Reforma de las pensiones: los 'baby boomer' son los más beneficiados, con la mayor tasa de reemplazo

Reforma de las pensiones: las medidas que faltan por llegar y por implantar

Reforma de las pensiones: a quién beneficia y quiénes salen perjudicados

Nuevas pensiones: así se calcularán cada año, hasta llegar a los últimos 29 cotizados

El Banco de España, la AIREF, BBVA Research, el Instituto de Actuarios o FEDEA son algunos de los organismos que ponen serias objeciones a la segunda fase de la reforma de pensiones, en vigor desde el 1 de abril de 2023 en su mayor parte. A estas voces críticas se ha sumado el Instituto Santalucía (@santalucia_inst), con su reciente informe La reforma del sistema público de pensiones en 2022 y 2023, elaborado por el economista Miguel Ángel García (@magarciadiaz), profesor colaborador de Economía aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos e investigador asociado en FEDEA.

Uno de los grandes peligros que detectan es el "muy importante aumento del gasto en pensiones", que pasará desde el 12,3% del PIB en 2019 al 16,5% en 2050, para mantener "la tasa de reposición más alta de la Unión Europea en la pensión de entrada, y garantizar su poder adquisitivo durante la vida del perceptor", remacha esta investigación.

En la actualidad, la tasa de reemplazo en España es del 89%, según el informe de la OCDE Pensiones de un vistazo (Pensions at a glance 2021), porcentaje que representa un notable aumento frente al 83% existente en 2019, y es muy alto si lo comparamos con la media de la Unión Europea (algo más del 66%) o el promedio de la OCDE (62%).

Además, el sistema español continuará proporcionando una elevada tasa de reposición, incluso a las carreras de cotización cortas.

TASA DE REEMPLAZO EN ESPAÑA: 89% 

En contrapartida, "la actual y siguientes generaciones deberán pagar más para conseguir la misma pensión, reduciendo su renta disponible (vía salario y menor empleo). Además, la subida inicial de cotizaciones estará acompañada de otras posteriores, al aplicarse la cláusula de cierre del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)", explica Miguel Ángel García a 65YMÁS. El autor del informe critica que se ha preferido asegurar la suficiencia de las pensiones, "en detrimento de la equidad personal y e intergeneracional, pese a lo cual, harán falta nuevas medidas para afianzar la estructura de ingresos y/o reducir los gastos, incluso tan pronto como en 2025".

La amenaza de otra subida de cotizaciones en 2025

Para sostener el sistema público de pensiones que dibuja la reforma se necesitarán muchos más recursos, de hecho, García asegura que estos mayores ingresos "recaerán sobre todos los trabajadores, y no solo los de rentas superiores a 55.000 euros anuales", como sugieren el Ministerio y los sindicatos que han suscrito el contenido del Real Decreto-ley 2/2023.

Asimismo, al decir de este experto en Seguridad Social, otra amenaza velada es que la reforma incluye una cláusula del MEI, que se activará si hay menores ingresos o mayor gasto del previsto por el Gobierno, que este economista prevé que se aplicará ya en 2025. La posibilidad de que el tipo de cotización a la Seguridad Social aumente automáticamente, hace temer que "se produzca un incremento de las cotizaciones sociales de 2,6 del PIB", lo que a su vez aumentaría, el coste laboral de las empresas el 20%, con lo consiguiente daño al empleo y a la contratación.

"Es muy difícil creer que, ante un choque demográfico como el de la generación del baby boom, el gasto en pensiones con relación al PIB vaya a crecer 1,4 puntos porcentuales de PIB, cuando ha aumentado ese porcentaje en el periodo 2018-23 sin presión demográfica", sentencia el autor de este informe, para quien la decisión del Gobierno de garantizar el poder adquisitivo durante la vida del perceptor, buscando para ello los ingresos necesarios, plantea serios riesgos presupuestarios, como se está comprobando con la inflación disparada, además de significar "la injusta distribución de los esfuerzos entre la población, al proteger exclusivamente al colectivo de pensionistas y que va a empobrecer al resto de la sociedad".

En suma, la reforma, diseñada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, provocará un "sistema de pensiones meno equitativo, pues pierde equidad personal por culpa del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, ya que exigirá a los trabajadores que aporten más para, en el mejor de casos, recibir una prestación anual como la actual", resalta el informe publicado por el Instituto Santalucía.

Actuarios critican la pérdida de equidad 

Por su parte, el Instituto de Actuarios Españoles (IAE) hace hincapié en que la reforma Escrivá "deteriora la equidad contributiva y lastra gravemente la sostenibilidad del sistema" y la suficiencia de las pensiones "no queda garantizada a 20-30 años vista. La reforma solo aborda medidas para mejorar los ingresos y carga todo el esfuerzo en los cotizantes". En su documento Reflexiones sobre la reforma del sistema de pensiones introducida por el Real Decreto-ley 2/2023, alerta de que "los actuales pensionistas mantendrán dos elementos importantes: el valor adquisitivo de sus pensiones, puesto que se revalorizarán con el IPC; y el nivel actual de tasa de reposición o relación de la pensión con el último salario, que es la más elevada de la eurozona. Estos hechos van a acentuar el desequilibrio actuarial ya existente".

Según sus cálculos, "todos los jubilados (sin considerarse la cuantía de pensión que reciban) han quedado al margen de cualquier ajuste del déficit del sistema y quedan protegidos ante episodios inflacionarios", mientras que "los futuros pensionistas que se hallan razonablemente cerca de la jubilación verán recortadas sus pensiones en relación con sus cotizaciones, ya que una subida del tipo de cotización no redundará en una mayor pensión. De ello se deduce una pérdida de contributividad, que afecta a la equidad intrageneracional".

Los actuarios echan en falta, tal y como detalla Enrique Devesa (@DevesaCarpio), coordinador técnico del Grupo de Investigación en Pensiones Públicas del IAE, lo que en otros sistemas de pensiones sí se ha hecho. “Muchos países avanzados han realizado reformas de sus sistemas en las últimas décadas combinando diferentes medidas. Hablamos del control del gasto futuro; el refuerzo de la sostenibilidad mediante mecanismos de ajuste automáticos; el aumento de la participación de los trabajadores y el reparto de los esfuerzos entre las generaciones y la responsabilidad institucional, corporativa y personal; la búsqueda del equilibrio entre la Seguridad Social y la Previsión Social Complementaria; la vinculación de la edad de jubilación con la esperanza de vida, etc. La reforma española, sin embargo, solo aborda medidas para mejorar los ingresos”.

FEDEA: fuerte gasto para mantener la tasa de reposición

Muy crítica con el contenido de la reforma es asimismo FEDEA (@socialfedea), que lleva publicados varios informes desgranando el impacto de las principales medidas. Ponen de relieve que la derogación de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, así como las medidas adoptadas desde 2019, "implican un cambio drástico del planteamiento aplicado desde la firma del Pacto de Toledo (1995), asumiendo un muy importante aumento del gasto (desde 12,3% en 2019 a uno en torno al 16,5% del PIB en 2050) para mantener la tasa de reposición más alta de la Unión Europea en la pensión de entrada".

FEDEA insiste además en que otra de las medidas estrella de la reforma, el destope de bases máximas de cotización, supone un impuesto oculto y es muy cuestionable, porque supone potenciar un impuesto oculto y muy distorsionante, que no debería formar parte del esquema de financiación de la Seguridad Social”, aseguraba recientemente Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la fundación. A su juicio, "convendría  eliminar este peculiar impuesto de Seguridad Social, suprimiendo las cotizaciones por encima de tales umbrales, y reemplazarlo por algo mejor".