Los asuntos pendientes de Escrivá: destope, sistema de cómputo, planes de empleo y jubilación activa

Escrivá confirma el destope de la pensión máxima

Expertos alertan: elegir los 25 mejores años para la pensión perjudica al sistema

Los polémicos planes de pensiones de Escrivá siguen adelante, criticados

La primera pata de la reforma de las pensiones quedó cerrada en 2021 con la publicación en el BOE de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. Para 2022 queda la segunda parte, con varias medidas complicadas y polémicas, que tienen fecha de negociación (y hasta aprobación) autoimpuesta por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, para dar cumplimiento a las recomendaciones del Pacto de Toledo y, aún más importante, para satisfacer el compromiso con la Comisión Europea. Recordemos que la reforma del sistema de pensiones es una de las exigencias de Europa para conceder los fondos de ayuda a España.

Tal y como consigna el Gobierno en su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y recoge el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en el documento explicativo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional y otros elementos de la reforma del sistema de pensiones (presentado en el Congreso de los Diputados el 18 de noviembre de 2021), estas son las reformas de las pensiones pendientes de aquí a finales de año:

1. Periodo de cómputo para calcular la pensión

Anunciada por el Ministerio como "adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación", se trata de una de las negociaciones que más ampollas levantará, ya que, de entrada, suscita los recelos de asociaciones y movimientos de pensionistas, y los sindicatos UGT y CCOO han advertido de que se opondrán, si significa extender el periodo de cómputo más allá de los actuales 25 años sin contrapartidas.

Con todo, Escrivá tiene como meta el negociar en la segunda mitad de 2022 con los agentes sociales (empresarios y sindicatos) posibles modificaciones en el sistema de cómputo (actualmente se cuentan los últimos 25 años cotizados), según ha confirmado en una reciente entrevista con el periodista Manuel Campo Vidal, durante la jornada inaugural del V Encuentro Economía Senior. La medida aparece reflejada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y figura asimismo en el documento Operational Agreements firmado por España con la Comisión Europea.

"Hay que repensar el sistema de cómputo de la pensión para tener en cuenta las nuevas realidades laborales, por ejemplo, de aquellas personas cuyos últimos años no son precisamente los mejores en cuanto a ingresos. A lo mejor, para esas personas, conviene extender el periodo de cálculo de la base reguladora, o trabajar en las lagunas de cotización que pueden tener en esos años, o permitir que la persona excluya del cómputo los peores años. Hay distintas soluciones que llevaremos en los próximos meses a la discusión con los agentes sociales", ha detallado.

El objetivo del ministro es, según sus propias palabras, "reforzar la contributividad del sistema de pensiones y hacerlo más equitativo en un contexto de mayor heterogeneidad de carreras en el mercado laboral actual".

2.- Destope de pensión y de bases de cotización

Escrivá planteará próximamente a los agentes sociales sus propuestas para aumentar las bases máximas de cotización e incrementar asimismo las pensiones máximas, manteniendo la contributividad del sistema. Es decir, se va a destopar la pensión. Con ello, la legislación española se armonizaría a lo que es la práctica que existe en otros países europeos. Nuestro país tiene una cotización máxima de poco más de 48.000 euros; en Francia están alrededor de los 80.000, a ese nivel están Alemania, Italia…

Según los sindicatos UGT y CCOO, mediante el destope de la paga máxima, la Seguridad Social recaudará más, por lo que se trataría de una medida positiva.

Sin embargo, existe una cara oculta, según alertan varios expertos, ya que el destope o posible doble destope no debería de efectuarse de una manera inmediata o, al menos, debería hacerse con cautela, ya que para algunas empresas puede suponer un aumento importante del coste laboral y, al mismo tiempo, conllevar una disminución del salario neto de los afiliados por la parte de cotización a la Seguridad Social que les corresponde.

3.- Cotización de autónomos por sus ingresos reales

El nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos por sus ingresos reales se está discutiendo en la mesa de diálogo social. desde hace meses, empantanado, sin que haya un acuerdo, ni siquiera entre las distintas asociaciones de autónomos. 

