantar la jubilación y para la base máxima la penalización es del 2%. "Algo que se diseñó para desincentivar con el 8%, en un porcentaje muy alto se da en pensiones muy inferiores, con con lo que "no estamos desincentivando la jubilación anticipada". "Creemos que hay que corregir [el sistema] porque no está bien diseñado", ha dicho.
7. Traspaso de gastos para reducir el déficit de la Seguridad Social
Si no se implementan medidas, y teniendo en cuenta una revalorización de pensiones conforme al IPC real, el déficit de la Seguridad Social se mantendrá en el 1,4% en el año 2023, por lo que Escrivá aboga por eliminar los gastos impropios que tienen "efectos devastadores" sobre la solvencia de las pensiones. En este sentido, ha apuntado que la previsión de déficit del 1,4% del PIB (20.185 millones) de la Seguridad Social en 2023, año para el que estima que los gastos impropios serían del 1,6% del PIB (22.871 millones), por la financiación de gastos impropios, permitiría eliminar el déficit previsto.
Entre las partidas, ha citado la parte de políticas no contributivas que se están financiando con cuotas (11.305 millones), las reducciones en la cotización, como las tarifas planes (1.818 millones), la prestación por nacimiento y cuidado de hijos (2.953 millones), el complemento de maternidad (1.082 millones), las subvenciones implícitas a regímenes especiales (1.014 millones), el coste de completar las lagunas para el cálculo de la pensión (788 millones) y los gastos de funcionamiento (3.911 millones).
Esta vía de saneamiento fue uno de los puntos abordados en las reuniones con el Banco de España y la AIReF, si bien desde la Comisión aclaran que estas instituciones no buscaron orientar posicionamientos políticos. Según estas fuentes, los organismos plantearon diferentes escenarios y alertaron de la necesidad de adoptar medidas adicionales, sin olvidar tampoco el déficit estructural del Estado, que además se vería ahondado por este aumento de los gastos, cuestión en la que incidió en su encuentro con los diputados el gobernador del Banco de España.
Así, Pablo Hernández de Cos advirtió a los integrantes de la Comisión del Pacto de Toledo que pasar el déficit de las pensiones al Presupuesto del Estado no es de por sí un arreglo sostenible, máxime después del aumento de deuda pública que va a suponer el impacto de la pandemia. También pidió que se tuviese en cuenta la equidad intergeneracional de cualquier decisión que se tomase, ya que al tratarse de un sistema de reparto los actuales trabajadores sufragan las prestaciones de los jubilados.
Por su parte, según fuentes de la Comisión, la nueva presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, respaldó el informe de su predecesor (y hoy ministro titular de la Seguridad Social) que abogaba por este traspaso para reordenar gastos y ajustar la estructura de la Seguridad Social al pago de las pensiones. Parte de la propuesta de Escrivá consistía en trasladar poco a poco el déficit de las pensiones de 2019 al Presupuesto del Estado: unos 20.000 millones de euros.
Mientras, los sindicatos recuerdan que "el Estado ha aprovechado el superávit para pagar gastos propios, pero no ha aportado transferencias para compensar el déficit", por lo que reclama "que la Seguridad Social no pague los gastos que no le corresponden, unido a la necesidad de destopar las cotizaciones máximas y de acabar con las bonificaciones a la contratación, lo que permitirían aunar 17.000 millones de euros que reducirían la inmensa mayoría del déficit que presenta el sistema".
8. Las prejubilaciones con más de 40 años cotizados
El Pacto de Toledo estudia levantar las restricciones a las jubilaciones anticipadas en los casos en los que el pensionista tenga cotizados 40 años o más. Se trata de una reivindicación de la Asociación de Jubilados con más de 40 años cotizados (Asjubi40), consistente en eliminar los coeficientes reductores que se aplican a las jubilaciones anticipadas en los casos en que concurren cotizaciones de 40 o más años.
El problema es que se aplicó un coeficiente reductor máximo del 2% por trimestre, en los casos en los que se acreditaba un período de cotización inferior a 38 años y 6 meses. El siguiente escalón se situó en el 1,875% por trimestre con un período de cotización igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses; otro del 1,75% por trimestre con una cotización igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses; y un mínimo del 1,625% con 44 años y 6 meses o más cotizados. Es decir, que el diferencial de estos pensionistas con respecto a otros que no se jubilaron anticipadamente iría del 1,6% al 2% por trimestre, dependiendo del tiempo cotizado, lo que significa una pérdida de entre un 6,5% y un 8% al año, respectivamente.
9. Estrategia por tramos para los autónomos
Escrivá, ha avanzado que su departamento y la Agencia Tributaria llevan meses trabajando para dar una respuesta "relativamente inmediata" en el desarrollo de una estrategia por tramos para lograr de forma "gradual" la cotización por ingresos reales de los autónomos con un modelo "sostenible" en el tiempo. Escrivá ha explicado que su departamento ha trabajado durante los últimos meses con la AEAT y han concluido que es "posible" transitar hacia la cotización de los autónomos por sus ingresos reales "de forma gradual y con un modelo sostenible en el tiempo".
En este sentido, ha subrayado que conviene que el modelo sea "fijo y permanente en el tiempo", si bien ha matizado que hay "fórmulas" para hacerlo sin que se produzcan distorsiones significativas ni a los autónomos ni a la gestión administrativa de las cotizaciones. A este respecto, ha adelantado la implementación de una estrategia por tramos que conllevará que un porcentaje elevado de autónomos vea reducidas sus cotizaciones, mientras que otros tendrían que subirla, y ello de forma "muy gradual y acompasada".
10. Planes de pensiones colectivos
Escrivá también ha explicado que su departamento estudia la implementación de una política de incentivos para los planes de pensiones colectivos en las empresas. Lo que técnicamente se conocen como planes de empleo. Estos consisten en aportaciones pactadas, habitualmente en la negociación colectiva, de las empresas a planes privados o públicos de jubilación de sus trabajadores en plantilla. Algo bastante extendido en el País Vasco, según ha explicado Escrivá, donde el 55% de los trabajadores participan de algún programa de este tipo; frente al 31% de la media española. Escrivá ha defendido la mayor rentabilidad que obtienen actualmente este tipo de planes y ha cargado duramente contra los actuales retornos de los planes de pensiones privados. Pues si los primeros han registrado una rentabilidad media del 4% en los últimos 10 años, en los otros esta ha sido del 2,8%.
El ministro se ha comprometido a revisar el sistema actual de previsión complementaria, en línea con la recomendación 16 del borrador de recomendaciones y con el encargo que ha realizado la AIReF al Gobierno. En este sentido, Escrivá ha subrayado que “sin cuestionar la centralidad del sistema público de pensiones, es necesario impulsar los planes de empleo, trasladando hacia ellos la fiscalidad favorable que ahora mismo tienen los planes individuales”. Según ha señalado, “a través de la negociación colectiva y de la creación de un fondo de pensiones abierto en la administración, se podría extender la población cubierta y reducir los costes de gestión”.
De esta manera, considera que el sistema actual es "muy regresivo, muy caro, y no cumple con su objetivo que es incentivar el ahorro", ha afirmado el ministros. En su opinión, la rentabilidad de aproximadamente el 1% no supone un complemento real a las pensiones medias y bajas, sino que solo beneficia a las rentas más altas que suponen cerca del 70% de los usuarios de los planes de pensiones. "Pero no solo los planes individuales tienen un coste de comisiones alto sino que en ocasiones son más altos que muchos fondos de inversión" y ha recordado que según sus datos, los menores de 40 años apenas llegan al 12% del total de usuarios de este producto.
