La repentina decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al 23 de julio y, por tanto, disolver las Cortes Generales, obliga a paralizar la tramitación de más de 60 leyes, 25 de ellas procedentes de decretos-ley que ya están en vigor, otras 8 aprobadas por el Gobierno y alrededor de una treintena impulsada por los grupos parlamentarios. La razón es que, tras publicarse este martes el decreto de disolución del Parlamento, únicamente queda en funcionamiento la Diputación Permanente del Congreso, pero no así el Pleno de la Cámara, que ya no podrá reunirse hasta la sesión constitutiva de la próxima legislatura, en principio, prevista para mediados de agosto.
Sin embargo, esta parálisis de las Cortes no afectará a las últimas medidas aprobadas en materia de pensiones, en concreto, la segunda pata de la reforma diseñada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que se encuentra vigente desde el día 1 de abril en la mayor parte de su articulado. Así lo confirman a 65YMÁS fuentes del Ministerio, que detallan que el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones, está en vigor y es de plena aplicación, tal y como lo aprobó el Consejo de Ministros el 16 de marzo de 2023, y convalidó el Congreso de los Diputados, el día 30 de marzo.
Lo que sí cambia con el adelanto electoral es que este Real Decreto ya no continuará su tramitación como Proyecto de Ley en el Congreso, algo que habían acordado los grupos políticos, con el objetivo de introducir mejoras por la vía de enmiendas, siempre y cuando dichas enmiendas tuvieran el respaldo de la mayoría parlamentaria. Más en concreto, al interrumpirse las actividades parlamentarias, se quedan en el tintero 25 leyes procedentes de decretos ley que el Congreso aceptó tramitar como proyectos de ley. Todas están en vigor, algunas desde 2020, de forma que el adelanto electoral impedirá modificar, entre otras, la relativa a las pensiones o al sistema de cotización de los autónomos, que continúan vigentes, como las aprobó el Consejo de Ministros.
CRONOLOGÍA DE LA REFORMA DE PENSIONES DEL GOBIERNO SÁNCHEZ
Fuente: Seguridad Social
El PP, ¿derogará la reforma, si gobierna?
El pasado 31 de marzo, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, aseguró que Alberto Núñez Feijóo derogará la reforma de las pensiones si llega al Gobierno de la nación, en cuanto tenga un plan que sea acordado en el marco del Pacto de Toledo y que garantice que no se recortan las pensiones. El PP acusó entonces al presidente del Gobierno y al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de "engañar" con su reforma, y Bravo defendió en rueda de prensa el voto en contra del PP al Decreto-Ley, porque, a su juicio, abre la puerta a recortar pensiones, si los gastos se disparan y los ingresos no cuadran, a partir de 2025.
Según Bravo, un futuro gobierno del PP "no puede aplicar una reforma" que censuran diversos organismos (sin citarlos, algunos que la han criticado son la AIREF, el Banco de España o Fedea) y que, en su opinión, abre la puerta, en su disposición adicional segunda, a un posible recorte de las pensiones a medio plazo. Sin embargo, la dirección del PP no ha detallado los cambios que introduciría.
Hay que recordar que la segunda fase de la reforma de las pensiones fue convalidada por el Congreso de los Diputados, tras haber conseguido el visto bueno de la Comisión Europea y de los sindicatos UGT y CCOO, aunque con la férrea oposición de la patronal CEOE-Cepyme y del Partido Popular. De hecho, en el Congreso, votaron en contra el PP y Ciudadanos, mientras que se abstuvieron Vox y Bildu.
Pero, por el momento, la nueva legislación en vigor, que debería pilotar las pensiones españolas durante las décadas 30 y 40, se centra en elevar los ingresos para hacer frente a las tensiones financieras por la inminente y masiva jubilación de la generación del baby boom. Durante su defensa en el Congreso, Escrivá insistió en que esta reforma "permite abordar el reto demográfico" a través de un "conjunto de medidas equilibradas" que garantizarán "la suficiencia" del sistema.
Medidas clave de la reforma en vigor desde abril
Según el Gobierno, con esta segunda pata de la reforma de pensiones "se elimina la incertidumbre de los pensionistas presentes y futuros y, además, pone el foco en mejorar las condiciones de algunos colectivos, como las mujeres, los trabajadores autónomos, los pensionistas más vulnerables, los trabajadores con carreras irregulares o los jóvenes". Esta norma contiene diversas medidas que completan la reforma del año 2011, blindando la revalorización de las pensiones presentes y futuras.
La norma se estructura en tres bloques de medidas:
Medidas para garantizar la suficiencia de las pensiones:
1.- Se garantiza el poder adquisitivo. Mediante la vinculación de las pagas al IPC medio anual, medido entre noviembre del año en curso y diciembre del anterior, se garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas.
2.- Suben las pensiones no contributivas. Crecerán hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal.
3.- Pensiones mínimas. Entre 2024 y 2027, y tomando como referencia la pensión mínima con cónyuge a cargo, las pagas más bajas subirán un porcentaje adicional a la revalorización anual, hasta converger con el 60% de la renta mediana de un hogar con dos adultos en 2027.
