El acuerdo del Pacto de Toledo no resuelve la sostenibilidad de las pensiones, según los expertos

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El acuerdo alcanzado por el Pacto de Toledo para reformar las pensiones se queda corto y es insuficiente para afrontar la sostenibilidad de la Seguridad Social a medio y largo plazo, además de carecer de medidas de calado que garanticen las pensiones futuras, según el consenso de los expertos consultados por 65Ymás. Por una parte, la revalorización de las prestaciones con el IPC disparará el gasto del sistema, aumentando la brecha con respecto a los ingresos, máxime desde 2025 cuando se empiece a jubilar el baby-boom, y por otra parte, el traspaso de gastos impropios al Estado únicamente reducirá el déficit por operaciones no financieras, mientras el déficit contributivo seguirá siendo permanente. 

El consenso de los expertos subraya que la única medida que puede aliviar el gasto es el acercamiento de la edad de jubilación efectiva a la edad legal, pero que por sí sola no bastará para acortar la brecha entre gastos e ingresos. 

"Vamos a salir de esta crisis en una situación bastante crítica, y no era el momento de aumentar las pensiones de acuerdo al IPC. Los pensionistas han ganado poder adquisitivo este año y lo ganaron el pasado, así que no pasaba nada por no subir las pensiones en 2021", critica María Jesús Fernández, economista sénior de Funcas (@FUNCASES), para quien "el acuerdo al que se ha llegado no afronta en absoluto el problema al que nos vamos a enfrentar, lo que han hecho es taparse los ojos y seguir adelante. Para decidir lo que han decidido, lo podían haber hecho en una tarde. No hay ninguna medida de calado que vaya encaminada a reducir del déficit". 

Para esta profesora de economía española y financiera de la UNED, en el informe del Pacto de Toledo "hay medidas irrelevantes (por ejemplo, sacar del sistema todo lo que sea no contributivo) y propuestas que agravan el problema, como la revalorización con el IPC o que se permita elegir los mejores años cotizados, por su impacto en el gasto. En opinión de María Jesús Fernández, "aunque se eliminaran todos los gastos impropios y el déficit se quedara a cero, al día siguiente volvería a existir déficit, ya que los gastos crecen más que los ingresos".

La mayoría de medidas "perjudica la sostenibilidad" del sistema

Muy crítico se manifiesta también José Antonio Herce (@_Herce), economista experto en pensiones y socio fundador de LORIS. "De las 21 recomendaciones que contiene el informe, no hay ni una sola de calado cuyo balance sea estabilizar el sistema y garantizar las pensiones. La mayoría van a perjudicar de alguna u otra manera la sostenibilidad. Me da la impresión de que el balance que se puede hacer de esas recomendaciones, una vez trasladadas a una posible reforma de las pensiones, no va a ser bueno".

Con respecto al supuesto avance en materia de impulso a la previsión social complementaria, Herce subraya que en el informe no se ponen números ni cifras, y que la recomendación no añade nada nuevo a lo que ya venía sosteniendo.

"Otra cosa bien diferente es la posible creación de un fondo de pensiones de empleo con garantía pública, que se propone el ministro Escrivá, en paralelo al Pacto de Toledo, y que sí tendría una enorme repercusión positiva. Pero, para valorarlo, es preciso conocer todos los detalles y saber cuál es la posición del organismo competente, que es la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (dependiente de Economía), y qué dice la Agencia Tributaria", detalla Herce. 

Para José Enrique Devesa Carpio, doctor en Economía por la Universidad de Valencia, "no hay medidas de mucho calado, excepto dos: la revalorización con el IPC, con lo cual si no se toman otras medidas complementarias dará lugar a un déficit "contributivo" permanente; y los denominados gastos impropios, que se puede convertir en un cajón de sastre donde vaya acabando todo lo necesario para que desaparezca el déficit por operaciones no financieras del sistema". Devesa, que también es investigador asociado del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, considera que "los gastos impropios deberían ir acompañados de los correspondientes ingresos impropios".

En su opinión, el informe del Pacto de Toledo no impulsará una verdadera reforma de las pensiones, sino que "será para lavarle la cara al déficit de la Seguridad Social”.

