Así queda la reforma de las pensiones (parte 1) que deberá afrontar la jubilación del baby boom

La reforma de pensiones nace coja: aumenta el déficit y traslada el gasto a las generaciones futuras

Pensionistas contra Escrivá: exigen IPC real, blindaje constitucional y pensiones mínimas "decentes"

Subir cotizaciones, un parche: grava más a empresas y jóvenes y no pagará la pensión del baby boom

Las pensiones mínimas se vincularán al SMI y habrá auditoría: los pensionistas ganan un primer pulso

La subida de pensiones con el IPC la acabarán pagando las generaciones futuras, según expertos

El Congreso de los Diputados ha dado por fin vía libre al Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, la primera pata de la reforma que deberá afrontar el fuerte aumento del déficit y del gasto de la Seguridad Social en los próximos años debido sobre todo a la jubilación masiva de la generación del baby boom. Es una reforma pactada en su gran mayoría con los agentes sociales y da cumplimiento a más de la mitad de las 22 recomendaciones aprobadas en el Pacto de Toledo.

Tras su sanción en el Parlamento, se suprimen los aspectos más polémicos de la reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013: España dice adiós al índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba la subida anual de las pagas a un 0,25% en situaciones de déficit, y al Factor de Sostenibilidad, que nunca entró en vigor y será reemplazado por el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Asimismo, se introducen mayores incentivos para retrasar la jubilación de forma voluntaria y se imponen nuevos coeficientes reductores a las jubilaciones anticipadas; ambas medidas tienen como objetivo acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal (los 67 años en 2027).

Con este primer paquete de medidas, acordadas con los sindicatos CCOO y UGT y en su mayor parte también con CEOE y Cepyme (la patronal apoya todo excepto el MEI), se revalorizarán las pensiones en función de la tasa de inflación media anual. Si el dato de IPC fuera negativo, las pagas no sufrirían recortes. Como resultado, el próximo enero, las pensiones subirán un 2,5%, lo que tendrá un coste de unos 4.300 millones de euros para el sistema.

Una de las medidas más polémicas es el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional, introducido a última hora en el proyecto de Ley vía enmienda, y que impone una subida de cotizaciones sociales del 0,6% a partir de 2023 y durante diez años, para rellenar la hucha de las pensiones. La patronal se ha negado a apoyarlo, aunque ha salido adelante con el consenso de los sindicatos. 

Estas son las claves de la reforma:

Revalorización de la pensión según el IPC

La principal novedad con impacto en el bolsillo del pensionista es que las pagas se vuelven a revalorizar según el Índice de Precios de Consumo (IPC) para garantizar que no pierden poder adquisitivo. Se cumple así la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, de forma que el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en los doce meses previos. Las pagas no sufrirán merma alguna aunque la inflación sea negativa. 

La reforma establece que este nuevo mecanismo de revalorización será evaluado cada cinco años en el marco del diálogo social. El Gobierno calcula que vincular las pensiones al IPC tendrá un impacto financiero de 2,5 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) entre los años 2048 y 2050, que es cuando el gasto en pensiones sobre PIB alcanzará su máximo, debido a la jubilación del baby boom.

Jubilación anticipada: recortes sobre la cuantía 

En el caso de la jubilación anticipada voluntaria, los coeficientes reductores de la pensión serán mensuales (ahora trimestrales), y únicamente habrá periodos transitorios de aplicación de los mismos en el caso de las pensiones máximas. El Gobierno sostiene que, en la mayoría de los casos, estos coeficientes serán más bajos, a cambio de retrasar dos meses el anticipo de la jubilación.

