Carlos Bravo (CCOO): "La campaña permanente de temor sobre las pensiones no está justificada"

Montero confirma que las pensiones se actualizarán con el IPC en 2021

El Gobierno incluirá las pensiones dentro del plan de reformas que España presentará ante la UE

Escrivá se cita el 13 de octubre con los agentes sociales para abordar la reforma de pensiones

 

"Hay que transmitir confianza a la población y acabar con esta campaña permanente de desprestigio o temor sobre el sistema de pensiones, que no está justificada. Las pensiones son sostenibles y tienen que seguir siéndolo", asegura Carlos Bravo Fernández (@carlosbravofdez) miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO (@CCOO) desde 2008 y actualmente secretario de Políticas Públicas y Protección Social del sindicato. Para este experto en pensiones y Seguridad Social, "lo más urgente es revalorizar las pensiones de acuerdo al IPC, garantizar su poder adquisitivo, corregir la reforma del año 2013 y empezar a tomar ya, este mismo mes, medidas concretas de reequilibrio financiero de la Seguridad Social, comenzando poco a poco a eliminar los gastos impropios que soporta el sistema".

Bravo (Madrid, 1962), que forma parte de varios órganos consultivos del Gobierno de España y de la Unión Europea, en representación de CCOO, entre ellos el Consejo de Seguridad Social y el Consejo del Servicio Público de Empleo, reclama al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que comanda José Luis Escrivá, que publique "informes oficiales periódicos sobre cuál es la situación real de la Seguridad Social y cuál es la proyección a futuro", para contrarrestar "esos informes sesgados que continuamente se van publicando, de los que se hacen eco muchos medios de comunicación y muchos opinadores de manera muy acrítica, y que no se corresponden con la realidad".

En su entrevista con 65Ymás, Carlos Bravo defiende "un sistema de jubilación gradual y flexible, tanto para anticiparla como para retrasarla”, y rechaza que se actúe sobre la edad ordinaria de retiro de manera indiscriminada. “Hay mucho margen de mejora en los incentivos para la jubilación demorada”, reconoce, al tiempo que rebate la idea de que las pensiones españolas son muy generosas. "Una tasa de sustitución del 60% en Alemania proporciona una pensión más elevada que la que se logra con la tasa del 72%-73% española”. La intención del Gobierno de eliminar ventajas fiscales a los planes de pensiones individuales le parece razonable ("son regresivos y priman a las rentas más altas”) y, en cambio, "potenciar o concentrar los incentivos en los sistemas de empleo tiene todo el sentido”. 

PREGUNTA.- ¿Habrá por fin acuerdo en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo?

RESPUESTA.- Esperamos que se produzcan resultados antes de finalizar el año, incluso en las próximas semanas. No quiero pecar de optimista ni de ingenuo, pero los agentes sociales tuvimos la oportunidad de comparecer ante la comisión a finales de septiembre, y la sensación que extrajimos del debate con los parlamentarios es que el acuerdo parece posible y también que se produzca en breve.

P.- ¿No ve peligro entonces de una espantada como la que se produjo en febrero de 2019, que dinamitó un acuerdo que se daba por seguro?

R.- Yo considero que hay elementos objetivos para el acuerdo. Si luego los partidos se desmarcan, serán ellos quienes tendrán que explicar el porqué. Pero no lo creo, pues todo el mundo ha dicho que está conforme con la revalorización de pensiones en función del IPC; todos los grupos comparten la necesidad de equilibrar la situación financiera de la Seguridad Social; y todo el mundo asume, y nadie contesta, que hay que corregir la imputación de gastos impropios.

 

"Nadie nos ha trasladado un posible recorte de pensiones. No lo veo como riesgo inminente"

P.- Pregunta obligada: ¿cree que existe peligro de congelación o recortes de pensiones por la crisis del coronavirus?

