Bruselas avisa: España es el país de la UE donde más subirá el gasto en pensiones hasta 2070

Funcas calcula que el gasto en pensiones en 2024 subirá en 10.000 millones

En España, "las medidas adoptadas en 2021 y 2023 conducen a un aumento del gasto público en pensiones de 3,3 puntos porcentuales del PIB en 2050 y de 5 puntos porcentuales en 2070", según señala el Informe de Envejecimiento de 2024 publicado por la Comisión Europea este viernes, donde el Ejecutivo comunitario advierte de que nuestro país será donde se prevé un mayor aumento del gasto en pensiones, fundamentalmente, debido a la indexación de la revalorización anual de las pagas con el dato de IPC.

Los cálculos de Bruselas apuntan a que las reformas del sistema de pensiones en España van a suponer un fuerte incremento del gasto en relación al PIB en el periodo de proyección, que abarca hasta el año 2070.

Más en detalle, el informe de la Comisión (que analiza el desarrollo de todos los países de la UE en el marco del envejecimiento poblacional) hace un repaso de las reformas del Gobierno español, como la subida anual en función de la inflación, que fue aprobada por la Ley 21/2021, y la eliminación del factor de sostenibilidad de 2023, que da paso al nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Las proyecciones europeas vaticinan que España pasará de destinar el 13,1% del PIB en pensiones (dato al cierre de 2022) a tener que emplear el 16,9% del PIB en el año 2045, lo que supone un incremento de 3,8 puntos porcentuales en ese periodo (ver gráfico inferior).

GASTO PREVISTO EN PENSIONES HASTA 2070, SEGÚN COMISIÓN EUROPEA

Siempre según esta senda de gasto prevista, en el año 2070, nuestro país seguirá teniendo que dedicar el 16,7% del Producto Interior Bruto a financiar las pensiones. Este abultado aumento del gasto implica que, aunque los ingresos por cotizaciones vayan en consonancia, España está abocada a aplicar reformas y ajustes extraordinarios.

Las preocupantes proyecciones de la Comisión Europea llegan en un momento en el que la segunda parte de la reforma de pensiones de España (la aprobada en 2023), que debe garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema y que incluye la revisión del periodo de cómputo de la cotización, está ligada al cuarto pago de más de 10.000 millones de euros del Plan de Recuperación, y es algo que todavía está pendiente de aprobación por parte de la Comisión, cuya evaluación llegará el 20 de mayo.

El retraso del retiro y más cotizaciones no bastan 

En su informe, Bruselas señala que, frente a los motores de esta presión al alza sobre el gasto (la indexación al IPC y la supresión del factor de sostenibilidad), "el nuevo régimen de bonificación/penalización y el correspondiente aumento de la edad efectiva de jubilación compensan parcialmente este aumento, pero el resto de las medidas adoptadas aumentan ligeramente el gasto público en pensiones", tal como advierte el Ejecutivo comunitario en el documento, publicado este viernes.

Por lo que se refiere al Informe de Envejecimiento publicado el 2021, España ha recibido también la mayor revisión al alza, con 6,5 puntos porcentuales más en la previsión de todos los gastos relacionados con el envejecimiento en el periodo 2022-2070.

La Comisión también apunta que el gasto aumentará considerablemente hasta 2025, es decir, durante la primera parte del periodo de previsión, que será cuando España registrará también el mayor incremento, con casi 4 puntos porcentuales del PIB, seguida de Lituania, Eslovenia, Portugal, Eslovaquia, Chipre y Luxemburgo, con un incremento de 2,5 a 3 puntos porcentuales del PIB.

En 2025 toca el primer chequeo a la reforma

Hay que recordar que la reforma de las pensiones establece que en 2025 tendrá lugar la primera gran evaluación de la reforma de pensiones (tanto las medidas adoptadas en 2021 como en 2023), para verificar si el gasto en pensiones es sostenible (como afirma el Gobierno) o si se está desviando de lo proyectado.

En caso de que se compruebe la existencia de un desvío, España tendrá que aprobar medidas para corregir el desfase o activar una nueva subida de las cotizaciones que ya se pagan mediante el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Estas cuotas, que pagan empresas y trabajadores, se verían extendidas de manera automática hasta 2030.