Los autónomos con deudas, más cerca de poder cobrar su pensión

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Aunque de momento es solo una Proposición No de Ley, los autónomos están más cerca de lograr una de sus reivindicaciones históricas, después de que este martes, el Congreso de los Diputados haya aprobado la creación de un grupo de trabajo para estudiar que aquellos profesionales que tengan contraídas deudas con Hacienda o con la Seguridad Social puedan cobrar su prestación de jubilación y también disponer de unas condiciones más flexibles, de forma que puedan ponerse al día con el pago de las cuotas adeudadas.

La Proposición No de Ley, presentada por el Partido Popular, ha salido adelante con los síes del PP, Esquerra Republicana y Coalición Canaria, en tanto el PSOE, Sumar, Junts y Vox se han abstenido en la votación.

Hay que recordar que el artículo 47 de la Ley General de la Seguridad Social establece la obligación de estar al corriente de pago de las cotizaciones para acceder a cualquier prestación. Esto significa que un trabajador autónomo que mantenga alguna deuda con la administración no pueda empezar a cobrar su pensión, al margen de los años que tenga cotizados. Por eso, el Parlamento insta al Gobierno a constituir, con carácter urgente, un grupo de trabajo que realice propuestas para permitirles hacer frente a las deudas y, al mismo tiempo, percibir una pensión digna.

Acabar con la "indefensión"

En la presentación de su iniciativa en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular ha subrayado que los autónomos que no acceden a la jubilación, por tener deudas con la Administración, padecen una gran indefensión, a pesar de haber estado muchos años cotizando, y tampoco poseen ingresos para abonar las cuotas adeudadas.

Los populares argumentan asimismo que esa situación representa también un perjuicio para la Seguridad Social, puesto que deja de percibir el importe adeudado por el autónomo, por la "rigidez de la legislación". "Se trata de un requisito que, de no ser matizado, puede resultar injusto", apostilla el partido.

El PP también denuncia que, cuando una empresa se encuentra en una situación de insolvencia legal (concurso de acreedores), que impide el abono de las cotizaciones sociales, los trabajadores asalariados mantienen intacto su posterior derecho a la percepción de la pensión de jubilación, mientras que a los autónomos titulares del negocio se "les priva totalmente de esta posibilidad".