Arranca la reforma de la jubilación flexible: más pensión para jubilados que vuelvan a trabajar

'Revolución' de la jubilación con la reforma 2024: trabajar más y jubilarse más tarde

La Seguridad Social se marca como objetivo de 2025 poner en marcha las "altas progresivas"

A finales de enero de 2025 arranca la anunciada reforma de la jubilación flexible, según ha avanzado este jueves la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, cumpliendo así con el cuarto acuerdo en pensiones, alcanzado antes de verano entre el Gobierno y los agentes sociales. Se trata de la última modalidad de retiro que le falta por reestructurar al Gobierno de Pedro Sánchez, después de haber introducido importantes cambios en los modelos de jubilación parcial, activa y demorada.

Aunque no se conocen los detalles de los cambios que pondrá sobre la mesa de negociación (con los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE-Cepyme), el objetivo del Ministerio es hacer más atractiva la jubilación flexible, calificada hoy en día de "muy restrictiva", y para ello planteará mayores incentivos, con toda probabilidad, una mejora de los porcentajes de pensión a percibir por todas aquellas personas que, estando ya jubiladas, decidan volver a trabajar de manera parcial.

Este es uno de los retos en pensiones esbozados por Saiz para 2025, y una de las grandes pruebas de fuego llegará la tercera semana de enero, cuando está previsto que el Congreso de los Diputados debata la aprobación del Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, que permite el desarrollo de nuevas modalidades de jubilación parcial y activa para dar más flexibilidad y permitir una salida progresiva y voluntaria del mercado de trabajo. Además, culmina la regulación de la jubilación anticipada para actividades profesionales especialmente duras o penosas.

La ministra confía en que estas reformas salgan adelante, y que este mismo mes se convalide el real decreto ley aprobado en el último Consejo de Ministros de 2024, recordando que se trata de un pacto logrado con todos los agentes sociales, para mejorar la compatibilidad entre trabajo y pensión.

Hoy hemos perfilado los hitos que definirán nuestro 2025 en @inclusiongob.

🔴 Visualizamos los 22 millones de afiliados, porque el mercado laboral va a seguir al alza

🔴 Presidiré la primera mesa del diálogo social para abordar la regulación de las altas progresivas pic.twitter.com/E5SFEnx3RA

— Elma Saiz (@SaizElma) January 9, 2025

Las nuevas jubilaciones, pendientes del Congreso

Si el Gobierno logra el sí del Parlamento, los cambios previstos en los sistemas de jubilación podrían entrar en vigor a partir de abril de 2025.

Uno de esos cambios será la mejora de los incentivos en la jubilación demorada, con la posibilidad de recibir un plus adicional por cada 6 meses de retraso a partir del segundo año y no sólo cada doce meses; y siendo compatibles con la jubilación activa.

El incentivo por retrasar la percepción de la pensión se hará por semestres, incrementándose el 2% del importe de la pensión, o su equivalente a tanto alzado, según explican desde Gobierno y sindicatos. Del mismo modo, se mantiene la posibilidad del cobro mixto -una parte en incremento de la pensión y otra en abono de una cantidad a tanto alzado-. Estas cantidades son compatibles con el acceso a la jubilación activa.

En cuanto a la jubilación activa, se elimina el requisito de tener una carrera de cotización completa, lo que facilita su acceso. Será compatible con los incentivos de demora y su compatibilidad se fijará en función del tiempo que se demore (de manera que cada año de demora en la jubilación activa, incrementará el % a aplicar en el percibo de la pensión)

Otra novedad es que para cobrar el 100% de pensión se necesitarán al menos 5 años en activo tras cumplir la edad ordinaria de jubilación. Los porcentajes de la pensión que se van a poder percibir mientras se trabaja son los siguientes: con un año de demora, un 45%; con dos años de demora, un 55%; con tres años de demora, un 65%; con cuatro años de demora, un 80%; con cinco años de demora, un 100%.

Jubilación parcial mejorada

La ministra Elma Saiz confía en que el Congreso de los Diputados refrendará el último pacto en pensiones, donde se regula también la jubilación parcial, con varias mejoras. Por una parte, se establece ampliar de 2 a 3 los años la posibilidad de anticipo, con límites en la reducción de la jornada.

