Ceder la gestión de las pensiones al País Vasco es un "riesgo y tiene consecuencias imprevisibles"

El Gobierno vasco defiende la transferencia de la Seguridad Social contra la opinión de los expertos

El País Vasco no puede pagar sus pensiones sin el paraguas del Estado

El acuerdo logrado entre el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para la investidura de Pedro Sánchez incluye la transferencia, en el plazo de dos años, de la gestión de la Seguridad Social a Euskadi; un aspecto contemplado en el Estatuto de Guernica, de 1979, pero que nunca se ha materializado. En realidad, es una medida reciclada, puesto que ya se le prometió al PNV en la anterior investidura de Sánchez, en 2019, sin que llegara a concretarse mucho más allá de una reunión entre la entonces ministra Carolina Darias y el consejero vasco Josu Erkoreka, en febrero de 2020.

Pero ahora, como entonces, numerosos políticos, economistas y asociaciones de funcionarios han dado la voz de alerta, asegurando que dicho traspaso invade competencias constitucionales y puede poner en riesgo, incluso romper, la caja única de las pensiones. Hay que recordar que el sistema de Seguridad Social es de prestación definida y de reparto, es decir, no existen cuentas individuales que recojan las cuotas pagadas por los trabajadores y sus empleadores, por un lado, y los derechos de pensión adquiridos por estas cuotas. 

Los expertos consultados por 65YMÁS advierten de que, con la transferencia de la gestión al País Vasco, la igualdad de todos los españoles está en juego, por mucho que tanto el PSOE como el portavoz del PNV, Aitor Esteban, defiendan que se respetará el principio "unitario y de solidaridad" del sistema. Los expertos recuerdan que ni el País Vasco ni ninguna CCAA puede pagar sus pensiones con las cotizaciones de los trabajadores, y subrayan que la cesión de la que se habla no permitirá a Euskadi variar el cálculo de las cotizaciones, ni de las prestaciones, ni aumentar la cuantía de las pensiones contributivas, porque de lo contrario, se rompería la caja única.

Existe además el riesgo de una erosión de la solidaridad entre automonías; el peligro de sentar un precedente y que otras comunidades autónomas reclamen gestionar sus propias cuentas; e incluso introducir más ineficacia en la administración de los recursos del Estado.

"Postureo político" por parte del Gobierno vasco

El traspaso es una medida sin sentido desde el punto de vista de la eficiencia y la solidaridad, "introduce un riesgo innecesario y sus consecuencias son imprevisibles", según advierte Miguel Ángel García (@magarciadiaz), doctor en Economía e investigador asociado de FEDEA (@socialfedea), para quien el peligro está en qué se interpreta por gestión de la Seguridad Social. "Puede consistir en ceder los datos sobre prestaciones, y que la carta anual o la nómina de la pensión diga que, en vez de pagarla la Seguridad Social, lo hace la Hacienda vasca, en cuyo caso no se produciría rotura de la caja única, pero sí una importante pérdida de transparencia, porque el País Vasco no puede hacer frente al pago de sus pensiones con las cotizaciones de los trabajadores ocupados. De hecho, tiene un déficit de 4.100 millones anuales. Por tanto, en ese supuesto, se produciría una utilización política, ya que las pensiones las seguirían pagando la Seguridad Social y el Estado, mientras que el mérito nominal se lo atribuiría la Comunidad Autónoma Vasca".

Este experto afirma que la transferencia también podría consistir en cederles el cobro de cotizaciones, gestión de edificios, funcionarios, o quedarse en una cesión de mero carácter administrativo, pero incluso un traspaso solamente administrativo "daría más trabajo al Gobierno vasco y no lograría mucho rédito político. Y también en este caso, habría consecuencias, pues se incurriría en un problema de falta de transparencia sobre los ingresos de la Seguridad Social a nivel estatal. De hecho, los investigadores nos encontramos a menudo con que no disponemos de datos de ingresos de las Diputaciones vascas, así que esa cesión administrativa no supondría romper la caja única, pero sí una cortapisa a la transparencia del sistema".

Para García, al igual que la mayoría de expertos consultados por 65YMÁS, tras esta demanda del PNV hay "postureo político, la intención de atribuirse el pago de algo que en realidad no hacen. Porque, si la transferencia incluyera de alguna forma el reconocimiento de las prestaciones o de las condiciones de pago de las cotizaciones, entonces se estaría produciendo una grave ruptura de la caja única".

"No podrían subir las pensiones contributivas"

Una de las posibilidades que se barajan es que el Gobierno vasco quisiera aumentar la cuantía de sus pensiones no contributivas y mínimas (las contributivas son exclusiva competencia estatal), pero para eso "no necesitan ningún traspaso de gestión, porque el Tribunal Constitucional ha establecido que las prestaciones asistenciales, subsidios, sí son competencia de las comunidades autónomas. Y de hecho, el País Vasco y Andalucía ya las tienen complementadas", detalla Miguel Ángel García.

Hay que recordar que, tal como establece en la Constitución, el sistema público de pensiones contributivas es una competencia exclusiva del Estado, y sujeto a una regulación unitaria en cuanto a las reglas de cálculo de la pensión, las formas de cotización, la revalorización anual, que rige para todos los pensionistas, y en todo el territorio español. Las comunidades autónomas pueden, si quieren, complementar las prestaciones restantes, pero no las que van ligadas a las contribuciones sociales de trabajadores y empresas.

