El Congreso respalda las recomendaciones del Pacto de Toledo para reformar las pensiones
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Tal como estaba previsto, el Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el informe del Pacto de Toledo, que los miembros de la Comisión habían acordado el pasado 27 de octubre, lo que significa que el Gobierno tiene vía libre para empezar a legislar la nueva reforma de las pensiones. Asimismo, como también estaba previsto, el Pleno del Congreso ha rechazado todos los votos particulares presentados por algunos partidos en los que defendían medidas que no han logrado el consenso político y, por tanto, se quedan fuera de la próxima reforma de las pensiones.
Por el camino del Pacto se ha quedado la propuesta de realizar una auditoría profunda de la Seguridad Social, que ERC ha planteado en uno de sus votos particulares, criticando que el Pacto de Toledo no recoja el "saqueo" del Estado a la Seguridad Social durante años y exigiendo una auditoría del Fondo de Reserva, para saber en qué se emplearon los recursos excedentes de las cuentas de la Seguridad Social antes del año 2000.
La auditoría es también una reivindicación de las plataformas de pensionistas que forman COESPE (@CoespeOficial) , y que se sienten decepcionadas. “No estamos de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo. Han obviado la denuncia de COESPE sobre la petición de una auditoría a la Seguridad Social que promueva la devolución del dinero perteneciente a la hucha de las pensiones que se ha utilizado para otros fines”, critica María Ángeles Poveda, portavoz estatal de Jóvenes Pensionistas (@JovenPensionist), quien además recuerda que en el texto aprobado “tampoco mencionan la revalorización de las pensiones mínimas, cuestión que nos preocupa de forma especial, más en estos momentos de crisis, y su equiparación a las recomendaciones de la Carta Social Europea”.
Ni mejoras fiscales a planes privados ni mochila austriaca
Entre las iniciativas para cambiar el sistema de pensiones, que no han salido adelante, figuran el intento de mejorar los incentivos fiscales a los sistemas de ahorro complementarios a las pensiones, tanto de empresa como individuales, pidiendo ex profeso que no se redujeran ni eliminaran las desgravaciones de que ahora gozan los planes de pensiones individuales. Esto lo había planteado el PP en su voto particular (así lo había adelantado a 65YMás el portavoz popular en la Comisión del Pacto de Toledo, Tomás Cabezón), pero tampoco ha sido ratificado.
Imposible ha sido el acuerdo entre los grupos políticos para legislar incentivos fiscales a la jubilación activa, que reclamaba Ciudadanos, ni se ha logrado un consenso para avanzar hacia la implantación del sistema de la mochila austriaca, que la formación naranja ha defendido en varias ocasiones, un sistema de aseguramiento (o indemnización) del despido con el que las empresas aportan cada mes una cierta cantidad a cuentas individuales de sus trabajadores. Este dinero se puede rescatar en caso de despido y en la jubilación.
“El Pacto de Toledo debería haber incluido la mochila austriaca, como uno de los elementos que puede mejorar tanto la problemática del empleo como de la suficiencia de las pensiones de jubilación”, explica Enrique Devesa, miembro del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia y doctor en Economía por la Universidad de Valencia. Este experto en pensiones lamenta que "no haya ninguna referencia al análisis (no hablo ya de implantación) de un sistema de cuentas nocionales individuales para España. Al seguir anclados en un sistema del siglo pasado vamos a estar expuestos a un continuo parcheo para intentar solucionar los importantes problemas de todo tipo que tiene actualmente el sistema de pensiones español, y que se resolverían muy fácilmente con un sistema de cuentas nocionales”.
Faltan mecanismos de ajuste y medidas evaluables
En parecido sentido, Rafael Doménech (@rdomenechv), responsable de Análisis Económico de BBVA Research, estima que “las recomendaciones evitan realizar propuestas concretas y de calado sobre cómo asegurar la sostenibilidad del sistema a largo plazo o introducir mecanismos de ajuste automático, que garanticen el equilibrio ante cualquier escenario de evolución demográfica o económica en el futuro”. Además, considera insuficientes las dos recomendaciones más importantes para tratar de reducir el aumento del déficit: trasladar gastos impropios al Estado y acercar la edad efectiva de jubilación a la legal".