Medidas para aumentar la equidad:
4.- Periodo de cómputo. Desde 2026, habrá un régimen dual del periodo de cómputo para los próximos 20 años, por el que se aplicará a los trabajadores que se jubilen la más beneficiosa de estas posibilidades: los 29 últimos años de carrera, descartando 24 meses (2 años) peores; y el periodo de cómputo actual (25 últimos años). La primera posibilidad se desplegará progresivamente durante 12 años a partir de 2026.
5.- Brecha de género. En el bienio 2024-2025, el complemento de brecha de género de las pensiones tendrá un incremento del 10%, adicional a la revalorización anual según el IPC.
6.-Becarios. Cotizarán los alumnos universitarios que realicen prácticas formativas y académicas incluidas en programas de formación. También se incluyen las realizadas por alumnos de formación profesional, siempre que las mismas no se presten en el régimen de formación profesional intensiva. Se les aplicará una reducción del 95% a las cuotas a la Seguridad Social por contingencias comunes.
7.- Lagunas de cotización. Se mejora la cobertura de lagunas, con enfoque especial para mujeres, que cubrirán hasta cinco años de vacío de cotización con el 100% de la base mínima; el sexto y séptimo año, con el 80% de la base mínima.
Medidas para la sostenibilidad del sistema:
8.- Incremento de la base y pensión máximas. Se establece una subida gradual de las bases máximas de cotización entre 2024 y 2050, de acuerdo al IPC más 1,2 puntos porcentuales. Por su parte, las pensiones máximas se revalorizarán con el IPC más un incremento adicional de 0,115 porcentuales acumulativos cada año desde 2025 hasta 2050. A partir de 2050 y hasta 2065 habrá incrementos adicionales de la pensión inicial en ese período.
9.- Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). A partir de 2024, la cotización extra por el MEI (este año es del 0,6%) crecerá una décima cada año hasta alcanzar 1,2 puntos porcentuales en 2029. Esta medida tiene por objeto nutrir el Fondo de Reserva de las pensiones.
10.- Incentivos al retraso voluntario de la jubilación. Desde 2022, existen cuatro vías: la revisión de la jubilación anticipada, tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad; la jubilación demorada; la jubilación activa, y la jubilación forzosa.
11. Cuota de solidaridad. Los salarios más altos que queden por encima de la base máxima de cotización pagarán esta nueva cuota de solidaridad, sobre la parte del salario que hasta ahora no cotizaba. Se aplicará gradualmente, partiendo de cuotas del 1% en 2025, hasta alcanzar el 6% en 2045.
12. - Mecanismos de ajuste. Se arbitra un mecanismo semiautomático, de subida de cotizaciones y otras medidas, para dotar de ingresos extra al sistema en caso de que no haya consenso sobre las medidas a adoptar.
Leyes que no saldrán adelante esta legislatura
Este jueves, el Congreso iba a aprobar para su remisión al Senado el proyecto de ley por el que se regulan las Enseñanzas Artísticas y se iba a someter al debate de convalidación un decreto con medidas contra la sequía y la promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes.
En la misma situación quedan otros 38 textos legislativos, ocho de los cuales son proyectos de ley del Gobierno y el resto corresponden a proposiciones de ley impulsadas por distintos grupos parlamentarios.
Las leyes aprobadas por el Consejo de Ministros que no verán completada su tramitación en el Congreso son: la ley de Seguridad Nacional, la trasposición de directivas europeas para la lucha contra el fraude, la de equidad del Sistema Nacional de Salud, la ley de eficiencia digital de la Justicia, la Ley del Cine, la que crea la Agencia Estatal de Salud Pública, la Ley de Familias y la del Derecho de Defensa. A ellos se suma el proyecto de reforma constitucional para suprimir el término disminuido y sustituirlo por 'persona con discapacidad'.
Se quedan en el limbo la ley para la gratuidad del primer ciclo de educación infantil, las leyes que buscan mejoras para los pacientes de ELA y para la protección laboral de los que tienen una enfermedad grave como el cáncer, la Ley de Salud Mental y la que perseguía aplicar un IVA del 4% a los servicios de dependencia. En materia cultural, además de la ya citada Ley del Cine se paraliza la tramitación de la de Enseñanzas Artísticas. Lo mismo sucede con la de garantía del acceso a la banda ancha de Internet a 100Mbps en zonas rurales y otra norma para luchar contra el antisemitismo.
Tampoco podrán ser aprobadas ya en esta legislatura la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público para ampliar permisos de paternidad y maternidad, la que persigue que estas circunstancias sirvan para la suspensión de juicio oral y la que reconoce como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones.
Sobre el autor:
Pepa Montero
Pepa Montero es redactora especializada en temas de economía. Ha trabajado en medios como El Economista y La Gaceta de los Negocios. Es autora del libro de relatos La casa de las palmeras (Azul como la Naranja, 2013).