El gasto en pensiones en España aumentará cuatro puntos porcentuales de aquí a 2050 si se vinculan con el IPC y no se toman medidas para compensar dicho incremento, según estiman los servicios económicos de la Comisión Europea en un informe publicado este miércoles, en el que también advierten de que el país se enfrenta a "elevados riesgos de sostenibilidad fiscal" en el medio y largo plazo.
"Las recientes desviaciones temporales de la reforma de 2013 y los planes para recuperar el vínculo de las pensiones con el IPC incrementarán probablemente el gasto en el medio y en el largo plazo, salvo que se adopten medidas de compensación", señala el Ejecutivo comunitario en el documento en el que evalúa los desequilibrios económicos de la economía española.
Bruselas defiende que sus cálculos sobre el aumento del gasto en pensiones por vincularlas al IPC son "cercanos" a las proyecciones elaboradas por instituciones como el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o Fedea, aunque resalta que la AIReF considera que el impacto será menor (2%).
Además, añade que la "sensibilidad" de estas estimaciones a cambios derivados de unos mayores flujos migratorios es "bastante limitada". Así, señala que un aumento neto del 33% de dichos flujos podría suponer un reducción del gasto en pensiones equivalente al 0,5% del PIB, una cifra que, sin embargo, se reduciría el 0,2% a medida que los inmigrantes empiezan a cobrar una pensión de jubilación.
Deuda pública del 107%
Por otro lado, el Ejecutivo comunitario ve "elevados riesgos" para la sostenibilidad fiscal en España, tanto en el medio como en el largo plazo. En concreto, bajo condiciones económicas "normales" y asumiendo un saldo estructural "constante", calcula que la deuda pública superará el 107% del PIB en 2029.
Esto sucederá, indica el informe, tras registrar caídas hasta 2020 gracias al crecimiento económico y al "pequeño" superávit primario a partir de este año. "Sin embargo, cuando se ajusta el impacto del ciclo económico, el déficit sigue siendo persistentemente alto", señala el texto, para después argumentar que los impuestos son "bajos" en comparación con el nivel de gastos.
De hecho, el informe remarca posteriormente que España tiene una ratio de impuestos en relación al PIB baja si se compara con otros países de la UE. Los ingresos fiscales de 2017, apunta, representaron el 33,8% del PIB, un porcentaje que se eleva al 40,2% en la eurozona y al 39% en el conjunto del bloque.
En este capítulo, la Comisión Europea subraya que, aunque el tipo general del IVA en España está en línea con el del resto de Europa, el país recauda mucho menos por este gravamen. Esto se debe al "uso extensivo" de los tipos reducido y superreducido, lo que resulta en una "gran" brecha del IVA.
En la misma línea, el Ejecutivo comunitario lamenta que España confíe "relativamente poco" en los impuestos que gravan la propiedad, a pesar de que están considerados entre los "menos perjudiciales" para el crecimiento económico y "preferibles".
