Airef defiende la jubilación a los 67 años y traslación de gasto para reducir el déficit

"Es posible corregir la situación actual de déficit público en España -superior al 2%- si se trasladan parte de los gastos no contributivos que asume en la actualidad el sistema al Estado, como en muchos países de nuestro entorno" ha señalado el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (@AIReF_es), José Luis Escrivá. Así, el economista ve "manejable el déficit de 18.000 millones de la Seguridad Social, aunque habría que implementar grandes cambios en línea con las reformas de 2011 como retrasar la edad efectiva de jubilación de 67 años y ampliar el periodo de cálculo de las pensiones. 

Escrivá ha indicado que si los ingresos por cotizaciones sociales solo se usan para abonar prestaciones por contingencias comunes, y no para otras políticas sociales que deberían asumirse vía Presupuestos Generales del Estado, se podrían corregir hasta dos puntos del déficit de la Seguridad Social. Asimismo, ha opinado que determinados "subsidios cruzados" tendrían que financiarse vía impuestos con las cuentas públicas, junto a costes administrativos del funcionamiento del sistema de la Seguridad Social, con un coste aproximado de 4.000 millones de euros. "Si lo trasladamos, no habría déficit y estaría en situación de equilibrio o ligero superávit", ha asegurado.

Estas han sido algunas de las propuestas planteadas por Escrivá durante su intervención en los 'Diálogos Servimedia' sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, en el que han participado también, la presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas de España, Paca Tricio (@MayoresUDP) ; el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (@CEOMA_ong), Juan Manuel Martínez, el profesor de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares, José Carlos Díezy representantes de los sindicatos de UGT (@UGT_Comunica) y CCOO (@CCOO).

Japonización de la economía española

Junto a esta reordenación de los gastos, Escrivá ha hecho hincapié en la necesidad de profundizar en la reforma de las pensiones, de forma que la edad efectiva de jubilación pase de los 62,7 años actuales a los 67, ya que permitiría corregir "más de la mitad del problema de gasto". También ha propuesto continuar avanzando en el periodo de cálculo de las pensiones hasta que se tenga en cuenta toda la vida laboral, frente a los últimos 25 años que fijó la reforma de 2011, puesto que también permitiría subsanar una "parte importante" del problema.

De igual forma, se ha referido a la importancia de ordenar los flujos migratorios e implementar políticas de fomento de la natalidad ante el reto demográfico y el envejecimiento dada la previsión de una 'japonización' de España. Además, cree que hay un "problema" con la falta de una decisión sobre cómo revalorizar las pensiones en el futuro, dado que el índice de revalorización del 0,25% en vigor es un instrumento diseñado "con la mejor de las intenciones" pero resulta "impracticable", por lo que piensa que tiene "con poco recorrido".

Por su parte, José Carlos Díez, profesor de Economía de la UAH, ha avisado de que "cualquier proyección" sobre las pensiones es "insostenible", ya que el sistema es "extremadamente generoso" y el gasto sobre PIB se ha elevado al 11%, en un contexto además de envejecimiento poblacional. Por ello, ha augurado que "van a venir recortes" y ante la necesidad de recursos adicionales cree que si se suben impuestos es "muy probable" que se incremente el IVA.

¿Son las pensiones un derecho?

Esto es lo que ha defendido la presidenta de UDP, Paca Tricio, quien ha reclamado que "se habla mucho de economía, pero las pensiones son un tema social, que afecta a miles de familias que tiene una pensión menor a 600 euros y no llegan a fin de mes". Así mismo reconoce que no se puede tratar igual a un pensionista que cobre 2.000 euros, que a uno que no llegue a los 1.000. "El problema es que este país planifica mal y gestiona mal económicamente dando las mismas ayudas a ambos grupos", ha señalado. También ha defendido la figura de los mayores como motor de la economía y no solo como gasto. "Los mayores consumimos pensiones pero también generamos riqueza, consumimos e invertimos en el país. Y eso nunca se dice", recuerda Tricio en línea con que los mayores han sido un gran apoyo para la red social durante la crisis de 2008. 

En la misma línea, el presidente de CEOMA ha pedido el blindaje de las pensiones por ley, así como su revalorización con el IPC, para que no se pierda el poder adquisitivo de más de 10 millones de jubilados y viudas. "Es fundamental que, en la etapa de la jubilación, las personas podamos recibir unas pensiones que nos permitan vivir con dignidad". Juan Manuel Martínez ha abogado además por "una jubilación voluntaria y flexible, pero sobre todo ha incidido en que se necesita escuchar a los mayores. "Quizás estamos dispersos en varias asociaciones, pero es necesario que se escuche nuestra voz", abogando por crear una plataforma que defienda los derechos de los mayores "con más fuerza".

#Servimedia30Años @paca_tricio, presidenta de @MayoresUDP, dice que “ no puede continuar la indefensión del mayor; somos fundamentales para el sistema”. pic.twitter.com/gatRfIAdID

— Servimedia directos (@ServimediaLive) October 1, 2019

Proposición de ley en enero de 2020

En la misma línea de defensa de derechos se ha expresado Mari Carmen Barrena (@mcarmenbarrera), secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT quien ha reclamado que la primera medida que se tome en el próximo Gobierno sea una proposición de ley en enero de 2020 para exigir que la subida de las pensiones se realice según el IPC. "Antes del verano habíamos logrado un gran consenso sobre asuntos sociales esenciales como las pensiones. Si viene una nueva crisis y no se toman medidas, la Seguridad Social podría quedar en una situación "terminal", ha recalcado.

El gran problema radica la quiebra de la confianza en el sistema que se produjo tras reforma de 2013 que "ajusta el gasto a futuro, disminuye notablemente las pensiones", por lo que "debe ser corregida a través de un acuerdo entre los principales partidos políticos y los interlocutores sociales que permita reequilibrar la situación", ha defendido el secretario Confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo. A pesar de ello, Bravo (CC.OO.) ha afirmado que "las pensiones tienen futuro", pero hay que actuar ante unas necesidades crecientes que suponen ya 10 millones de pensionistas y un importe de en torno a 10.600 millones de euros, por lo que ha remarcado la necesidad de recursos adicionales y de actuar la situación de varios colectivos de trabajadores.