La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía ha implantado unos robots informáticos mediante tecnología RPA (Robotic Process Automation) en la gestión de las pensiones no contributivas para mejorar su tramitación, "dada la importancia que tienen para una de las poblaciones más vulnerables de la sociedad andaluza".
Según ha informado en un comunicado, esta iniciativa está permitiendo una agilización importante en los controles anuales que se realizan y el consiguiente beneficio en el volumen de expedientes pendientes de resolver.
Estos robots permiten realizar consultas para más de 100.000 beneficiarios, además de los respectivos miembros de las unidades de convivencia, "lo que implica un importante volumen de trabajo administrativo, que son los requisitos indispensables para poder aplicar la automatización de tareas mediante RPA".
Esta tecnología permite configurar un software para emular las acciones de una interacción humana sobre aplicaciones informáticas. Entre otras, sus principales características son que se trata de una tecnología no invasiva, tiene un incremento de rendimiento 24x7 y altos niveles de fiabilidad y trazabilidad.
Nuevo programa estratégico
En la actualidad, el plazo de resolución de las pensiones no contributivas, que se gestionan a través de las delegaciones territoriales de la Consejería, se encuentra por debajo del tiempo promedio de resolución tanto en los casos de concesión como de denegación, según ha especificado la Administración autonómica.
Aunque Andalucía tiene asumidas las competencias de gestión de las pensiones no contributivas, es competencia del Estado la regulación de los criterios de gestión de las mismas, han recordado desde la Consejería.
En este sentido, ha explicado, además, que la Junta, a través del I Plan de Personas Mayores de Andalucía, incluye el desarrollo de un programa estratégico denominado Plan de mejora de la gestión de las pensiones no contributivas que engloba la agilización de su tramitación y la mejora de la coordinación entre los agentes implicados; la firma de convenios con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social para acceder a los datos; la realización de cruces masivos de datos y la adquisición y adaptación de herramientas informáticas para ello; y la digitalización de procedimientos de acuerdo a lo que establece la normativa vigente.
"Esta medida se suma al plan de choque en materia de personal puesto en marcha por la Consejería para agilizar la tramitación de estas pensiones y las valoraciones de discapacidad, que ha supuesto la incorporación de 31 personas en las distintas Delegaciones Territoriales con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta a la ciudadanía", ha subrayado Igualdad.
En mayo, el número de expedientes pendientes de resolver ascendía a 5.242
Por otro lado, el departamento que dirige Rocío Ruiz ha propuesto al Imserso la reforma del artículo 368 del Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Esta propuesta se basa en contemplar otra forma alternativa para realizar la revisión anual de ingresos por parte de los órganos gestores de las Comunidades Autónomas que no implique la carga a las personas beneficiarias de un modelo de declaración anual.
Según el Procedimiento Unificado de Gestión que establece el Imserso, el plazo máximo para emitir y notificar resolución expresa es de 90 días hábiles a partir de la fecha en que se formule la solicitud por la persona interesada.
A fecha de 22 mayo, el número de expedientes pendientes de resolver ascendía a 5.242, un número sensiblemente inferior a los 7.647 que había a 29 de febrero de 2020. Además, de estos más de cinco mil expedientes, 1.975 (un 37,68%) tienen el plazo suspendido esperando una respuesta por parte del solicitante a la petición de aportación de documentación realizada por la Administración.
