Qué pasará con las pensiones en septiembre 2021

Calendario de la reforma de pensiones: Cuándo te empezarán a afectar los cambios

Los jubilados anticipados, indignados por el "capotazo" de Escrivá a despenalizar sus pensiones

Escrivá advierte: La pensión de los baby boomers se verá afectada por la reforma

La primera pata de la reforma de las pensiones ya está aprobada por el Consejo de Ministros desde el pasado día 6 de julio. Se trata de un anteproyecto de ley que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones, que se revalorizarán según el IPC, y en el que se establecen medidas para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, mediante un endurecimiento de la jubilación anticipada voluntaria y mayores incentivos para retrasar el retiro del mercado laboral. La principal demanda de los pensionistas está garantizada, ya que cada 1 de enero se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en noviembre del ejercicio anterior. Y si el dato es negativo, no habrá recorte de las pagas. Pero este es únicamente un primer paso en el largo camino de trámites antes de la aprobación final de la reforma, prevista para el cuarto trimestre de 2021, según el calendario del Ejecutivo. La previsión es que entre en vigor en 2022.

Sin embargo, quedan bastantes asuntos espinosos por negociar todavía, y septiembre arrancará con al menos dos de ellos, en dos mesas de diálogo diferentes. Por una parte, el Pacto de Toledo tendrá que analizar el informe Escrivá sobre despenalización de la jubilación anticipada en largas carreras de cotización; un estudio que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social registró en el Congreso de los Diputados a última hora del día 30 de julio, tras varios meses de retraso según el calendario que le fijó el propio Pacto de Toledo.

Por su parte, la Mesa de Diálogo Social, donde se sientan Gobierno, sindicatos y patronal, tendrá que negociar el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que va a sustituir al factor de sostenibilidad. Los agentes sociales se han dado de plazo hasta el 15 de noviembre para consensuar este mecanismo, que operará a partir de 2027 y que se incluirá como enmienda en el proyecto de ley aprobado en julio. En su reciente entrevista con 65Ymás, Unai Sordo, secretario general de CCOO, aseguraba que aún faltan muchos temas por negociar y que "a partir de septiembre se abre una nueva fase compleja"

En efecto, queda por cerrar la parte más dura de la reforma, con asuntos tan polémicos como la posible ampliación del periodo de cómputo de la pensión, en medio de la incertidumbre creada entre los baby boomers sobre su jubilación. Precisamente, el nuevo factor intergeneracional tiene mucho que ver con las pensiones de la generación del baby boom, ya que el ministro José Luis Escrivá ha insinuado que esta generación tendría que hacer un "esfuerzo" para garantizar la sostenibilidad futura del sistema.

La modificación del régimen de cotización de los autónomos, que deberán contribuir al RETA por sus ingresos reales, se ha quedado fuera de la primera pata de la reforma, pero las negociaciones se retomarán previsiblemente después del verano. El Ejecutivo prevé incluir la modificación en una norma intermedia, aunque el compromiso es que esté aprobada antes del segundo trimestre de 2022.

En cambio, la cláusula de salvaguarda de las pensiones se mantendrá en su regulación actual con carácter indefinido. Otras medidas ya aprobadas por el Gobierno, y que se irán implementando en el último cuatrimestre de 2021, son el desarrollo del reglamento para la inclusión en la Seguridad Social de los becarios, aunque no tengan remuneración (debería estar listo en octubre-noviembre). También se creará la Agencia Estatal de Seguridad Social, en un plazo de seis meses, a contar desde el pasado julio.

Viudedad, baby boom y años para calcular la pensión

Entre las medidas aprobadas ya en la primera pata de la reforma figura la revisión del marco regulador de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho, para equiparar sus condiciones de acceso a las de los matrimonios. Lo que no se ha negociado, y en principio no figura en el calendario de los agentes sociales, es una posible reforma de este tipo de pensiones, que las pueda restringir. Pese a ello, hay estudios, como el realizado por Fedea, que sugieren que de cara al futuro sería aconsejable "repensar la situación" de las pensiones de viudedad.

El Pacto de Toledo, entre sus recomendaciones, aboga por estudiar el incremento de años cotizados para calcular la pensión, que podría subir de los 25 años que se aplicarán a partir de 2022 (ahora se contabilizan 24 años). Según un borrador que se filtró a la prensa y que el Gobierno niega haber trabajado en él, se preveía el aumento de los años cotizados desde los 25 a los 35 años, lo que supondría recortes de hasta el 6% en la pensión. Sin nada concreto en uno u otro sentido, el Ministerio de Seguridad Social prevé abordar esta parte de la reforma a partir de 2022. Los sindicatos, de entrada, se oponen a incrementar el periodo para calcular la bases de cotización, porque generaría un recorte agregado en las pensiones, aunque se incluyeran medidas paliativas. 

