La lucha de miles de jubilados anticipados con más de 40 años cotizados continúa y la presión sobre el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para poner fin a los recortes en la pensión que sufre este colectivo es cada vez mayor. Así, ya son 15 las comunidades autónomas –todas a excepción de Castilla-La Mancha y Canarias, que prevén sumarse en los próximos días– las que han aprobado en sus parlamentos regionales una proposición no de ley (PNL) para eliminar los coeficientes reductores en estas jubilaciones anticipadas con largas carreras de cotización.
ASJUBI40 (@asjubi40) es la plataforma a través de la cual se está canalizando esta reivindicación. "Llevamos desde 2016, cuando nacimos como asociación, reuniéndonos con los diferentes partidos, sindicatos e instituciones y la mayoría están a favor de que se apruebe una despenalización a nuestros casos, pero claro, las comunidades autónomas no pueden cambiar la ley de pensiones, pero sí instar al Gobierno a que lo haga y es lo que están haciendo cada vez más regiones de España", explica uno de sus representantes, Francisco J. Martín (@FranciscoJMar11), a 65Ymás.
Otro de sus miembros, Luis Ortiga (@Luis46101697), remitía hace unos días a 65Ymás una carta abierta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar cuenta de sus reclamaciones. En ella aseguraba que "a pesar del enorme y explícito apoyo popular, legalmente formalizado, el Gobierno, de forma incomprensible, no ha solucionado esta injusticia y discriminación". "El colectivo afectado por la injusticia de los coeficientes reductores aplicados a largas carreras de cotización es, sin duda, el que más ha contribuido a la sostenibilidad del sistema público de pensiones y al bienestar social de este país por medio de sus cotizaciones pagadas a la Seguridad Social e impuestos a la Hacienda Pública. Es una vergüenza que ahora, al llegar a la jubilación, se le vuelva a privar de sus legítimos derechos", apunta en la misiva.
No solo las comunidades autónomas han recogido el guante de este colectivo de afectados por la actual legislación de la Seguridad Social. Esta reivindicación también ha sido ya convalidada por Congreso de Diputados, Senado y numerosas Diputaciones, así como Ayuntamientos, a través de la aprobación de PNL o mociones. "Cuando todas esas instituciones están de acuerdo, de forma unánime, e instan al Gobierno a subsanar lo reclamado y éste hace 'oídos sordos', representa un claro ninguneo a las más altas instituciones democráticas y, en consecuencia, un ninguneo a todos los ciudadanos que éstas representan. Incluso deberíamos examinar si el ignorar esa demanda popular podría ser contrario a la Constitución", afirma el miembro de ASJUBI40 en su carta.
Igualmente, Luis Ortiga señala que espera que sus reivindicaciones sean "atendidas en primera instancia, por el Gobierno y no sean instancias internacionales las que tengan que imponer, una vez más, su cambio, para descrédito y vergüenza de nuestra legislación". "Para solucionar la reivindicación citada solo debe pensarse en tres palabras: dignidad, equidad y justicia. ¡Con ello es suficiente! Recuerde por favor, esas tres palabras", concluye, tras una detallada explicación por la que su juicio deberían derogarse esos coeficientes reductores.
El pasado mes de febrero, esta asociación registraba en el Congreso de los Diputados una petición dirigida a la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio.
Qué dice el Pacto de Toledo
En España existen más de 531.000 jubilados anticipados con largas carreras profesionales que sufren penalizaciones en el importe de sus pensiones que pueden llegar hasta un 40%, por haberse acogido a alguno de los supuestos legales de jubilación anticipada y haberse retirado antes de cumplir la edad reglamentaria. Personas que en el momento de acceder a la jubilación (muchas de ellas, de manera forzosa por estar en paro, haber sufrido un ERE, un despido improcedente y haber sido expulsadas del mercado laboral) llevaban más de 40 años cotizados, algunas hasta 50 años.
Y, sin embargo, la Seguridad Social les aplicó las penalizaciones que contempla la ley, lo que en numerosos casos les supuso jubilarse con una pensión un 24%, un 30% e incluso un 40% inferior a la que les habría correspondido de retirarse a la edad ordinaria. Con el agravante de que esos recortes son de por vida, salvo que el Pacto de Toledo o el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, lo impidan.
De hecho, el Pacto de Toledo, aprobado por el Congreso de los Diputados, ha entreabierto la puerta a una posible supresión de los coeficientes reductores que penalizan la jubilación anticipada en largas carreras de cotización. No propone específicamente que se eliminen, pero sí daba tres meses al ministro Escrivá (plazo que acabó en marzo) para que realizara un informe para "analizar los costes financieros y la equidad actuarial de los coeficientes reductores que se aplican en los casos de jubilación anticipada, poniendo especial atención en la forma de acceso a la misma (voluntaria o forzada por las circunstancias), los supuestos de carreras de cotización prolongadas y el sector de actividad".
Escrivá no lo tiene entre los asuntos prioritarios
Preguntado por el tema en rueda de prensa hace unos días, el ministro Escrivá declaró que el asunto "no es en estos momentos el centro de nuestro trabajo" y aseguró que su revisión se pospone a 2022. "Es algo que en nuestro calendario de trabajo está más pensado en el paquete de medidas que tienen que ver con las carreras profesionales y los periodos de cómputo, más pensando para el año que viene. Con todos los temas que tenemos que abordar en la Seguridad Social, este lo hemos pospuesto", insistía.
Tal como como confirman fuentes del ministerio, que eluden dar fechas concretas, este conjunto de medidas no están incluidas en el primer bloque de negociación que se está tratando actualmente con patronales y sindicatos, por lo que probablemente no se resuelva antes de final de año. Aún así, insisten en que el próximo 12 de abril, ante la Comisión del Pacto de Toledo, el ministro dará explicaciones sobre este y otros asuntos relacionados con la reforma de las pensiones.
