El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, alerta de las consecuencias del fuerte aumento del gasto en pensiones en los próximos años, como resultado del creciente envejecimiento de la población y, sobre todo, debido al impacto de algunas medidas de la última reforma del sistema, entre ellas, la revalorización de las pensiones en función del IPC y la supresión del Factor de Sostenibilidad, o la elevada tasa de reemplazo de las prestaciones ("superior a la de la media de los países de nuestro entorno"). Todo ello hará inevitable nuevas medidas de ajuste en las pensiones, cuando en 2025 se produzca el primer gran chequeo a la reforma, puesto que los cambios normativos introducidos suponen "mayores obligaciones de gasto público, que no han sido compensadas plenamente por el lado de los ingresos".
Así lo ha detallado De Cos durante la presentación del Informe Anual del Banco de España 2023 en el Congreso de los Diputados, poniendo el foco en el gasto público en pensiones, al igual que lo han hecho recientemente organismos como la AIREF, la Comisión Europea (Informe Ageing Report 2024) y la OCDE, que avisan a España del gran reto que el envejecimiento poblacional va a suponer para las pensiones en las próximas décadas.
Durante su intervención, el gobernador ha recordado que la reforma en vigor establece una cláusula de salvaguarda, que se activará si se produce un desequilibrio en las previsiones del gasto en pensiones, y que, de modo automático, elevará las cotizaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), si el Gobierno y los grupos políticos no se ponen de acuerdo en adoptar medidas alternativas para corregir el desvío del gasto.
"Las recientes proyecciones de la Comisión Europea señalan que, con muy alta probabilidad, harán falta medidas de ajuste futuras para compensar el gasto en pensiones y, tal como decimos en el informe anual de 2023, creemos que, en el caso de ser necesaria la activación de la cláusula salvaguarda, realizar el ajuste exclusivamente por la vía de subir las cotizaciones sociales podría ser perjudicial para el empleo y la competitividad de la economía española".
Bajar la tasa de reemplazo = bajar la pensión inicial
Contrario a recargar aún más el pago de cotizaciones en empresas y trabajadores, De Cos plantea que es necesario "analizar el efecto de los muchos cambios normativos introducidos, y considerar medidas alternativas, incluidas la tasa de reemplazo de las pensiones, que es superior a la media de los países de nuestro entorno. También es importante examinar el papel y la evolución del ahorro privado para la jubilación, y su capacidad o no para completar la prestación del sistema público".
Lo que el gobernador del Banco de España sugiere es estudiar la posibilidad de rebajar la tasa de sustitución, que es el porcentaje del salario que una persona recibe como pensión de jubilación respecto a sus ingresos previos como trabajador en activo (en lugar de recurrir únicamente a un aumento de las cotizaciones), lo que significaría reducir la pensión inicial que empiezan cobrando los nuevos jubilados.
Una medida de este calibre, en el caso de que se adoptase, no afectaría a los que ya fueran pensionistas, sino a los futuros jubilados de la Seguridad Social.
El gobernador ha insistido además en un riesgo crucial para la economía española, como es la "persistencia de un déficit público estructural y una deuda pública elevados", en lo que define como un contexto de reactivación de las reglas fiscales europeas. Según el informe de la entidad supervisora, España registró en 2023 un déficit estructural cercano al 3,7% del PIB, unas seis décimas superior al calculado para 2019, e insiste en que el plan de consolidación plurianual debería ser prudente y detallar las medidas de ingresos y gastos que permitan el saneamiento gradual de las cuentas públicas.
Fuente: Banco de España
El envejecimiento, un reto inédito
El informe anual del Banco de España avisa del enorme desafío que representa el envejecimiento de la población, y avanza que España va a necesitar casi 25 millones de extranjeros (en concreto, los cifra en 24,67 millones) en edad de trabajar en 2053, para frenar o paliar el proceso de envejecimiento y sus previsibles consecuencias fatales, tanto en el mercado laboral como en el sistema de pensiones, habida cuenta de que en los años 30 y 40 se producirá la jubilación de la generación del baby boom.
Según cálculos del supervisor financiero, para que la tasa de dependencia en 2053 permanezca en el actual 26,6%, puesto que los mayores de 66 años proyectados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se cifran en 14.847.105, se necesitaría un colectivo entre 16 y 66 años de 55.897.931 personas.
Frenar la expulsión laboral de los sénior
Durante su intervención en el Congreso de los Diputados, el gobernador del Banco de España ha recalcado que el Gobierno debe fomentar el alargamiento de la vida laboral, más allá del retraso de la edad efectiva, o incluso de la edad legal de jubilación, y que para ello se deben eliminar “distintos elementos que, en la práctica, están contribuyendo a expulsar del mercado laboral a los trabajadores de mayor edad”.
Tras asegurar que los trabajadores de mayor edad "no podrán cubrir completamente el tipo de ocupaciones para las que se demandan trabajadores de menor edad", ha puesto de relieve que ello es coherente con el hecho de que la tasa de empleo de los jóvenes no disminuye con el retraso de la edad de jubilación. Más bien, al contrario, el informe anual de 2023 constata que aquellos países con tasas de empleo más elevadas entre los mayores también suelen disfrutar detasas más altas de empleo juvenil.
Sobre el autor:
Pepa Montero
Pepa Montero es redactora especializada en temas de economía. Ha trabajado en medios como El Economista y La Gaceta de los Negocios. Es autora del libro de relatos La casa de las palmeras (Azul como la Naranja, 2013).