Los cambios en pensiones que planea el Gobierno: retrasar la jubilación, ampliar cómputo y destope

Pese al rifirrafe protagonizado en las últimas semanas por las dos alas del Gobierno de coalición sobre el futuro de las pensiones, hay algo claro: el documento enviado finalmente a Bruselas, junto con las recomendaciones del Pacto de Toledo, marcarán la agenda para la reforma de las pensiones en las próximas semanas, que actualmente se encuentran en plena negociación en la Mesa del Diálogo Social. Entre ellas destacan temas estrella como la derogación del factor de sostenibilidad, los incentivos para el acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la legal o el destope de las pensiones.

Se espera que en los próximos días lleguen al Congreso nuevas medidas para su votación, tal como anunció el ministro del Seguridad Social (@inclusiongob), Jose Luis Escrivá en su comparecencia en el Congreso. La primera de ellas será el nuevo mecanismo para reducir la brecha de género en las pensiones aprobado en Consejo de Ministros. "Una pensión complementaria a la maternidad, porque ahí se pierde el trabajo y se genera el problema", afirma el ministro. Junto con eso, también ha avanzado otras reformas que llegarán "en las próximas semanas", como el método de cálculo para revalorizar las pensiones al IPC, "para que se revaloricen indefinidamente" o que los autónomos coticen "sus ingresos reales" a la Seguridad Social.

Nuevo complemento de maternidad y paternidad

Es una de las primeras medidas de la futura reforma de las pensiones que sigue su avance hacia el Congreso. Esta medida, aprobada ya en el Consejo de Ministros de la semana pasada, pretende ampliar la ayuda que cobran actualmente cuando se jubilan las mujeres con dos hijos. La principal novedad de esta propuesta es que se cobrará una cuantía fija de 400 euros desde el nacimiento del primer hijo (hasta un máximo de cuatro) y establece una una serie de supuestos para que pueda ser el padre quien lo reciba, en caso de ser viudo o demostrar que la paternidad perjudicó más en su carrera laboral.

Además, se reconocerá en todas las modalidades de pensión (jubilación, jubilación anticipada voluntaria, incapacidad permanente y viudedad), salvo la jubilación parcial.  Esta cuantía se irá actualizando de acuerdo con la revalorización de las pensiones y no computa a efectos de complemento a mínimos ni como tope de la pensión. Su objetivo es reducir la brecha de género en las pensiones del 30% a menos del 5%. El Gobierno estima que en 2021 aproximadamente 30.000 mujeres accederán a este complemento.

Sustitución del factor de sostenibilidad por un nuevo mecanismo

Es otra de las primeras medidas que se aprobarán próximamente y que se encuentra en fase de cálculo y negociación con los agentes sociales. Tiene como objetivo profundizar en la reforma de 2011, se plantea derogar el índice de Revalorización de las pensiones introducida por la reforma de 2013. Así, según lo acordado en el Pacto de Toledo se termina definitivamente con la posibilidad de que las pensiones se revaloricen sólo un 0,25% y lanza un nuevo indicador para que suban en función de la inflación. Según el ministro Escrivá este es el elemento central el mecanismo para preservar de una manera "permanente" el poder adquisitivo de las pensiones, que "va a quedar garantizado ante cualquier situación y cualquier horizonte".

La intención del Gobierno es que haya un mecanismo de compensación para la actualización de las pensiones a lo largo del tiempo "que sea sencillo y entendible", tanto si se produce una caída del IPC, como una subida posterior.  El nuevo sistema de revalorización de las pensiones podría tener en cuenta los años en los que el IPC sea negativo, pero solo como mecanismo de compensación. Es decir, que podría modular a la baja la subida de las pensiones de años posteriores, pero en ningún caso una rebaja nominal, tal como confirman a 65ymás fuentes del Ministerio. No obstante, las dudas sobre que pueda recortar las pensiones sigue sobre la mesa.