R.- Yo no creo que sea un riesgo inminente, nadie nos ha trasladado un posible recorte de pensiones, y en materia de pensiones la crisis provocada por el COVID-19 no debería tener impacto.

P.- ¿Cuáles son según usted las medidas urgentes, inmediatas, que hay que acometer para la sostenibilidad de las pensiones?

R.- Las recomendaciones del Pacto de Toledo son importantes porque marcan la hoja de ruta sobre el conjunto del sistema. Pero, con independencia de esto, hay que empezar a hacer cosas de manera urgente. De cara al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 se tienen que despejar dos cuestiones inmediatamente: la primera es garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, en función de la evolución del IPC; y la segunda, abordar una corrección completa de la reforma de 2013. Otras dos medidas imprescindibles son iniciar el reequilibrio financiero dejando de imputar gastos impropios (el ministro Escrivá los ha cifrado en 23.000 millones), y que la práctica habitual sea que las aportaciones del Estado a la Seguridad Social (cuando ésta tiene una necesidad extraordinaria de fondos) se articulen vía transferencias, y no mediante préstamos.

“El concepto de generosidad del sistema de pensiones es un poco tramposo”

P.- Numerosos economistas, incluso el Banco de España, afirman que el sistema de pensiones español es muy generoso. 

R.- El concepto de generosidad del sistema de pensiones español es un concepto un poco tramposo, porque se utiliza un porcentaje sobre el salario de referencia (el salario medio o el último salario), la tasa de sustitución, sin ofrecer más datos. Pero para ver el conjunto completo hay que analizar la base sobre la que gira, y entonces nos encontramos con que un 60% de tasa de sustitución en Alemania produce una pensión más elevada que la tasa del 72%-73% española, porque el salario medio alemán duplica el español. Yo sé que los servicios de estudio de las entidades financieras o los vinculados a las aseguradoras hacen mucha campaña con este asunto; el Banco de España se suma demasiado a estas cuestiones, de manera impropia porque no es su ámbito de competencia; igual que los consultores de pensiones o los actuarios. A mi juicio, hay que transmitir confianza y acabar con esta campaña permanente de desprestigio o de temor sobre el sistema de pensiones: actuar con consenso y reformas, con reequilibrio financiero del sistema. Y sería bueno que la Seguridad Social publicara periódicamente un informe oficial, para evitar esos otros informes sesgados que continuamente se van publicando, de los que se hacen eco muchos medios de comunicación y muchos opinadores de manera muy acrítica, que no se corresponden con la experiencia que la Seguridad Social presenta. Las pensiones son sostenibles y lo tienen que seguir siendo.

"Se publican muchos informes sesgados que no se corresponden con la realidad de las pensiones"

P.- En España existen muchas pensiones muy bajas... 

R.- La pensión media española es muy interesante en relación con la tasa de sustitución, pero el sistema tiene muchas pensiones realmente bajas, y si no fuera por el sistema de pensiones mínimas, existirían pensiones muy, pero que muy pequeñas que afectan a una parte muy importante de la población. Y no solo las de viudedad; las de orfandad son anecdóticas.

P.- ¿Cómo valora la idea del ministro Escrivá de incentivar el retraso voluntario de la jubilación?

R.- En CCOO creemos que para actuar sobre la edad efectiva de jubilación hay que hacerlo a través de un sistema de jubilación gradual y flexible, donde aquellas personas que lo necesiten o lo deseen y puedan hacerlo, se jubilen anticipadamente, y aquellas que deseen continuar trabajando puedan hacerlo, en ambos casos, con el correspondiente impacto en su pensión. Y se debe evitar la tentación de actuar sobre la edad ordinaria de manera indiscriminada y para todo el mundo. Me preocupa que el ministro exponga el caso de las jubilaciones anticipadas de los trabajadores con base máxima de cotización, para concluir que se las penaliza menos que las de trabajadores con bases de cotización medias, porque si bien eso es cierto, se trata de una pequeña minoría, que no debe tomarse como representación del conjunto.

