Conforme se acerca el inicio del retiro masivo de la generación del baby boom,que tendrá su pistoletazo de salida en 2025, crecen las voces que reclaman una reforma del sistema de Seguridad Social, que permita la (casi) plena compatibilidad de la jubilación, incluso de los subsidios sociales, con el trabajo remunerado. Medidas que apuntalarían los ingresos del sistema de pensiones y frenarían la salida brusca de cientos de miles de trabajadores del mercado laboral, según aducen numerosos expertos.
Así lo acaba de proponer la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA @socialfedea), en un trabajo recién publicado por su subdirector, José Ignacio Conde-Ruiz (@conderuiz) y Jesús Lahera (@jesuslahera), investigador asociado de la entidad, titulado Retos futuros del mercado de trabajo en España. Para ambos expertos, es "fundamental" modificar las prestaciones asistenciales, con el fin de introducir incentivos a la búsqueda de un empleo, de forma que la percepción de la prestación pueda compatibilizarse, al menos en una parte, con el cobro de un salario.
José Ignacio Conde-Ruiz y Jesús Lahera (FEDEA).
Igualmente, plantean que es preciso reformar la concepción tradicional de la jubilación y caminar hacia modelos de salida del empleo que sean "compatibles con el trabajo retribuido, por cuenta ajena o autónomo, sin límites de ingresos".
Jubilación parcial y activa, las soluciones
Este think tank denuncia que la regulación de la jubilación en España es "drástica, sin apenas pasarelas de transición gradual entre la etapa de trabajador y la de pensionista", y, además, es, por regla general, incompatible con el trabajo retribuido. A su juicio, las medidas de reforma de la Seguridad Social deben encaminarse hacia fórmulas de jubilación "mucho más graduales, flexibles y compatibles".
Más en detalle, estos expertos proponen regular con incentivos los acuerdos de jubilación parcial, facilitar la jubilación activa y dejar de topar las rentas adicionales de los jubilados.
Y una de las propuestas más llamativas es su demanda de un nuevo contrato de trabajo compatible, con reglas específicas que, sin discriminar por edad, tenga en cuenta que el pensionista está ya cubierto por una renta pública, "lo que puede descartar, en estos supuestos, una indemnización por despido". Es decir, tratar de animar a las empresas a que accedan a esta clase de jubilaciones, con el señuelo de no tener que pagar por el despido de los jubilados-trabajadores.
En el fondo de estas propuestas reside el peligro que el envejecimiento de la población supone para pensiones y empleo. Por un lado, a medida que los trabajadores mayores se acercan a la edad de jubilación, se va a producir una disminución en la disponibilidad de mano de obra experimentada en ciertos sectores o profesiones, resaltan los miembros de FEDEA.
Además, "los trabajadores mayores se pueden enfrentar a una discriminación en el mercado laboral debido a estereotipos y prejuicios relacionados con la edad. Todo ello puede redundar en una pérdida de talento y experiencia senior que son, sin duda, valiosos para las empresas. Pero, por otro lado, el envejecimiento de la población tiene un impacto significativo en los sistemas de pensiones. A medida que la proporción de personas mayores aumenta en comparación con la población en edad de trabajar, los sistemas de pensiones enfrentan desafíos en términos de sostenibilidad financiera y equidad intergeneracional".
Cobrar subsidio y salario para animar el empleo
Conde-Ruiz y Lahera abogan asimismo por hacer compatible la percepción de la prestación, al menos una parte, con el salario, de manera que se pueda recibir mientras los ingresos se mantengan por debajo de cierto umbral. En caso de que los ingresos superaran la cota establecida, la prestación se reduciría gradualmente o se suspendería por completo.
Tal como explica Conde-Ruiz, esta medida "asegura que las personas con ingresos más bajos sigan recibiendo el apoyo necesario, mientras se incentiva a buscar empleo y aumentar los ingresos". De este modo, el subsidio se sumaría al salario del trabajador, convirtiéndose en un complemento salarial. En todo caso, subraya que en la implementación de este nuevo diseño deben existir sistemas de seguimiento y verificación para garantizar el cumplimiento y evitar abusos o fraudes.
Tal como resalta FEDEA, la pérdida (o caída) del subsidio si se acepta un empleo hace que muchos perceptores no quieran aceptar trabajos, sobre todo si estos son de carácter temporal o a jornada parcial. "Esto explicaría por qué en muchas áreas turísticas donde hay un alto nivel de desempleo existen problemas para cubrir vacantes", una situación que también se está produciendo en el sector doméstico. Según se indica en el informe, en el pasado estos trabajadores encontraban acomodo en el mercado laboral de forma irregular y sin poner en riesgo su prestación. "Ahora, gracias a los necesarios avances de la Inspección, esta posibilidad es descartada y frenan su incorporación al mercado de trabajo".
Los autores de este trabajo aducen que, de acuerdo a la evidencia internacional, permitir de forma permanente compatibilizar la prestación y el salario aumenta la cobertura, impulsa el empleo y reduce la tasa de paro estructural. En este sentido, recuerdan que en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha introducido un incentivo al empleo, pues se permite compatibilizar la prestación y el salario, pero únicamente durante un año o como mucho dos, un plazo que, para FEDEA, resulta "claramente insuficiente", pues "nadie arriesga la pérdida del IMV en esas condiciones".
Sobre el autor:
Pepa Montero
Pepa Montero es redactora especializada en temas de economía. Ha trabajado en medios como El Economista y La Gaceta de los Negocios. Es autora del libro de relatos La casa de las palmeras (Azul como la Naranja, 2013).