Entre las medidas ausentes del Pacto, José Antonio Herce (@_Herce), economista experto en pensiones, socio fundador de LoRIS, lamenta que "ideas interesantes sobre la prolongación de la vida laboral, como la jubilación activa que planteaba Ciudadanos, no se haya tenido en cuenta. También habría sido positivo incidir en el fomento de los planes de pensiones individuales y de empleo". En su opinión, el informe aprobado este jueves en el Congreso "presenta muy pocas recomendaciones que sean evaluables en términos económicos o en términos numéricos. Y ya veremos si se traducen en ley, quién va a hacer esa evaluación, porque si la hace el Ministerio de Seguridad Social, se va a llevar la sorpresa de que el sistema va a ser menos sostenible, no sé si más suficiente para cada uno de los pensionistas, y tampoco no sé si más equitativo".
Para Herce, España necesita una reforma sustancial de las pensiones. "Con las 21 recomendaciones aprobadas, después de cuatro años, mucho me temo que no se ha conseguido escorar el buque de la Seguridad Social hacia la sostenibilidad", afirma.
Por su parte, Rafael Moreno, presidente del Instituto de Actuarios Españoles (@IAE1959) señala que "un amplio consenso político en la Comisión del Pacto de Toledo y en el propio Congreso es una buena noticia siempre, pero tenemos que ir más allá de donde hoy estamos. La profesión actuarial defiende un sistema de previsión social basado en el sistema de Seguridad Social (público y de reparto puro) como principal fuente de ingresos, que garantice pensiones adecuadas, periódicamente actualizadas y justas, y convenientemente complementado por medio de un sistema de previsión empresarial y de sistemas individuales, como defiende la propia Comisión Europea".
En este sentido, Moreno recuerda que, adicionalmente, existen otros pilares como las hipotecas inversas y figuras afines, así como vehículos que canalizan ahorro finalista derivado del consumo, cuya potenciación debería abordarse para que sirvan efectivamente como complemento adecuado, también, de las pensiones públicas".
Quedan fuera reglas para subir las pensiones mínimas
Magdalena Valerio, presidenta del Pacto de Toledo, junto a Ana Oramas, miembro de la Comisión.
El informe final del Pacto de Toledo, que es la guía política para reformar las pensiones, tampoco incluye las propuestas de ERC y EH Bildu, que defienden subir las pensiones mínimas, que tengan como referencia el 90% del salario mínimo y regresar a los 65 años como edad legal de jubilación. Estos grupos reclaman que se derogue el factor de sostenibilidad ligado a la esperanza de vida (ahora suspendido temporalmente), destopar las bases máximas de cotización, eliminar los incentivos fiscales a los planes de pensiones privados, derogar la ampliación de 15 a 25 años del periodo de cálculo de las pensiones. También insisten en que se conceda el 100% de la pensión a las personas con 35 o más años cotizados, que hayan sido excluidos del mercado laboral y deban jubilarse involuntariamente. Como sus votos particulares han sido rechazados por el Congreso, todas estas propuestas se quedan fuera del pacto por las pensiones.
Sobre el destope de las bases máximas, Julián Gutiérrez del Pozo, secretario general de Pensionistas de CCOO (@pensCCOO), considera que es fundamental que se incluya en la próxima reforma de las pensiones, "como una vía para que entren más ingresos en el sistema y para que los trabajadores coticen realmente por lo que ganan, ya que hoy en día, partir de 48.000 euros anuales, todo lo que exceda de esa cantidad, ya no cotiza a la Seguridad Social". Para Gutiérrez, "hay que luchar además expresamente para eliminar la brecha de género y que deje de existir una diferencia de 400 euros al mes a favor de los hombres que se da actualmente", resalta.
Finalmente, no ha habido consenso para eliminar las penalizaciones a toda persona jubilada de forma anticipada que haya cotizado 40 años o más, que pedían en sus votos particulares Más País y Compromís. Ambos grupos defienden la fijación de una nueva pensión en función de su base contributiva y los años cotizados. La Cámara Baja ha rechazado estas iniciativas.