Cepyme pide bajar las cotizaciones y no cargar a las empresas la sostenibilidad de las pensiones

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La patronal de la pequeña y mediana empresa (CEPYME @cepyme_) acaba de publicar un decálogo con sus propuestas para que los grupos parlamentarios, y por ende, el próximo gobierno, las hagan suyas, recordando que las pymes conforman la mayor parte del tejido empresarial de nuestro país.

Entre sus demandas, pide que se rebajen los impuestos y cotizaciones y se ponga tope a las alzas del salario mínimo interprofesional (SMI), además de solucionar el problema de la morosidad privada y de las administraciones públicas, así como las vacantes laborales. Más en detalle, CEPYME, presidida por Gerardo Cuerva, rechaza el incremento de las cotizaciones y la presión fiscal a las empresas que impone la última reforma de las pensiones.

"En  los últimos años, se ha apuntado al incremento de las cotizaciones como única herramienta para corregir el desequilibrio entre ingresos y gastos del sistema de Seguridad Social, elevando los costes laborales de las empresas. Por un lado, las bases de cotización han subido más de un 50% (las mínimas) y cerca del 20% las máximas y han quedado indexadas al IPC, perdiendo posibilidad de adaptación ante cualquier coyuntura", denuncia CEPYME.

Esta patronal resalta que "los tipos de cotización se han situado como los terceros más elevados de toda la Unión Europea y se ha llevado a cabo el primer aumento de tipos desde que se aprobara la actual Ley General de Seguridad Social, además, estos se encaminan a una elevación constante en los próximos años debido al actual Mecanismo de Equilibrio Intergeneracional y a la nueva cuota de solidaridad".

En contrapartida a estas medidas, que les obligan a un alza de costes laborales, CEPYME propone desarrollar e impulsar el ahorro complementario e invitar a una reflexión sobre la sostenibilidad de las pensiones y evaluar los últimos cambios introducidos a los efectos de garantizar la viabilidad del sistema de la Seguridad Social".

Decálogo de propuestas de CEPYME para el gobierno

En el documento publicado este lunes, Propuestas de CEPYME para el nuevo Gobierno, la patronal de la pequeña empresa desgrana una serie de propuestas en materia fiscal, laboral y normativa, con hincapié en aspectos como la morosidad, la falta de mano de obra, que provoca vacantes sin cubrir, aspectos ambos que atañen a distintos estamentos de las Administraciones.

1. Presión tributaria

Entre las grandes economías del mundo, "España se sitúa a la cola en cuanto a atractivo fiscal, y hay que considerar además la importante carga en forma de cotizaciones sociales, que desincentiva la contratación y aumenta los costes laborales, además de la presión derivada del Impuesto de Sociedades, que también resulta elevada. En paralelo, España lidera la presión tributaria sobre el patrimonio y esto juega en contra de la inversión, tanto desde un punto de vista interno como externo, ya que desincentiva la llegada a nuestro país de profesionales altamente cualificados y grandes fortunas", asegura el informe.

Desde CEPYME demandan:

- Reducir la presión fiscal empresarial y promover el ahorro y la atracción de la inversión.

- Disminuir las cotizaciones sociales, que tienen un mayor impacto en las pymes.

- Minimizar la cargas tributarias que afectan especialmente a las pymes.

- Eliminar los impuestos que no existan o sean minoritarios en nuestro entorno.

- Evitar que la fiscalidad obstaculice los movimientos de capitales, que limitan la inversión en nuestro país. 

2. Sistema de pensiones

El envejecimiento de la población sitúa a la futura sostenibilidad del sistema de pensiones como una de las principales preocupaciones de los próximos años. Asegurar su mantenimiento es esencial para garantizar la cohesión social de nuestro país. Por ello, es esencial garantizar que su financiación sea sostenible y no merme la capacidad productiva de la economía española.

Atajar la senda iniciada de aumentos de cotizaciones y proceder a una rebaja de estas se antoja urgente para evitar una pérdida mayor de competitividad del tejido empresarial español que sufren especialmente las pymes. Asimismo, para lograr una financiación sostenible es esencial generar un modelo que facilite la llegada del talento y, en general, trabajadores de fuera de nuestras fronteras.

3. Gasto y deuda públicos

La patronal argumenta que el Plan de Estabilidad proyecta para 2026 un superávit primario del 0,4% del PIB, un déficit estructural del -2,5% del PIB y una deuda pública que sumará el 106,8% del PIB. Unas cifras que evidencian la ausencia del margen de acción de España, en caso de nuevas crisis y que inciden en la necesidad de evolucionar hacia un gasto público más eficiente.