Frenar las jubilaciones anticipadas

La alineación efectiva con la edad legal de jubilación es uno de los puntos centrales de la reforma de las pensiones y que tiene como objetivo realizar cambios en el sistema de coeficientes reductores de la jubilación anticipada para eliminar distorsiones y generar un ahorro para el sistema. En una reciente entrevista, Escrivá ha mostrado su intención de acabar con las jubilaciones obligatorias por convenio​. Por otro, el Gobierno plantea generar "incentivos positivos" para que los trabajadores retrasen su jubilación ofreciendo "beneficios a las empresas que mantengan a estos trabajadores mayores", según se desprende del documento enviado a Bruselas.

Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (@CEOE_ES), implicada en las negociaciones en curso, llaman a tener en cuenta los complejos factores de esta medida. "La elevación de la edad real de jubilación y, por tanto, la incidencia de la jubilación anticipada, no puede desvincularse de la capacidad del mercado laboral para crear empleo, tanto para los trabajadores de más edad como para los jóvenes y, para ello, será necesario el apoyo a las empresas", señalan.

Más jubilaciones demoradas

Por su parte Escrivá ha denunciado que España tiene un modelo "muy imperfecto" de jubilación demorada, que está dispuesto a combatir a través de incentivos. Para ello, se elevará al 4% el incentivo que el trabajador recibe por cada año que retrase el retiro, pudiendo incluso superar la pensión máxima establecida por ley. A su vez, se le ofrece la posibilidad de cobrarlo bien con un porcentaje adicional durante toda su vida como pensionista, como un pago único en un momento determinado o, incluso, como una combinación de ambas.

Para darlo a conocer a través de una campaña, se estima que el Gobierno gaste 1,5 millones de euros. Por otro lado, se establecerán beneficios para las empresas que mantengan a estos trabajadores mayores y se fomentará su capacitación permanente para mejorar su empleabilidad. Desde la CEOE sostienen que "será necesario valorar cómo impacta el endurecimiento de la edad de jubilación a los diferentes sectores y trabajos y en tanto que existen diferentes requisitos físicos asociados a las también diferentes ocupaciones".

Ampliar el periodo de cómputo

Sin duda la medida más polémica. El Gobierno ha planteado a Bruselas su intención de ampliar el periodo de cálculo de la pensión desde 2023 sin especificar, por ahora, si lo alargará de 25 a 35 años. Según el documento, el Gobierno se pretende "ampliar y adecuar la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo de para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar por encima de los actuales" y de manera progresiva. 

La medida, según el Gobierno, pretende aumentar la progresividad y el carácter contributivo del sistema la vida laboral del trabajador e incluye la posibilidad de tener el cuenta la temporalidad y las lagunas de cotización, así como la posibilidad de ampliar el periodo de cálculo de la pensión, permitiendo descartar los años en los que apareciera este prejuicio. Esta reforma iría en paralelo con una revisión del procedimiento actual de integración de lagunas de cotización, "que es inadecuado para las carreras más intermitentes", según Escrivá, quien niega que vaya a suponer un recorte de las pensiones. 

Destope de las pensiones

El documento de Bruselas plantea la adecuación gradual de las bases de cotización máxima fruto de los cambios en el mercado laboral, que "deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no afectar a la naturaleza contributiva del sistema". 

Eso supone que los que ganen más de la base máxima, 4.070 euros brutos al mes actualmente, ya no tendrán un tope y deberán cotizar más tanto ellos como sus empresas. En paralelo, para no romper la contributividad del sistema, se prevé incrementar la pensión máxima, fijada en 2.707 euros mensuales.

Nuevo sistema de cotización para autónomos

Se trata de implantar gradualmente un nuevo sistema de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. De este modo, se corregirá la "distorsión" que supone que trabajadores autónomos puedan elegir bases de cotización que no corresponden a sus ingresos reales, lo que implica "una merma de los recursos del sistema", según Escrivá. Por tanto, quiere "implantar gradualmente" un nuevo sistema por el que cada autónomo cotice por lo ingresa. La cotización de los autónomos en función de sus ingresos reales es una reivindicación clásica del colectivo, también recogida en el Pacto de Toledo.