Otro runrún permanente que planea sobre las negociaciones es el de las posibles medidas de endurecimiento y/o recorte de pensión de los baby boomers, una generación que engloba a 12 millones de personas en España y que empezará a jubilarse a partir de 2025 (si lo hacen con 65 años) y terminará en torno a 2040. Las consecuencias para el sistema serán tremendas. Economistas, institutos de análisis y analistas financieros llevan años alertando de que el déficit de las pensiones, la deuda y los déficits estructurales se acabarán pagando con impuestos, de los jóvenes principalmente, lo que romperá el carácter contributivo del sistema. 

Septiembre caliente: movilizaciones de pensionistas

Si el ministro Escrivá, el Pacto de Toledo o los agentes sociales no lo remedian, el otoño se presenta caldeado y con movilizaciones por parte de los jubilados anticipados con largas carreras de cotización. Un colectivo de 550.000 personas que reclaman la despenalización que sufren en sus pensiones por haberse jubilado antes de la edad legal, pese a que acumulan más de 40 años cotizados. El detonante de su enfado mayúsculo es el informe del ministro Escrivá en el que se opone a suprimir las citadas penalizaciones y pretende subir a 44 años reales cotizados la nota de corte para hablar de largas carreras de cotización (ahora 40 años).

La asociación mayoritaria de este colectivo, Asjubi40 (@asjubi40), está decepcionada y furiosa por el informe del ministro y asegura que van a seguir luchando: "De ningún modo aceptamos el capotazo que nos quiere dar Escrivá", en palabras de Santiago Menchero, su portavoz. "Es de justicia que, al menos, se nos levanten las penalizaciones al cumplir la edad ordinaria de jubilación, porque ahora sufrimos un recorte eterno que es inhumano".

La frustración de Asjubi40 es mayor si cabe por el agravio comparativo que sienten, ya que el estudio concluye que suprimir las actuales penalizaciones al retiro anticipado pondría en riesgo la salud del sistema de pensiones, debido al fuerte gasto extra anual de 2.700 millones (en euros de 2021). "Nosotros, con más de 40 años cotizados, somos una carga porque nos hemos jubilado antes de la edad legal, aunque la mayoría lo hicimos forzados por estar en paro o haber sufrido un ERE; en cambio, los funcionarios de clases pasivas se pueden jubilar a los 60 años sin recortes", argumentan.

El rechazo al informe Escrivá proviene también de fuentes sindicales. Así, la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT asegura que "no vamos a aceptar que se de marcha atrás en los compromisos que adquirieron con nosotros los partidos políticos y el propio Pacto de Toledo. Está claro que si no cumplen, el colectivo y nosotros con ellos nos movilizaremos". Este sindicato afirma rotundo que "las injusticias hay que corregirlas, no remendarlas".

Por su parte, la Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Prejubilados y Jubilados de Telefónica (Confedetel), avisa de movilizaciones en septiembre, si el ministro Escrivá no mueve ficha. Confedetel exige que se repare la injusticia de quienes se jubilaron de forma involuntaria. Además, debería considerarse el punto de contributividad justa (momento en que el jubilado con su penalización ya ha devuelto el anticipo de la pensión), que se alcanza 6-7 años después de la edad de jubilación ordinaria. Y se opone al umbral de los 44 años que plantea el ministro.

Gran manifestación el 16 de octubre

El próximo día 16 de octubre, pensionistas de todo el país están llamados a llenar las calles de Madrid en una gran manifestación, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), en defensa del sistema público de pensiones, "que está en peligro por las reformas y contrarreformas que están haciendo a través del Pacto de Toledo y los acuerdos vergonzosos a los que se está llegando en la mesa de negociación social, que suponen recortes inadmisibles", según denuncia Damián Rodríguez, portavoz de Coorpen Madrid-Coespe y miembro de la Comisión de Organización Estatal.

Esta gran marcha sobre Madrid también está convocada por Asjubi40. La protesta de los pensionistas se celebrará primero ante el Congreso de los Diputados, para marchar luego hasta la Puerta del Sol. La fecha del 16 de octubre no es aleatoria, se ha escogido porque se cumplen dos años desde el 19 de octubre de 2019, cuando se produjo una multitudinaria manifestación-concentración de miles pensionistas, como culminación de dos marchas que entonces recorrieron el país de norte a sur.