Elegir los años cotizados, en contra del equilibrio actuarial

Con respecto a la novedad introducida por el Pacto de Toledo de analizar la posibilidad de elegir los mejores años cotizados para mejorar la pensión, Mariano Jiménez Lasheras (@MjimenezLash), presidente de la Asociación de Consultores de Pensiones, OCOPEN (@OCOPEN_), considera que "esta medida podría estar justificada, en el caso de que se alargara más allá de 25 años el periodo de cálculo de la vida laboral. Pero como se mantienen los 25 años que serán preceptivos en 2022, creo que permitir que se elijan las mejores bases de cotización, va en contra del necesario equilibrio actuarial que debería tener el sistema".

Jiménez también echa en falta "medidas que representen automatismos de adaptación del sistema, algo relativo al Factor de Sostenibilidad, o la posibilidad de ligar de modo automático la edad de jubilación a la esperanza de vida", que son necesarias en momentos de crisis como el actual, y que tenderían a estabilizar el sistema sin necesidad de someterlo a continuas reformas.

"Estamos ante una crisis económica de dimensiones extraordinarias, de caída de los ingresos de la Seguridad Social y un gasto desbordado, que hará que muchas de las medidas acordadas queden sin aplicación práctica, porque faltarán recursos para financiarlas", advierte Pau Monserrat (@pmonserrat), economista y profesor asociado de la UIB, para quien "traspasar gastos impropios de la Seguridad Social al Estado significará más impuestos, y si en vez de financiar el sistema con préstamos se hace mediante transferencias, también significará más impuestos, en un momento en el que superar la pandemia hace casi imposible aumentar la recaudación impositiva". 

Monserrat cririca que el acuerdo llega tarde y se queda corto, incluso para una situación normal, y será muy insuficiente para afrontar el desequilibrio que generará el COVID-19 en las cuentas del sistema de pensiones. Insiste además en que es preciso realizar una reforma integral de los fondos de pensiones privados, para que funcionen de verdad como instrumento de ahorro para la jubilación.

Los autónomos, aliviados por la no imposición de ingresos reales

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata),  considera positivo que el Pacto de Toledo recomiende que la cotización por ingresos reales de autónomos sea una meta y no una imposición. Según Amor, es razonable que el sistema de cotizaciones por ingresos reales se haga de manera gradual y acomodándose a la gran variedad de situaciones del colectivo. También está de acuerdo en que no se deben ver perjudicados los elementales principios de contributividad y de solidaridad en los que se fundamenta el sistema.

El hecho de haber alcanzado un consenso en el Pacto de Toledo es "una buena noticia, relevante no solo para las personas mayores, sino para las generaciones venideras. Y, desde luego, el incremento de la pensión referenciado al IPC es una medida positiva para el bolsillo de los pensionistas, porque así no se pierde nivel adquisitivo. Aunque no sería la primera vez que no se ponen de acuerdo en el método de cálculo y nos hacemos trampas al solitario", afirma Patricia Suárez (@WonderWomanPSR​), presidenta de la asociación de usuarios financieros ASUFIN. 

Los sindicatos piden derogar la reforma de 2013

Tras la aprobación de las recomendaciones por parte de la Comisión del Pacto de Toledo, es urgente que el Gobierno y los agentes sociales se sienten a negociar la reforma del sistema de pensiones. Así lo reclama Carlos Bravo (@carlosbravofdez), secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO. "Llevábamos diez años sin resultados en el marco del Pacto de Toledo", ha recalcado, insistiendo en que "estas recomendaciones deben ir acompañadas de un proceso de negociación sincero, efectivo y eficaz entre el Gobierno y la patronal. Debemos alcanzar un acuerdo que supere la reforma de 2013".

Bravo considera asimismo "consecuente, razonable y lógico" que se vayan a eliminar o reducir los incentivos a los sistemas individuales de previsión social complementaria y mejorar los sistemas de empleo, ya que los planes individuales "sólo sirven para optimizar la factura fiscal de la gente con mayor nivel de renta".

Por su parte, Mari Carmen Barrera (@mcarmenbarrera), secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad de UGT, también urge al Gobierno a que convoque la Mesa del Diálogo Social, ya que "este primer acuerdo parlamentario debe ir seguido de forma rápida de un diálogo social que permita completar el marco de gobierno participado para el sistema de pensiones, de forma que podamos pasar a la derogación efectiva de la reforma del 2013 y concretar las medidas que conseguirán terminar con el definir de la Seguridad Social dentro de esta legislatura".