Pensiones
La AIREF plantea endurecer el acceso a la pensión y contar más de 25 años de vida laboral
La Seguridad Social disparará su déficit al 3,9%-5,1% del PIB este año por la crisis del coronavirus
Banco de España propone "ligar la pensión y la edad de jubilación a la esperanza de vida"
La Comisión del Pacto de Toledo retoma la reforma de las pensiones
Escrivá defiende elevar la edad real de jubilación y que se acerque a los 67 años
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF @AIReF_es) defiende la modificación de los requisitos de acceso a la jubilación, tanto anticipada como ordinaria, para que la edad efectiva del retiro (en torno a los 63 años) se acerque a la edad oficial (65 años y 10 meses, con menos de 37 años cotizados), así como ampliar más allá de los 25 años el periodo de cálculo para el importe de la pensión, entre otras medidas de reforma del sistema para asegurar su sostenibilidad.
Así lo ha resaltado este lunes Cristina Herrero, presidenta de la AIREF, durante un coloquio organizado por el Consejo General de Economistas (@EconomistasOrg), donde afirmó que "hay que trabajar ya en la estrategia de salida de la crisis del COVID-19", advirtiendo asimismo que "la sostenibilidad de las finanzas públicas es un requisito imprescindible para preservar el Estado de bienestar".
El modelo público de pensiones es una prioridad, según la Autoridad Fiscal, que a principios de 2019, en su informe Opinión sobre la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, alertaba de la existencia de un déficit estructural de entre el 1,3%-1,5% del PIB, que "sin duda se verá incrementado en la crisis actual. Además, a largo plazo, existe el reto del aumento del gasto en pensiones asociado al envejecimiento", reconoce Cristina Herrero. La presidenta de la AIREF ha avanzado que, seguramente en septiembre, se publicarán las nuevas proyecciones acerca de la sostenibilidad de la Seguridad Social.
El déficit se dispara y el gasto en pensiones subirá el 3,5%
El rodillo de la crisis del coronaviruis va a provocar que los fondos de la Seguridad Social acaben este año con un déficit disparado, que podría aumentar hasta representar entre el 3,9%-5,1% del PIB, debido al efecto combinado del incremento de los gastos y de la pérdida de ingresos por cotizaciones.
"En esta cifra no solo se incluye el déficit de las pensiones, sino también el Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE) y el Fogasa. Hay que tener en cuenta que la Seguridad Social ha absorbido el grueso de las medidas de sustitución de rentas en respuesta a la crisis del COVID, entre otras los ERTE, los ceses de actividad de autónomos, las exoneraciones de cotizaciones asociadas a los dos anteriores, y el propio ingreso mínimo vital, detalla la presidenta de la AIREF.
Además, en el aumento del déficit también pesa el mayor gasto derivado de las incapacidades laborales temporales por el COVID-19.
Por lo que se refiere al gasto en pensiones, éste continúa creciendo a un ritmo similar al anterior a la crisis, y aumentará en torno al 3,5% en 2020, a consecuencia de un crecimiento del número de pensiones y de un efecto sustitución en línea con lo sucedido en años anteriores, a lo que es preciso añadir la revalorización del 0,9% aprobada por el Gobierno para este ejercicio.
Cuidado con el déficit estructural, advierte AIREF
“Una parte de este déficit excesivo de la Seguridad Social revertirá cuando cesen las medidas temporales puestas en marcha, y otra parte se reducirá progresivamente conforme se recuperen la actividad económica y el empleo", según la presidenta de la AIREF, quien explica que existe otra parte derivada de medidas estructurales, como el ingreso mínimo, que debe ser financiada por los Presupuestos Generales del Estado (así lo recoge su propia normativa de aprobación). No obstante, Cristina Herrero llama la atención sobre el déficit estructural, de hasta el 1,5% del PIB, que hay que corregir.
Respecto al controvertido ingreso mínimo vital, considera que existen "fuertes argumentos" para defender su puesta en marcha, debido a la mayor tasa de pobreza y desigualdad de España en relación a la media europea, pero critica la incertidumbre y la falta de datos sobre el coste de la medida a medio y largo plazo. La presidenta de la Autoridad Fiscal reconoce que aún no se sabe cómo se prevé financiar, ni los mecanismos para hacerlo compatible con un empleo, o cómo se va a controlar la coordinación entre administraciones.
Empeoran las previsiones de caída del PIB
La Autoridad Fiscal publicará este jueves la actualización de sus previsiones, donde contempla un empeoramiento del PIB español, que podría caer más del 12% en 2020 en el escenario más adverso. Hace tan solo un mes, vaticinaba una contracción del orden del 9% al 12%, dependiendo de la evolución de la pandemia a nivel mundial y del éxito de las medidas de liquidez y sostenimiento de rentas instrumentadas.
Según la presidenta del organismo, en el tercer trimestre se está produciendo una "clara reactivación" de la economía española, a un "ritmo elevado", aunque pide no sacar "conclusiones equivocadas", dado que la crisis económica será "profunda" y "sin precedentes". Para 2021, se prevé una recuperación "ligeramente más favorable" que lo pronosticado anteriormente, cuando contemplaba un alza del PIB de entre el 4,6% y el 5,8%.
Respecto a la evolución del mercado de trabajo, Herrero afirma que absorber a los trabajadores que se encuentran en este momento en un ERTE en uno de los principales retos, ya que en algunas ramas de actividad, como la hostelería, los ERTE han llegado a alcanzar al 80% de los trabajadores. Según las perspectivas de la AIREF, las pérdidas de empleo en 2020 podrían estar por encima del 10% en tasa de empleo equivalente a tiempo completo y con una recuperación muy parcial en 2021.
En este contexto, "la prioridad de corto plazo no puede ser otra que profundizar en las medidas de apoyo a las pymes y al empleo para intentar que no se pierdan por el camino empresas viables ni puestos de trabajo sostenibles", detalla la presidenta de la Autoridad Fiscal.
