La Abogacía de Madrid presenta una propuesta para garantizar una pensión digna a los mutualistas

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) blindará las prestaciones de jubilación dignas con una propuesta normativa "histórica" que transformará el futuro de más de 54.000 abogados mutualistas alternativos en España y en la que se hace un llamamiento al diálogo institucional.

En una rueda de prensa, el decano de la abogacía madrileña, Eugenio Ribón, ha presentado esta propuesta elaborada por la catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social María Emilia Casas y que ofrece una solución jurídica sólida que permitirá a los abogados mutualistas acceder al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y así garantizar una jubilación digna y justa.

Ribón ha destacado la importancia de este momento para la abogacía española y ha subrayado que este plan que se presentará a la Seguridad Social "tiene un objetivo claro y ambicioso" como es ofrecer una pasarela voluntaria al RETA que transforme la realidad de muchos de nuestros compañeros mutualistas.

"Se trata de una solución jurídica a un problema muy complejo y que responde a una necesidad urgente y, además, proporciona herramientas útiles para las negociaciones con los órganos legislativos y ejecutivos", ha señalado.

El informe se pondrá a disposición de los colegiados madrileños y se trasladará al resto de colegios de abogados de España. Desde el ICAM hacen además una llamada al Gobierno y a los grupos parlamentarios, ya que considera que "es tiempo de actuar y tiempo de legislar".

El problema: un conflicto complejo y multifacético

La situación actual, según el informe, presenta un conflicto multifacético que afecta a más del 26% de los mutualistas. Estos abogados cotizan a un sistema de capitalización individual que no garantiza pensiones suficientes, lo que genera desigualdades en las prestaciones en comparación con las ofrecidas por el RETA.

Además, según el ICAM, no existe un marco legal que permita la transferencia de cotizaciones entre la Mutualidad y el RETA, lo que limita las opciones de los mutualistas para mejorar sus pensiones.

"Nos encontramos ante una coexistencia de diversas situaciones jurídicas y económicas. Muchos mutualistas reciben pensiones inferiores a los 500 euros mensuales, lo que es incompatible con una jubilación digna, vulnerando el artículo 50 de la Constitución Española, que asegura una cobertura económica suficiente", ha explicado el decano.

Otro reto identificado es la falta de información, lo que ha generado incertidumbre en la planificación de la jubilación para muchos mutualistas. El informe de la catedrática Casas logra dar solución a este complicado escenario en el que además se busca que la propuesta "que se articule asegure la sostenibilidad de la Seguridad Social y al mismo tiempo salvaguardar el equilibrio financiero y la solvencia de la Mutualidad de la Abogacía y los derechos de los mutualistas", según ha destacado el decano.

Propuesta del ICAM: pasarela voluntaria al RETA

Para dar respuesta a todo ello, el ICAM propone una solución clara y estructurada que incluye varios puntos clave como una pasarela voluntaria al RETA. La propuesta establece una pasarela voluntaria al RETA con una duración de seis meses, para que los mutualistas alternativos puedan tomar una decisión informada sobre su futuro. No se impondrán limitaciones cronológicas ni criterios económicos para acceder a esta opción.

También plantea una transferencia de cotizaciones, ya que el capital cotizado a la Mutualidad será transferido íntegramente a la Tesorería General de la Seguridad Social, asegurando transparencia y seguridad jurídica.

Y ofrecerá una conversión de cotizaciones. Se plantean dos opciones de conversión: una conversión cuantitativa del capital cotizado o una conversión conceptual, en la que los años cotizados a la Mutualidad se reconozcan como años cotizados en el RETA.

"Desde esta institución, defendemos que todos los compañeros que deseen traspasarse al RETA deben contar con una conversión que les reconozca los mismos años cotizados en la Mutualidad. Esto es fundamental, dado que muchos mutualistas alternativos han carecido de la cobertura de salud proporcionada por el sistema público durante gran parte de su carrera profesional", ha detallado Ribón.

Asimismo, se crearán tres grupos de mutualistas, con condiciones específicas para cada uno en función de su edad y los años cotizados. Para aquellos mayores de 49 años que no han cumplido el mínimo de 15 años de cotización, se contemplan condiciones más flexibles para alcanzar ese período.

Además, para facilitar la transición al RETA se propone un sistema de ayudas que permita a los mutualistas adaptarse progresivamente, incluyendo la posibilidad de mantener la base mínima de cotización y aplicar tarifas reducidas para aquellos en situaciones económicas más desfavorables.

El informe también aboga por consolidar el programa "Ayudas 65+", transformándolo en un derecho subjetivo pleno para garantizar un complemento económico estable para aquellos mutualistas ya jubilados que perciben pensiones insuficientes.

Exenciones fiscales y compatibilidad laboral

Otra medida destacada en la propuesta es la consideración de exenciones fiscales temporales para mutualistas que decidan capitalizar sus prestaciones privadas de jubilación, especialmente en casos donde la longevidad pueda generar necesidades económicas adicionales.

Además, se aboga por la flexibilización de las normas de compatibilidad entre el trabajo autónomo y la pensión de jubilación, permitiendo a los mutualistas continuar trabajando y cotizando sin perder los beneficios acumulados.

Llamamiento al diálogo institucional

La propuesta del ICAM resalta la importancia de un diálogo institucional continuo entre la Seguridad Social, la Mutualidad y la abogacía para proporcionar a los mutualistas la información necesaria para tomar decisiones fundamentadas. "Este es un proceso complejo, y solo mediante una colaboración fluida entre las instituciones podremos asegurar que se brinde el apoyo adecuado a los mutualistas", afirmó Ribón.

El decano del ICAM ha destacado el consenso político sobre esta problemática repasando las distintas iniciativas presentadas por todos los partidos prácticamente sin excepción. Y ha subrayado que existe un consenso político sobre la necesidad de brindar una protección suficiente ante situaciones de necesidad para los mutualistas alternativos.

"Este consenso, ahora, debe plasmarse en acciones concretas por parte del legislador. La llamada al Gobierno y a los grupos parlamentarios es clara: es tiempo de actuar, es tiempo de legislar", señala.