Algunos ejemplos de las nuevas penalizaciones que se aplicarán desde 2022: para quienes tengan cotizados menos de 38 años y 6 meses, adelantar su jubilación 24 meses supondrá una reducción en su pensión del 21%- 3,26% (1 mes antes); para los que tengan más de 38 años cotizados y 6 meses, pero menos de 41 años y 6 meses, la reducción máxima será del 19% (24 meses) y la mínima del 3,11% (1 mes).  Por su parte, el coeficiente reductor pasará a ser del 17% si quienes tienen más de 41 años y 6 meses cotizados, pero menos de 44 años y 6 meses, se jubilan dos años antes. Si lo hacen un año antes, la reducción será del 2,96%. Por último, los que tengan más de 44 años y medio cotizados tendrán una reducción del 13% por jubilarse dos años antes y del 2,81% un mes antes.

Se contempla una excepción: si a la hora de acceder a la jubilación voluntaria el trabajador está percibiendo el subsidio por desempleo durante tres meses, los coeficientes serán los de la jubilación anticipada involuntaria. Y una modificación muy relevante: los coeficientes reductores pasan a aplicarse sobre la cuantía de la pensión, no sobre la base reguladora, como rige en estos momentos, y siempre respetando la limitación máxima. Cuando la pensión supere el límite establecido para el importe de las pensiones, los coeficientes se aplicarán gradualmente: en un plazo de diez años, desde el 1 de enero de 2024.

El proyecto de Ley modifica además la solicitud de la jubilación anticipada por razón de la actividad y también varía la regulación de la jubilación anticipada involuntaria (no imputable al trabajador), permitiendo nuevos supuestos, entre ellos, el despido por rechazar un traslado que implique cambio de residencia o tras una modificación sustancial de condiciones de trabajo.

En los dos años inmediatamente previos a la edad de jubilación ordinaria, se aplicarán en determinación de la pensión de jubilación anticipada involuntaria los mismos coeficientes que en la modalidad voluntaria en aquellos supuestos en los que el nuevo coeficiente es más favorable que el que había hasta ahora.

Respecto a las jubilaciones anticipadas por razón de actividad, se modifica el procedimiento de solicitud y se precisan más detalles de la peligrosidad y penosidad.

Anticipada para Mossos y Policía Foral de Navarra. En virtud del pacto del Gobierno con Esquerra Republicana (ERC) y Bildu, vía enmiendas transaccionales a los Presupuestos Generales del Estado para 2022, se rebaja a los 59 o 60 años la edad de jubilación de los Mossos d'Esquadra y la Policía Foral de Navarra, respectivamente, equiparándose así al régimen que se aplica a la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza en el País Vasco.  Así, se acorta la edad ordinaria exigida para el acceso a la pensión de jubilación "en un periodo equivalente al que resulte de aplicar el coeficiente reductor del 0,20 a los años completos trabajados".

Más incentivos para retrasar el retiro

El objetivo del ministro Escrivá es acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal (los 67 años en 2027), de manera voluntaria. Para ello, esta reforma introduce la exoneración de cotizar por contingencias comunes a partir del cumplimiento de la edad de jubilación que corresponda a un trabajador y, por cada año de retraso, se podrá bien obtener un porcentaje adicional del 4%, una cantidad a tanto alzada en función de la cuantía de la pensión o una combinación de ambas.

Para acceder a la jubilación activa se exigirá al menos un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. Esta modalidad se revisará en el mercado del diálogo social en un plazo máximo de 12 meses. Es una de las modalidades que permite compatibilizar el cobro de la pensión con el trabajo remunerado. El 85% de las personas que tienen reconocida esta modalidad de jubilación son trabajadores autónomos.

Con el fin de favorecer la permanencia en el mercado laboral de trabajadores de más edad, se establece una reducción del 75% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de los trabajadores que hayan cumplido 62 años.

Se prohíbe la jubilación forzosa con menos de 68 años

A partir de la entrada en vigor de la reforma, se prohíben las cláusulas de jubilación forzosa para trabajadores de menos de 68 años En los convenios suscritos con anterioridad, estas cláusulas podrán ser aplicadas hasta tres años después de la finalización de la vigencia inicial pactada para el convenio. Excepcionalmente, el límite de edad establecido (menos de 68 años) podrá rebajarse hasta la edad legal ordinaria de jubilación cuando la tasa de ocupación de las trabajadoras en las actividades económicas del ámbito funcional del convenio sea inferior al 15% de las personas ocupadas y siempre que se cumplan varios requisitos.