Entre las últimas ofertas del Ministerio figuraban una serie de cuotas, por ejemplo, que los autónomos con ingresos netos inferiores a 700 euros tendrían que pagar una cuota mensual de 202-204euros. A continuación, habría un segundo tramo para los rendimientos netos de entre 700 a 900 euros, con una cuota de 244 euros. El tercer tramo, para los autónomos con rendimientos de entre 800 y 1.125 euros, fija cuotas de 264 euros e incluye a los autónomos colaboradores y a los autónomos societarios cuyos rendimientos no superen los primeros tramos de ingresos.

Para empleados por cuenta propia que generen entre 1.125 euros y 1.300 euros sería el cuarto tramo, con cuota de 290 euros al mes, mientras que en el quinto tramo, para los rendimientos de entre 1.300 y 1.500 euros, la cuota queda en 382 euros. Los siguientes tramos (del sexto al undécimo se mantienen como antes) y se introduce el ya citado tramo 12, para quienes tengan rendimientos de 3.620 euros en adelante, que pasarían a cobrar 1.123 euros al mes.

Sin acuerdo, a finales de abril de 2022, Escrivá pidió a las asociaciones de autónomos que acerquen posiciones sobre sus propuestas para el nuevo sistema de cotización, ya que "están en situaciones muy divergentes todavía" y el Ministerio busca que este acuerdo "tenga el máximo consenso posible". Insistió en que su postura es la de negociar y aproximar posiciones. "Intentamos un punto de equilibrio entre posiciones de distintas asociaciones que nos gustaría que convergieran más de lo que lo están haciendo hasta ahora", aseguró el ministro.

Mientras tanto, los autónomos exigen aplazar a 2025 la reforma del RETA y la subida de cotizaciones, y la organización mayoritaria, ATA, denuncia la "situación insostenible" de uno de cada tres autónomos por los precios disparados con la espiral inflacionista que vive España.

4.- Ley de planes de pensiones de empleo

El proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, impulsado por el ministro José Luis Escrivá, está un paso más cerca de ser realidad y continúa adelante en su tramitación en el Congreso de los Diputados, una vez sorteado el primer obstáculo, que era la enmienda de totalidad presentada por el BNG (y apoyada por Esquerra Republicana, EH-Bildu, Más País-Equo, la CUP y Compromís). Ahora se halla en plazo para presentar enmiendas por parte de los grupos, algunas de las cuales el Gobierno puede verse obligado a aceptar para sacar adelante la ley.

PROYECTO DE LEY DE PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO

"Nos dará por fin un marco de desarrollo de los planes complementarios de empleo, dependientes de la negociación colectiva, que debería estar en funcionamiento en la segunda parte de 2022", detallaba Escrivá durante su entrevista con Campo Vidal.

Los nuevos planes tienen como objetivo que los autónomos, trabajadores de pequeñas y medianas empresas, funcionarios y rentas medias y bajas puedan acceder a estos instrumentos de ahorro para la jubilación. En la actualidad, únicamente un 10,2 %de los trabajadores cuenta con un plan de empresa. Implica el nacimiento de dos nuevos instrumentos:

-Fondos de pensiones de empleo de impulso público, bajo el control del Gobierno pero con gestoras privadas que serán seleccionadas mediante concurso público. El aliciente serán las comisiones bajas, en torno al 0,3%.

-Planes de pensiones de empleo simplificados, dirigidos a pymes, empresas públicas y autónomos, cuya creación depende de la negociación colectiva y donde el convenio del sector es clave: bastará con que la pyme o autónomo se adscriba al plan simplificado de su sector.

