Comisiones Obreras ha reclamado al Gobierno en funciones que prorrogue la llamada "cláusula de salvaguarda" de las pensiones, que permite a trabajadores despedidos antes de la reforma de agosto de 2011 acceder a una jubilación con las condiciones establecidas antes de la reforma.
Según ha explicado el sindicato, esta cláusula incluida en la reforma impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pactada con sindicatos y patronal, fue limitada hasta el 31 de diciembre de 2018 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y prorrogada un año más por el actual Gobierno en funciones.
Por ello, CCOO recuerda que, de no resolver esta cuestión en el Consejo de Ministros de este viernes 27 de diciembre, quedarían tan solo cuatro días para que las personas amparadas por esta cláusula puedan tomar la decisión para solicitar la jubilación con las reglas pactadas en su día o las que están actualmente en vigor. Fuentes de Trabajo han informado a eldiario.es que "el Gobierno está estudiando la posibilidad de incluir una prórroga en el último Consejo de Ministros"
La conocida como 'cláusula de salvaguarda' es una garantía legal incluida en la reforma de pensiones de 2011 por la que se garantizaba que aquellas personas que habían sido despedidas antes de la entrada en vigor de la nueva ley pudiesen jubilarse con los requisitos en vigor en aquel momento, o después como consecuencia de ERES previos a la misma.
Jubilación en las condiciones más favorables
El objetivo de esta medida, según explica el sindicato, es garantizar la protección social de los trabajadores de edad avanzada despedidos, de modo que para jubilarse no se les exigiese requisitos distintos a los que ya tenían en el momento que determinó el despido.
"Esta cláusula legal ha dado seguridad jurídica a todas las personas que se vieron afectadas en su día por despidos colectivos en los que se establecía un marco concreto de protección social y el acceso a la jubilación con unas reglas dadas", reivindican desde CCOO.
En este sentido, recuerdan que esta norma permitió la adhesión voluntaria a los despidos colectivos, evitando "situaciones que de otro modo probablemente hubiesen provocado conflictos sociales más graves en las empresas en aquel momento".
"Esta situación debería haberse resuelto mucho antes, suprimiendo definitivamente la limitación temporal de la cláusula y estableciendo el derecho de opción de las personas afectadas", critican.