“En CCOO defendemos un sistema de jubilación gradual y flexible, tanto para anticiparla como para retrasarla”

P.- ¿Es partidario de potenciar la jubilación demorada?

R.- La jubilación demorada tiene un incentivo del 2%, que jugando con el coeficiente de escala (por cada mes cotizado, el derecho de pensión se incrementa en un 0,2% hasta llegar a la carrera completa de cotización), podría llegar entre el 2%-4%. Si tenemos en cuenta que el porcentaje de equilibrio estaría en el entorno del 4,7%, hay clarísimamente un margen de mejora de los incentivos para retrasar la jubilación. En mi opinión, se puede actuar tanto sobre las penalizaciones como sobre los incentivos. Pero me preocupa que el ministro ponga el foco en la situación de las personas con mayores salarios y bases máximas de cotización (también es cierto que son a las que les afecta la pensión máxima, es decir, les hacemos cotizar por un 25% más de lo que se les reconoce como pensión), porque insisto en que son una minoría.

"La mayoría de la gente que se jubila anticipadamente no tiene otra alternativa"

P.- Numerosas jubilaciones anticipadas son de trabajadores procedentes del desempleo o del despido…

R.- La mayoría de la gente que se jubila anticipadamente no tiene otra alternativa, ha sido expulsada del mercado de trabajo y se ve en la necesidad de acceder a la anticipada con 61 años por despido, o bien a partir de los 63 años para intentar disminuir el coeficiente reductor de la pensión.

P.- ¿Se oponen a endurecer más la jubilación anticipada? ¿La voluntaria o la involuntaria? 

R.- En términos agregados, son poquísimas las personas que acceden a esas llamadas prejubilaciones tras alcanzar un acuerdo con su empresa. La inmensa mayoría de la gente expulsada del mercado de trabajo a partir de los 55 años son personas que agotan su prestación por desempleo, que como mucho acceden a un subsidio de 430 euros (con una base de cotización de 1.300 euros), y con menos de 500 euros que les entran en casa, se jubilan en cuanto pueden. Por lo tanto, no compartimos la idea de penalizarles más o dificultarles el acceso al retiro. Y, además, hay que recordar que a la jubilación anticipada con 61 años no se puede optar con menos de 33 años cotizados, y a la de 63 años voluntaria tampoco con menos de 35 cotizados.

"A partir de los 60 años, dos tercios de los trabajadores están inactivos y solo un tercio ocupado"

P.- Jubilarse más tarde parece difícil, cuando tantos trabajadores mayores son despedidos en ERES…

R.- En España, la tasa de actividad y empleo de los mayores de 55 años es unos 6-7 puntos más baja que en los países de nuestro entorno. Los mayores de 60 años tienen una tasa de ocupación comparable a los menores de 25. Dicho de manera muy gráfica: de la gente entre 20 y 64 años, dos tercios trabajan y un tercio está inactivo; a partir de 55 años, el porcentaje se equilibra 50%-50%; y a partir de los 60 años, dos tercios están inactivos y solo un tercio ocupado. En este contexto, plantear un endurecimiento de la jubilación anticipada o dificultar su acceso, si no se actúa sobre la tasa de empleo de los empleados mayores, es ponerse orejeras.

P.- ¿Ve factible un acercamiento voluntario de la edad efectiva de jubilación con la edad legal?

R.- Eso ya se está produciendo. En estos momentos, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa por encima de los 64 años, cuando hace 10-15 años estaba claramente por debajo de esa cifra.

 

"Los planes individuales no son sistemas de previsión social complementaria; son sistemas de optimización de la factura fiscal" 

P.- ¿Cómo valora la intención del Gobierno de retocar la fiscalidad de los planes de pensiones, para impulsar los sistemas de empleo colectivos?