Además, se introducen mejoras en las condiciones del trabajador relevista: su contratación tendrá que ser indefinida y a tiempo completo en un puesto no amortizable.

Con carácter general, el acceso a la jubilación parcial, con el correspondiente contrato de relevo, podrá producirse hasta tres años antes de la edad ordinaria de jubilación que 2 corresponda en función de la carrera de cotización (el primer año la reducción estará entre un 20% y un máximo del 33%).

Es decir, se mejora un año, según explican desde UGT. También se podrá concentrar la jornada de trabajo de las personas que accedan a la jubilación parcial a través de un acuerdo en el seno del centro de trabajo. Podrán incorporarse al proceso de relevo los trabajadores fijos discontinuos.

Altas laborales "progresivas", próxima reforma

La ministra ha anunciado también que la última semana de enero abordará con los agentes sociales la nueva regulación de las altas progresivas. Saiz ya anunció el pasado año que trabajarían en la mesa social para flexibilizar la incorporación de los trabajadores en baja laboral a su puesto de trabajo, una medida que posteriormente fue matizada por el Ministerio de Seguridad Social y sobre la que se indicó que la incorporación progresiva se haría tras el alta médica, es decir, una vez el trabajador haya recuperado su salud.

Este jueves, la ministra ha reiterado que los avances que se produzcan en el grupo de trabajo se harán poniendo "la salud de los trabajadores en el centro" y en el marco del diálogo social.

Otro de los objetivos que Seguridad Social se ha marcado de cara a 2025 pasa por la ampliación del catálogo de profesiones de difícil cobertura y la estrategia de movilidad laboral anunciada por el Gobierno, también llamada 'Plan Retorno'.

En 2025 llega el examen de la AIReF y ¿más cotizaciones?

En torno al mes de marzo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) tiene la misión de hacer el primer chequeo a la reforma de pensiones del Gobierno. Es decir, evaluará la evolución de los gastos e ingresos de la Seguridad Social. Si el gasto se dispara por encima de lo previsto, el Gobierno deberá adoptar más medidas de ajuste, y la más inmediata sería, con toda probabilidad, un aumento extra de las cuotas del MEI.

Esta eventualidad fue introducida por la reforma Escrivá en 2023, de forma que esta sobrecotización podrá incrementarse, de manera automática, si el gasto en pensiones sobrepasa el 15% del PIB.

Saiz confía en que no harán falta ajustes

Durante la presentación de la hoja de ruta de su Ministerio para 2025, la ministra Elma Saiz ha afirmado que su departamento es "optimista" sobre el resultado del examen de la AIReF al sistema de pensiones, debido al "buen trabajo" que el Gobierno ha realizado con la reforma de las pensiones, y a la buena marcha de las cifras de afiliación y empleo.

A su juicio, "el sistema es sostenible en el tiempo", y ha recordado que esta cláusula de revisión de la reforma Escrivá se estableció, precisamente, para poder corregir desequilibrios, si los hubiera. Además, ha insistido en que este sistema permite incrementar los ingresos para afrontar los mayores gastos en prestaciones de jubilación.

Otro reto del año: mayor papel de las mutuas

Otra de las medidas incluidas en el último acuerdo para la reforma de las pensiones, firmado por el Gobierno con los agentes sociales el 31 de julio de 2024, es la participación más activa de las mutuas colaboradora de la Seguridad Social en pruebas diagnósticas y tratamientos rehabilitadores, con el fin de reducir las listas de espera en los servicios públicos de salud y acelerar la recuperación de los trabajadores, pero siempre "garantizando que el control (las bajas y partes de confirmación) y la decisión final (alta) permanezcan en manos del médico de cabecera", según defendió la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, durante su intervención ante el Pacto de Toledo, en septiembre pasado.

El objetivo de esta medida es articular una mayor colaboración entre los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas y los medios materiales y humanos de que disponen las mutuas, en procesos muy concretos de incapacidad temporal, es decir, las contingencias comunes que tienen un origen traumatológico.