Traspaso de gastos impropios al Estado

El Estado renueva su compromiso como garante público del sistema de pensiones y el Gobierno realizará una transferencia todos los años a través de los Presupuestos Generales del Estado del entorno del 2% del PIB.

Se aprueba transferir al Estado los gastos impropios de la Seguridad Social para culminar la separación de fuentes de financiación. De momento, el pago de casi 18.000 millones de euros (entre los que está la financiación de 7.075 millones de complementos a mínimos; 2.772 millones de pensiones no contributivas y 4.471 millones de otras prestaciones o 3.000 millones del ingreso mínimo vital).

Cotización de becarios

Se procederá al desarrollo reglamentario con el que se garantice la cotización efectiva al sistema de Seguridad Social de las personas que realicen una práctica formativa, aunque no tenga carácter remunerado, de cualquiera de las siguientes modalidades: todas las prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación; prácticas no laborales en empresas; prácticas académicas externas.

Se aplicará a estas prácticas una reducción del 75% en la cotización a la Seguridad Social financiado desde los Presupuestos del Estado.

Nace el MEI: subida del 0,6% de cotizaciones por 10 años

Aunque el Gobierno prefiere llamarlo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la patronal CEOE y Cepyme y los expertos lo denominan incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social para rellenar la hucha de las pensiones. El aumento se anuncia como temporal, del 0,6% durante diez años (entre 2023 y 2032), y las empresas correrán con un 0,5% de ese aumento, mientras que los trabajadores verán disminuida su nómina en un 0,1%.

El MEI ha sido avalado en la Comisión de Trabajo, Inclusión y Seguridad Social del Congreso de los Diputados, con votos del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu y Compromís, mientras que PP, Vox, Ciudadanos y la CUP han votado en contra. 

En la citada Comisión se aprobó también la plena igualdad de acceso a la pensión de viudedad por parte de las parejas de hecho, extendiéndola además a todos los supuestos en los que la persona beneficiaria no tenga reconocida el derecho a otra pensión contributiva.

Se vinculará (falta detallar) pensión mínima y SMI

La reforma de pensiones obliga al Gobierno por ley a revisar los criterios para determinar la cuantía de las pensiones mínimas, con el objetivo de garantizar su suficiencia, en cumplimiento de la Constitución y lo que marca la Carta Social Europea. En el plazo de un año, deberá acometer las modificaciones normativas necesarias para establecer reglas relativas a la evolución de las pensiones mínimas que tengan en cuenta la evolución del salario mínimo interprofesional, garantizando la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.

Se trata de un compromiso ambiguo, pues no detalla la relación exacta entre pensión mínima y salario mínimo, y además incluye la coletilla de "garantizando la sostenibilidad financiera" del sistema de la Seguridad Social. Es decir, la relación entre paga mínima y SMI no tiene por qué ser necesariamente equivalente, sino en una proporción que se determinará, presumiblemente, a través de acuerdos en la Mesa de Diálogo Social (entre Gobierno, sindicatos y patronal).

Auditoría de la Seguridad Social

Tras su paso por la Comisión de Trabajo, Inclusión y Seguridad Social del Congreso de los Diputados, el Gobierno se ha visto obligado a incluir en la reforma de las pensiones la realización de una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social desde el año 1967, para determinar qué gastos contributivos y no contributivos se han pagado usando las cotizaciones de los trabajadores. 

