Casi el 40% de los pensionistas valencianos están por debajo del umbral de pobreza

La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, en colaboración con la Fundación 1º de Mayo, presentaban este martes 11 de abril en Valencia los resultados del Observatorio Social Personas Mayores 2022, con el que se pretende "realizar una panorámica de las condiciones de vida de las personas mayores, su estado de salud, sus recursos económicos y de protección social, así como los riesgos específicos a los que se enfrentan en el proceso de envejecimiento", según han indicado en un comunicado. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España es uno de los países europeos más envejecidos y, en concreto, en la Comunidad Valenciana, la esperanza de vida se sitúa en los 86 años en los hombres y en los 90 años en las mujeres. "Es significativo que aunque las mujeres viven más años lo hacen en peores condiciones, por lo que las medidas específicas para el colectivo de mayores deben tener en cuenta la perspectiva de género", explican. 

Destacan además que el 38,9% de las personas pensionistas en la Comunidad Valenciana se encuentran por debajo del umbral de pobreza (681 euros al mes), de las cuales un 17,1% está bajo el umbral de pobreza severa (458 euros al mes) y cerca del 70% son mujeres, según el informe de 2021 de la Red Europea de lucha contra la pobreza (EAPN). Por géneros, el 53,1% de las mujeres pensionistas se encuentra por debajo del umbral de pobreza frente al 23,2% de los hombres, lo cual evidencia "la feminización de la pobreza". 

La secretaria de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO PV, Ana Belén Montero, y los secretarios de las federaciones de Jubilados y Pensionistas de CCOO, Juan Sepúlveda, y de CCOO PV, Evaristo Soto

En este sentido, CCOO ha destacado durante el acto el acuerdo al que se llegó entre los sindicatos más representativos y el gobierno central en lo referido a las pensiones, que incorpora medidas adiciones que mejoran la protección y reducen algunas de las consecuencias indeseadas de las brechas salariales, que a su vez derivan en brechas de pensiones. 

La secretaria de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO PV, Ana Belén Montero, señalaba que "para hacer frente a esta realidad es necesaria la implementación de políticas públicas que cubran las carencias existentes en la actualidad y las necesidades mayores que se van a generar en los próximos años".

Del mismo modo, destacaba la necesidad de introducir en la comunidad los cambios aprobados en el modelo de cuidados, sobre todo aquellos relacionados con la atención residencial. "Los datos disponibles evidencian un déficit superior a 16.366 plazas para alcanzar el 4,3% de España y de 23.485 para llegar a la ratio del 5% de la OMS. De los 324 centros residenciales existentes en el País Valenciano 254 son privados y 70 públicos", explicaba. 

CCOO ha valorado de forma positiva la reducción de las listas de espera en los servicios sociales y de atención a la dependencia en este Observatorio, sin embargo, ha instado a dar solución al "abuso de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, que se sitúa muy por encima de la prestación de servicios (el doble que a nivel estatal)", al igual que ocurre con la ayuda domiciliaria, que se encuentra por debajo de la media estatal. 

Por su parte, el secretario general de Pensionistas CCOO PV, Evaristo Soto, destacó la brecha energética que impide a más del 9% de las personas mayores mantener sus viviendas a temperaturas adecuadas, mientras que un 4,4% habría tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal y más de un 30% no pudieron hacer frente a un gasto imprevisto, según el Observatorio. 

Se trata de una situación "que está condenando a miles de personas mayores a la exclusión social, a una afectación negativa en su salud y por tanto a un perjuicio en su calidad de vida", ha denunciado el secretario.

Juan Sepúlveda, secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO, insistió a su vez en la necesidad de acabar con la brecha digital, mejorar la ratio de plazas residenciales públicas y priorizar la mejora de la Atención Primaria, al tiempo que reclamaba una "mejora efectiva de la coordinación sociosanitaria para cualificar la atención a las personas mayores, con el correspondiente aumento de los recursos existentes y la creación de otros nuevos como la geriatría o la psicología". 

Finalizaba instando al fomento tanto de la participación comunitaria como la participación en salud a través de los Consejos de Salud de Zona Básica. Esto permitiría mejorar la salud de la ciudadanía en general y, en especial, la atención a las personas mayores.