Funcionarios: "Vulnera la igualdad entre españoles"

Nada más conocerse el pacto entre PSOE y PNV, cinco asociaciones de funcionarios de la Seguridad Social, entre ellas Atass (@ATASegSocial), han denunciado que "la cesión o transferencia a las comunidades autónomas de cualquier aspecto relativo a la gestión o ejecución en materia de Seguridad Social vulneraría las garantías constitucionales y los principios de caja única y solidaridad financiera, así como el de igualdad todos los españoles, con independencia del territorio donde residan".

Para estos funcionarios, la sostenibilidad y garantía de nuestro sistema "no se consigue mediante la renuncia del Estado a sus competencias atribuidas constitucionalmente, sino, todo lo contrario, con el refuerzo y garantía de las mismas mediante la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social y el reconocimiento de la consideración a los cuerpos de funcionarios que integran su Administración como de carácter nacional o de habilitación nacional".

👉 ¡Última hora! Desde ATASS emitimos Comunicado sobre la transferencia de competencias de la Seguridad Social a las CCAA y en concreto, respecto del anuncio de una posible transferencia a la Comunidad Autónoma del País Vasco.#Comunicado #ATASS pic.twitter.com/ZWJOBQNNg2

— Asoc. Técnicos Seguridad Social (@ATASegSocial) November 11, 2023

"Las pensiones vascas tienen 4.000 millones de déficit"

"Aunque todavía se conocen muy pocos detalles sobre esta cesión, no creo que se rompa la caja única de la Seguridad Social, porque ello tendría implicaciones para el sistema de pensiones imprevisibles, muy difíciles de cuantificar", señala Enrique Devesa (@DevesaCarpio), profesor titular de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, quien ve innecesaria esta transferencia al País Vasco, o a cualquier comunidad autónoma que pudiera pedirlo, de prosperar la reclamación de Euskadi. 

Por su parte, José Antonio Herce (@_Herce), doctor en Economía, patrono de la Fundación AGE y socio fundador de LoRIS Retirement, subraya que "ninguna geografía que no sea la estatal está en condiciones de mantener los registros pertinentes dentro de su jurisdicción, reconocer y abonar las pensiones. Es incomprensible que una comunidad autónoma quiera hacerse cargo de una parte de la Seguridad Social, segmentada por un perímetro administrativo". Además, advierte de que traspasar la gestión de los cobros y pagos de las pensiones contributivas se puede hacer, pero hacerlo sin que sufra la unidad de caja es complicado".

¿Por qué quiere el País Vasco recibir esta competencia? Según Herce, "una explicación podría ser para recargar las cotizaciones a las empresas y trabajadores existentes en la CAV y, así, pagar mejores pensiones a los pensionistas radicados allí. Pero esto es algo absurdo. La parte del déficit contributivo que corresponde al perímetro vasco es superior a 4.000 millones (de los casi 40.000 millones del déficit contributivo total), que ahora asume la caja única. Mejor dicho, el Estado, que hace transferencias multimillonarias a la Seguridad Social cada año. En este caso, el Gobierno vasco querría que se le transfiriesen estos recursos también, supongo. Pero lo que no podría hacer la Administración vasca es alterar las fórmulas de cálculo de cotizaciones ni las de prestaciones. De tolerarse esto, sería profundamente distorsionador".

A juicio de Herce, otra explicación podría ser que, "sin alterar las fórmulas de cálculo de las cotizaciones ni las pensiones, el Gobierno vasco quisiera mejorar las rentas de algunos pensionistas. Esto también es absurdo, porque puede hacerlo desde mañana mismo si lo desea, aprovechando incluso para mejorar las rentas de los working poors vascos, que los hay, como en el resto de España. Únicamente necesitaría aumentar los impuestos a los ciudadanos y ciudadanas y empresas radicados en la CAV y afrontar las consecuencias".


Asimismo, José Manuel Jiménez, director del Instituto Santalucía, matiza que, sobre este punto existente dentro del acuerdo del PSOE – EAJ-PNV para dar estabilidad a esta nueva legislatura, "se habla de 'culminar el autogobierno presente con la transferencia a Euskadi de las competencias aún pendientes'. Una de ellas sería la correspondiente a materias de Seguridad Social , que en todo caso, debería mantener el principio de caja única y de solidaridad financiera y territorial, reflejado en el articulo 41 de la Constitución, y que establece que 'los poderes públicos mantendrán un régimen publico de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad".

"Si asumen la gestión... también el déficit y la deuda" 

El economista José Carlos Díez (@josecdiez) advierte de que, pese a que el PSOE desmiente que se vaya a romper la caja única, "todas las asociaciones de funcionarios de la Seguridad Social han publicado un comunicado conjunto advirtiendo de que un sistema confederal sería el fin de la capacidad redistributiva de la columna vertebral del Estado del bienestar, como es el sistema público de pensiones".

En un reciente informe, Díez detalla que el sistema de pensiones en el País Vasco tuvo un déficit de 4.000 millones en 2022. "Son una de las poblaciones más envejecidas y tiene una ratio de número de cotizantes por jubilado de 1,7, muy inferior a la de Madrid, que con 2,8 de nuevo vuelve a ser el principal contribuidor al sistema, como sucede en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)".

Según Díez, en caso de que finalmente se lleve a cabo el traspaso de la gestión, "el Gobierno vasco debería asumir esos 4.000 millones de déficit en la negociación del cupo y la deuda acumulada desde 2007 por el sistema en su región. Parece que únicamente quieren la gestión para poner el logo del Gobierno vasco y que los pensionistas crean que son ellos los que pagan su pensión. Pero la realidad es que 1 de cada 3 euros de las pensiones vascas se financian con deuda pública, que pagarán los hijos de todos los españoles, no solamente los de los vascos".