R.- Hace muchos años que hemos dicho que el tercer pilar, es decir, los planes de pensiones, contratos de seguros, mutualidades de previsión… individuales no son sistemas de previsión social complementaria, sino que son sistemas de optimización de la factura fiscal del siguiente año. De hecho, en 2015 se aprobó una ley que les otorga liquidez al cabo de diez años, lo cual hace que pierdan completamente el carácter de previsión social complementaria. Para Hacienda, el sistema actual de ventajas fiscales supone perder en torno a 400-500 millones al año, ya que los incentivos le cuestan unos 1.600 millones, y lo que recupera por impuestos de la gente que retira el dinero ahorrado en el plan son unos 1.100 millones. Dicho esto, ¿quién se beneficia de los planes individuales? Las rentas altas, a partir de 50.000 euros y sobre todo a partir de 80.000-100.000 euros, y los usan para reducir su factura fiscal del año siguiente.

"Eliminar incentivos a los planes individuales es razonable porque son regresivos y priman a las rentas más altas"

P.- ¿Ve más necesario impulsar los planes de pensiones de empleo?

R.- Los sistemas de empleo (segundo pilar) dan cobertura a toda la plantilla, por tanto, eliminar incentivos al tercer pilar (instrumentos individuales) entra dentro de lo razonable porque son incentivos regresivos que priman a las rentas más altas. Y potenciar o concentrar los incentivos en los sistemas de empleo tiene todo el sentido. Ahora bien, hay que tener claro que los sistemas de previsión social son positivos en la medida en que generan ahorro ilíquido a largo plazo, que facilita la adquisición de deuda pública y emisiones de las empresas, y mejoran la renta de las personas cuando se jubilan, complementando la pensión pública, pero nunca pueden sustituirla. 

P.- ¿Las ayudas europeas por el COVID-19 impondrán a España condiciones en materia de pensiones? 

R.- En principio, los fondos de reconstrucción, los 140.000 millones de euros en ayudas que ha aprobado la UE, no tienen condicionalidad vinculada a reformas de pensiones. Por tanto, jurídicamente no tiene por qué existir esa condicionalidad, y políticamente, lo que demandamos al Gobierno español es que no asuma una condicionalidad de esas características porque entendemos que no es necesario. La prioridad es reforzar la estructura de ingresos y reequilibrar la situación financiera de la Seguridad Social, y a futuro continuar abordando reformas pactadas del conjunto del sistema sobre la base de la contributividad, de la suficiencia, de la garantía de pensiones mínimas. No olvidemos de los 19,5 millones de cotizantes a la Seguridad Social, más de 5 millones no cotizan por sus ingresos reales.

"De los 19,5 millones de cotizantes a la Seguridad Social, más de 5 millones no cotizan por sus ingresos reales"

P.- Al hablar de ingresos de la Seguridad Social, suele salir el tema de la cotización de los autónomos...

R.- Todo el mundo tiene que cotizar por sus ingresos reales. Esto hoy es una excepción para más de 5 millones de personas, donde se cuentan 3,2 millones de autónomos que eligen libremente la base por la que cotizan, 1,2 millones de personas que cotizan por la base máxima pero ganan salarios más elevados (contribuyen menos de lo que deberían y también cobran una pensión inferior a la que les correspondería) y 700.000 trabajadoras de hogar con mucha precariedad y bases tarifadas. Por tanto, actuando sobre la pata de la economía sumergida, los autónomos, y algunos regímenes especiales, se puede reforzar mucho la contributividad del sistema, lo cual haría que el sistema tuviera más ingresos y fuera más justo. Porque no es razonable que alguien cotice por la totalidad de los ingresos y otra persona pueda planificar no hacerlo. Tampoco es razonable que un autónomo con un negocio muy boyante pueda elegir cotizar por una base mínima, y que a otro autónomo con unos ingresos muy ajustados, se le obligue a cotizar por más de lo que ingresa.