Economistas advierten de que Bruselas pondrá la lupa en la segunda pata de la reforma de pensiones

Bruselas insiste: hay problemas de sostenibilidad en las pensiones de España

Al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no le espera un final de año sencillo. Habiéndose dejado para las segunda fase de negociación varias de las las medidas más polémicas de la reforma de las pensiones, entre las que destaca la ampliación del periodo de cómputo más allá de los 25 años, los próximos meses se vislumbran complicados. Y lo serán, según los expertos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (@socialfedea), porque no solo tendrá que lidiar con la mesa de diálogo social con la cual se encuentra actualmente negociando, sino también con la atenta mirada de Bruselas de cara a cumplir los compromisos acordados con el Plan de Recuperación y Resiliencia.

Aunque matizan que quizás es demasiado pronto para hacer un balance, incluso provisional de las reformas e inversiones del Plan de Recuperación, "su ejecución hasta el momento comienza a ofrecer motivos para una cierta preocupación", asegura FEDEA en su nuevo boletín de seguimiento. "Reconociendo el esfuerzo realizado por las administraciones públicas y otros agentes para diseñarlo y ponerlo en marcha con rapidez, algunos de los resultados dejan bastante que desear. Esto ocurre especialmente en el caso de las reformas comprometidas en el Plan, pues muchas de las leyes aprobadas o en tramitación "son poco ambiciosas, incluyen provisiones poco acertadas o contraproducentes y sufren, en ocasiones, de una deficiente calidad técnica". 

Dudas sobre la sostenibilidad de las pensiones

En concreto, los expertos de FEDEA señalan respecto a la reforma de pensiones, que "el reciente informe de la Comisión Europea sobre la segunda petición de pago española, en principio positivo, sugiere que los servicios de la Comisión comparten nuestras dudas sobre la contribución de la primera fase de la reforma a la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Es de esperar que esto se traduzca en una vigilancia más activa sobre la fase final de tal reforma, en la que deberán concretarse cuestiones tan importantes para la salud financiera del sistema como el período de cómputo de la pensión".

Por otra parte, los economistas también cuestionan la nueva ley de planes de pensiones de empleo aprobada por las Cortes el pasado 30 de junio, del que señalan que pasó el trámite "sin modificaciones sustanciales sobre el proyecto de ley enviado por el Gobierno al Congreso". "Se mantiene, por tanto, una más que cuestionable asimetría en el tratamiento de los planes de pensiones individuales y de empresa, en detrimento de los primeros, que plantea problemas de equidad y cobertura, tal como se advertía en el Boletín anterior y en otras publicaciones relacionadas.

Puntos problemáticos de la nueva cotización de los autónomos

El Congreso ha aprobado también el inicio de una reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos que, en línea con lo pactado con los agentes sociales, irá ligando gradualmente sus cotizaciones a sus ingresos reales. En términos generales, los economistas consideras que "la reforma supone un avance en la dirección correcta pues trata de acercar el tratamiento de los autónomos al de los trabajadores asalariados, lo que en general redundará en una mayor equidad del sistema y un mejor nivel de protección social para los autónomos". Sin embargo alertan de algunos aspectos de la reforma "que pueden ser problemáticos, al menos con las tablas de cotización fijadas para los próximos tres años".

"Nos preocupa, en particular, el tratamiento de las rentas más bajas, cuyas bases mínimas de cotización se reducen significativamente por debajo de sus topes anteriores y de los valores establecidos para los asalariados a tiempo completo. Esto ha permitido que los autónomos con menores rentas puedan ver reducidas sus cotizaciones durante los próximos años, lo que ha ayudado a conseguir el acuerdo con las organizaciones que encuadran a estos trabajadores, pero tenderá a ir en contra del objetivo teórico de la reforma de mejorar su nivel de protección social", señalan.

"Un problema adicional es que la introducción de la nueva tabla reducida, genera una desigualdad de trato que favorece a los autónomos sobre los asalariados en el acceso a las pensiones y sus complementos y puede generar incentivos para la contratación de “falsos autónomos” con el fin de reducir los costes sociales, lo que supondría una competencia desleal con las empresas que dan de alta como asalariados a sus trabajadores", defienden los expertos de FEDEA.