Casi un 80% de los jubilados de países pobres no tienen pensión
Según un estudio de la OIT
La brecha existente entre países pobres y ricos se manifiesta en diversas situaciones, como la calidad de vida, el nivel de ingresos, el desarrollo industrial, la tasa de mortalidad -sobre todo infantil-. Al igual que hay diferencias en el nivel de ingresos, las hay también a la hora de percibir pensiones.
Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sitúa en casi un 80% de jubilados en países "de ingreso bajo" que no tienen acceso a una pensión, por lo que el 23,2% es el total de los que sí pueden tener una. La brecha se observa cuando estas cifras se comparan con las de países "de ingreso alto", donde un 97,5% de las personas mayores reciben una pensión y un poco menos en los "de ingreso medio-bajo", donde el porcentaje es del 38,6%.
Contexto de "policrisis"
En un contexto de "policrisis" marcado por la guerra de Ucrania y los efectos persistentes del Covid-19, "la actual crisis del costo de la vida ha afectado a los ingresos y los medios de subsistencia en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo", subraya la OIT. Con esto, y aunque se espera recuperar los niveles de ocupación previos a la pandemia, no es probable que ocurra en los países de ingreso bajo en general. Con esta crisis, es más difícil alcanzar a percibir una pensión en la jubilación.
"La protección social es un ámbito normativo fundamental que se ve restringido por la situación económica general", siendo las pensiones de vejez la modalidad más extendida de protección social. La baja cobertura de las pensiones es "un signo preocupante de falta de inversión en protección social, pero también ofrece la ocasión de fomentar el desarrollo sostenible y la justicia social", apunta el informe. Además, los beneficios de las pensiones van más allá de esa "transferencia directa de ingresos", ya que saber que se va a percibir una pensión en la jubilación modifica el comportamiento de los jóvenes ante el mercado laboral, lo que propicia el aumento económico y reduce la desigualdad de ingresos.
Las estimaciones de la OIT apuntan a que la ampliación de las pensiones básicas ha provocado "una disminución del tamaño de las familias en países con tasas de fecundidad inicialmente elevadas, un aumento de la proporción de empleo no agrícola y del PIB per cápita". Los expertos de este organismo de la ONU aseguran que "los efectos positivos de la cobertura universal de las pensiones de vejez en el mundo en desarrollo serían importantes y duraderos". La simulación realizada indica que "la mayor prosperidad se repartiría de forma más equitativa, con un descenso sustancial de la pobreza y la desigualdad de ingresos".
Desigualdad de género
Como en todo, y más en el mundo laboral, existe una brecha de género importante. En los países "de ingreso bajo", la tasa de déficit de empleo para las mujeres es del 14,5%, mientras que la de los hombres es del 9,8%. Se prevé, además, que esta tasa llegue al 31% en 2023 en los países "fuertemente endeudados". Sin embargo, la ampliación de las pensiones provocaría un acercamiento entre hombres y mujeres en cuanto a porcentajes se refiere, ya que se estima una reducción de 3,6 puntos porcentuales en la brecha de género de los ingresos. También afirman que "tendrá un efecto positivo en la salud y la educación de las mujeres".
"Estos nuevos datos justifican sobradamente la inversión nacional en los sistemas de protección social universal y la ayuda financiera internacional para los mismos, en particular en estos tiempos de crisis múltiple", sentencia la OIT. "Un nivel mínimo de protección social para las personas de edad avanzada promovería el crecimiento económico y, al mismo tiempo, reduciría la desigualdad económica y mejoraría la igualdad de género", añade.
Así, desde el informe señalan que la protección social es un catalizador de la justicia social, fundamental para superar los problemas a corto plazo y aquellos provocados por los procesos de transformación estructural más a largo plazo. Este sería el caso de la inversión en pensiones, que además de sus "múltiples efectos positivos tanto en crecimiento como en la justicia social", en combinación con inversiones que apoyen la creación de empleo "decente y productivo", invertir en los regímenes de protección social universal, entre otras cosas, estableciendo un nivel mínimo de protección, "acelerará el desarrollo económico y social y propiciará transiciones justas".