Auditar las cuentas del sistema es una reivindicación de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), que incluso abrió una petición en Change.org. para forzar al Ejecutivo a clarificar por qué y cómo se ha ido vaciando el Fondo de Reserva.  "Entre 1989 y 2013 España gastó más de 103.690 millones de euros que pertenecían a la hucha de las pensiones a otras cuestiones. Fue una práctica aparentemente legal pero incorrecta que hizo desaparecer los excedentes de cotizaciones que hoy debían nutrir esa hucha de las pensiones tan esquilmada en épocas de paro y crisis como la que hoy vivimos", reclaman desde Coespe.

Plus para jubilados anticipados con largas carreras 

El proyecto de Ley incluye también el pago de un complemento para los jubilados anticipados con largas carreras que sufren penalizaciones eternas en sus pensiones, siempre y cuando ganen menos de 900 euros mensuales (para quienes tengan más de 40 años cotizados) y asimismo para quienes acrediten 44 años y seis meses de cotizaciones a la Seguridad Social.

Un complemento aprobado a última hora, que sin embargo no satisface en absoluto a la asociación Jubilación Anticipada sin penalizar con 40 años o más cotizados, Asjbubi40, que denuncia que "el complemento para largas carreras es un gran mentira, no lo va a recibir casi nadie", y exige al Gobierno que informe del número de beneficiarios de ese complemento para las largas carreras de cotización, así como de los importes de las percepciones.

Lo más 'duro' de la reforma queda para 2022

-Cotización de los autónomos por sus ingresos reales

Se reformará el sistema de cotización de los autónomos a la Seguridad Social, que pasarán a tributar por sus ingresos reales. En el primer trimestre se determinarán los tramos de renta y el plazo de entrada en vigor de los cambios. En un principio, se habían esbozado 13 tramos de ingresos reales, que el autónomo podría modificar hasta seis veces al año. El ministro calcula que en torno a dos de cada tres trabajadores autónomos podrían ver reducida su cotización ya que declaran rendimientos por debajo de la base mínima actual. 

-Destope de las pensiones: aumento de base y pensión máxima 

Para la segunda mitad de 2022, el Ministerio quiere tener acordado con los agentes sociales el destope de las pensiones, de forma que se incrementará el máximo actual de base de cotización y también variará lo máximo que se puede cobrar de pensión. Por el momento, la cuantía de las pagas está topada en 2.707 euros mensuales, y la mayor base de cotización se sitúa en 4.070 euros al mes.

-Polémico aumento del periodo de cálculo de las pensiones

Aunque el ministro Escrivá ha negado varias veces que se vaya a aumentar de modo generalizado el periodo de cálculo para determinar la cuantía de la pensión (en 2022 se tendrán en cuenta los últimos 25 años cotizados), esta posibilidad de da por probable, después de que la Comisión Europea publicara el memorándum de compromisos adquiridos por España. El Ministerio estaría trabajando en la posibilidad de ampliarlo a 35 años, lo que recortaría las pensiones futuras.

De momento, lo único admitido por el ministro es que se estudia "adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación". Una legislación que entraría en vigor a finales de 2022, y en la que se contemplan dos medidas: mejorar el sistema de integración de lagunas de cotización y que el trabajador pueda seleccionar los mejores años cotizados a la Seguridad Social.

-Planes de pensiones de empleo y superfondo público

Escrivá está decidido a impulsar los sistemas de pensiones de empleo, en detrimento de los sistemas de ahorro individual. Durante 2021, ya ha recortado de manera  drástica el incentivo fiscal de las aportaciones a planes individuales, que han bajado a 2.000 euros anuales (desde los anteriores 8.000 euros), y en 2022 le propinará otro hachazo, ya que solo se podrán deducir 1.500 euros en el plan individual.

En 2022 se espera una revolución de la previsión complementaria, ya que nacerán los nuevos fondos de pensiones de empleo con garantía pública y los planes de empleo simplificados, a los que se podrán acoger autónomos, pymes, microymes y funcionarios. Tendrán comisiones máximas del 0,3%.

-Agencia Estatal de la Seguridad Social

Se redactará una nueva Ley para crear esta Agencia Estatal, cuyo objetivo es modernizar la administración de la Seguridad Social.