La necesidad de dar pasos decisivos hacia la consolidación de las cuentas públicas volverá a ser una demanda de la UE, pero también una cuestión obligada ante el cambio de contexto de la política monetaria en la zona euro. La inflación ha hecho que la excepcionalidad de los tipos negativos quede atrás, pero también que el BCE se replantee las generosas compras de deuda que limitaron los costes de financiación de los países más endeudados.

4. Salario Mínimo Interprofesional

El salario mínimo se ha tornado "inasumible para muchas pymes, en particular en el sector servicios".

Para desligar el salario mínimo de los vaivenes políticos, debe tenerse como única guía lo establecido en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que el Gobierno fijará, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, anualmente, el salario mínimo interprofesional, teniendo en cuenta: el índice de precios de consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general”, reclama CEPYME.

5. Crecimiento empresarial

Para impulsar el crecimiento de la pyme, aboga por:

- Evaluar el conjunto de normas de índole tributaria, contable, laboral que desalientan de manera directa el crecimiento empresarial.

- Flexibilizar los escalones regulatorios para que sean efectivos después de cuatro años consecutivos de cumplimiento de los requisitos. 

- Fomentar fiscalmente las fusiones y adquisiciones.

- Test PYME de las normas y que estas, en su confección, siempre tengan en cuenta las características particulares de la pyme.

- Eliminar burocracia, por ejemplo, simplificación de los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza). 

6. Cargas burocráticas

Para las pymes, resulta urgente reducir las cargas burocráticas de la Administración; aplicar de forma obligatoria un test pyme y de competitividad que sea efectivo a cualquier normativa a nivel nacional, regional y local; la aplicación efectiva del principio “una sola vez”, para que ciudadanos y empresas solo deban comunicar una misma información a cualquier nivel de gobierno solo una vez.

También impulsar la coherencia normativa y reforzar los controles de la calidad legislativa y modernizar la administración de Justicia.

7. Marco laboral: agilizar altas laborales y frenar el SMI

Es preciso, según la patronal de las pymes, continuar avanzando en la flexibilidad del mercado de trabajo, en el seno del diálogo social, y agilizar los procesos de alta por incapacidad temporal.

Cesar en la rápida tendencia alcista del SMI llevada a cabo en los últimos años; generar un marco competitivo de cotizaciones sociales;  abordar el desajuste entre la oferta y la demanda de empleo; actualizar las políticas activas y pasivas de empleo, son otras propuestas del decálogo.

8. Lucha contra la morosidad

Las pymes soportan una deuda comercial del orden de los 200.000 millones de euros, que supone unos gastos financieros anualizados de más de 2.600 millones (datos del 1º trimestre de 2023).

Es prioritario regular de forma específica el retraso de pago en las transacciones comerciales de ámbito privado y no solo en la morosidad pública, como ocurre en este momento. En este sentido, es necesario diferenciar entre las situaciones de morosidad y de impago y facilitar medios para garantizar los pagos. Es preciso homogeneizar a nivel europeo el modo en el que se mide el período de pago, para que las pymes puedan trabajar en igualdad de condiciones y establecer medios para poder supervisar que los pagos se realicen en los plazos establecidos por la Directiva.

9. Unidad de mercado

Desde las pymes se insiste en el respeto por parte de las distintas Administraciones de sus ámbitos de competencia. "La lucha competencial está alimentando la inseguridad jurídica ya que no son pocas las ocasiones en las que distintas Administraciones entorpecen su acción o generan inseguridad jurídica con sus normativas contrapuestas", lamentan.

Reforzar la unidad de mercado,  priorizando la articulación de mecanismos de coordinación entre comunidades autónomas y entre corporaciones locales a fin de evitar el efecto frontera entre autonomías, lo que salvaguardaría la seguridad jurídica. También sería esencial el reconocimiento recíproco de permisos y licencias entre diferentes administraciones.

10. Fondos Europeos

La movilización efectiva de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su adecuado aprovechamiento pasa por:

- Mecanismos estandarizados para su solicitud, que minimicen los trámites burocráticos. El modelo del Kit Digital, sujeto a algunas modificaciones, debería ser el camino a seguir.

- Lanzar planes RENOVE o kits con el planteamiento del denominado Kit Digital entre las empresas de menor tamaño. 

- Facilitar la digitalización de la pyme.

- Facilitar el proceso de justificación del uso de los fondos.

- Que las autoridades nacionales no impongan más obligaciones que las ya exigidas por la misma Comisión Europea.