Inverco, Unespa, empresas, expertos y organizaciones de autónomos los critican con dureza y aseguran que la Ley nace coja, ya que no cuenta con el respaldo de los agentes sociales y además, para su fomento, el Gobierno ha propinado un hachazo a los planes individuales, cuando ambos sistemas son compatibles. Asimismo, denuncian los incentivos fiscales insuficientes tanto para los asalariados (reducción de la base en el IRPF de un máximo de 10.000 euros anuales, juntando plan de empleo e individual) como para los autónomos (tope de 5.750 euros deducibles al año) y las empresas, cuyo incentivo será el de no cotizar a la Seguridad Social por las contribuciones que hagan, pero con el límite de 115 euros al mes por empleado (o 1.380 euros al año).

5.- Jubilación activa y parcial: compaginar pensión y empleo

Durante una reciente entrevista concedida con motivo del V Encuentro de Economía Senior, Escrivá avanzó que, tras haber incentivado la jubilación demorada con una compensación que puede llegar hasta los 12.000 euros por año de retraso en el retiro –dependiendo del nivel de cotización–, "es momento de introducir incentivos en el ámbito de la jubilación activa y la parcial".

Esto significa que trabajará para fomentar estas dos modalidades de jubilación, que permiten compatibilizar el empleo con el cobro de parte de la pensión.

La fórmula de la jubilación activa ya existe, pero es escasamente utilizada por los trabajadores por cuenta ajena, debido a la falta de incentivos y a que precisa el acuerdo con la empresa para mantener al empleado más allá de la edad ordinaria de retiro. La jubilación activa es utilizada sobre todo por los autónomos, que además tienen el aliciente de que pueden cobrar el 100% de la pensión si contratan al menos a un empleado.

Escrivá ha avanzado que la jubilación activa estará dentro del segundo paquete de negociación con los agentes sociales para este año. "Nos quedaba incidir en esta jubilación activa, compatibilizar pensión y trabajo. Vamos a trabajar con los representantes de los sindicatos y la patronal. Cuando tengamos el tema madurado, lo elevaremos".

6.- Creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social

El proyecto de creación de la Agencia de la Seguridad Social, para modernizar y hacer más eficiente la administración, era una iniciativa comprometida para 2019 por el entonces secretario de Estado, Octavio Granado, que se quedó en nada. De hecho, era una reforma que “en 2011 nos planteamos como virtud y hoy es una necesidad” al contar con un 23% menos de empleados, explicaba Granado.

Ahora parece más cerca de convertirse en realidad, ya que la Ley de reforma de las pensiones, en vigor desde el 1 de enero de 2022, contempla la creación de una Agencia Estatal de la Seguridad Social, encargada de modernizar el sistema de Seguridad Social y mantener su equilibrio. El propio ministro Escrivá incluye esta iniciativa como uno de sus deberes para la segunda mitad de año.

En la actualidad, la Seguridad Social es administrada por varias entidades gestoras: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que gestiona las prestaciones  de jubilación, incapacidad, viudedad, etc., además de reconocer el derecho a la asistencia sanitaria; el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), sucesor del antiguo Instituto Nacional de la Salud (INSALUD); el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), que gestiona las pensiones de invalidez y de jubilación de la modalidad no contributivas; el Instituto Social de la Marina (ISM) en aquellos ámbitos relativos a la gestión del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

Además, existen servicios comunes, como la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), encargada de realizar la inscripción de las empresas; afiliación, altas y bajas de los trabajadores; control de la cotización y de la recaudación de las cuotas, etc.; la Gerencia Informática o el Servicio Jurídico de la Seguridad Social, entre otros.

7.- Mejores coeficientes para personas con discapacidad

La Ley de reforma de las pensiones obliga al Gobierno a modificar los coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores con discapacidad, según establece la Ley 21/2021, de 28 de diciembre. De hecho, el Ministerio se comprometió a remitir a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, en el plazo de seis meses, un informe sobre los aspectos relacionados con la protección social de las personas con discapacidad. El plazo de seis meses acaba en junio de 2022. 

Se prestará una atención particular a los problemas que afecten al colectivo de personas con discapacidad que presentan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo como las personas con parálisis cerebral, con trastorno de la salud mental o con discapacidad intelectual, incluidas las personas con trastorno del espectro del autismo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, así como las personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%.