Ningún sistema para compatibilizar pensión y trabajo, en opinión de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) tendrá éxito si no resulta atractivo para el trabajador y cuenta con incentivos claros para que las empresas mantengan a los trabajadores de mayor edad. Es más, Fedea augura al actual programa de jubilación activa una participación muy modesta.
Es imprescindible rediseñar todos los programas que permiten alargar la vida laboral y compatibilizar esta actividad con el cobro de la pensión. En opinión de Fedea, las medidas más inmediatas, en orden creciente de coste y eficacia para retrasar la edad de jubilación son:
Además, el estudio de Fedea recomienda tratar de optimizar los valores de los componentes cuantitativos del programa de jubilación activa, por ejemplo, el porcentaje de la pensión disfrutado durante la fase laboral, la tasa de actualización de la pensión final o los tipos contributivos cargados. Además, recomienda incluir en el diseño incentivos específicos para las empresas empleadoras, como, por ejemplo, la reducción de la compensación salarial ligada a la antigüedad al continuar en el mismo trabajo a tiempo parcial.
Permitir la compatibilidad de trabajo y cobro de pensión es una de las mejores opciones para atacar dos acuciantes problemas: mejorar la oferta de trabajo (por el reducido tamaño de la población que seguirá a la generación de baby boomers) y la situación financiera del sistema de pensiones, asegura el documento de Fedea.
Pero para que un trabajador retrase su jubilación, y aporte su tiempo al sector productivo, tiene que haber alicientes para el propio trabajador, y para las empresas empleadoras. De lo contrario, ningún programa para alargar las carreras laborales y retrasar la edad de jubilación tendrá éxito. Al final, todo depende de lo que decida cada uno de los trabajadores y de que las empresas apoyen o no esa decisión, en relación a la jubilación y al cobro de la pensión. Y de eso depende la eficacia de los programas de Jubilación Parcial y Jubilación Activa.
Como reconoce Fedea, todas las medidas que propone implican mayores costes para la Seguridad Social, como hemos dicho, de menor a mayor coste.
En este sentido, es imperativo analizar el peso de los objetivos que busca cualquier programa de compatibilización: aumentar la oferta de trabajo y la contención de costes. Si resulta prioritario aumentar la oferta de trabajo, la jubilación activa, tal y como está diseñada ahora mismo, será un programa demasiado pequeño. Si por el contrario el objetivo es la contención de costes, el esfuerzo debería encaminarse a continuar limitando el uso de la jubilación parcial, asegura Fedea.
En España, la compatibilidad de trabajo y pensión es posible mediante la participación en uno de los tres programas dedicados por la Seguridad Social a este fin: la jubilación flexible (JF), la jubilación activa (JA) y la jubilación parcial (JP), que se presenta bajos dos modalidades diferentes: con o sin contrato de relevo. Salvo excepciones, toda actividad remunerada que genere ingresos anuales por encima del salario mínimo interprofesional (SMI) en cómputo anual debe realizarse al amparo de uno de estos programas.
La jubilación parcial con contrato de reemplazo es demasiado rígida para las empresas, establece importantes obligaciones para la empresa empleadora, como un contrato de relevo demasiado reglamentado. Por otro lado, al eliminar los coeficientes de penalización por jubilación anticipada, se convierte en un programa muy costoso. “No hemos encontrado, de hecho, otros ejemplos en la normativa internacional con una regulación tan generosa” dice Fedea. “Las empresas parecen haberlo usado más como herramienta de jubilación anticipada que como herramienta de extensión de la vida laboral”.
Por eso, en 2013, la Seguridad introdujo el programa de Jubilación Activa y endureció las condiciones de la jubilación parcial con contrato de reemplazo.
la Jubilación activa ha sido cuantitativamente importante entre los trabajadores autónomos, alcanzando al final del periodo una tasa de incidencia del 18.3% entre los trabajadores de 65 y más años. En contraste, ha sido prácticamente irrelevante entre los asalariados.
En opinión de Fedea, los trabajadores con salarios bajos (que reciben complementos de m´ınimos) tenderán a jubilarse más tarde, reduciendo los costes financieros del sistema de pensiones. Los trabajadores con salarios elevados (que activan la pensión máxima a la jubilación) tenderán a adelantar el cobro y resultar algo más caros para el sistema. En un rango intermedio, este sistema no crea incentivos financieros favorables a su uso.
“La evidencia empírica de trabajadores autónomos utilizando el programa con una intensidad muy superior a las de sus homólogos asalariados apunta a un desinterés de las empresas por mantener activos a sus trabajadores mayores. Este interés será posiblemente mayor si la normativa se extendiese a las edades de prejubilación”, concluye Fedea.
