El colectivo sénior sufrió especialmente los recortes tras la crisis financiera de 2008: congelación de las pensiones, copagos o sanidad, mientras eran el sustento de toda la familia y, en muchos casos, aval de las casas de los hijos, que fueron cayendo como fichas de dominó. Hoy, los mayores vuelven a ser uno de los colectivos más perjudicados. La amenaza de Escrivá sobre los baby boomers, jubilados penalizados con largas carreras de cotización o coto a las jubilaciones anticipadas. Se invita a alargar la vida laboral, mientras que las empresas prescinden de los trabajadores mayores, que sufren especialmente el paro de larga duración.
A todo esto, hay que sumar el aumento de las comisiones bancarias y el cierre de sucursales o el tarifazo de la luz. Y cuando un mayor cree que al fin ha tenido algo de suerte en su supermercado... el premio es de, nada más y nada menos, 5 euros. Los mayores dicen basta a las tropelías y, cada vez con más fuerza y más organizados, se movilizan.
A los pensionistas, que llevan casi una década manifestándose en defensa de las pensiones, no les gusta el primer paquete de la recién presentada reforma de las pensiones. Desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (@CoespeOficial), consideran que es "un mal pacto", hecho con prisas basado en las recomendaciones del Pacto de Toledo, que van contra los intereses de los futuros pensionistas.
Y menos aún las declaraciones del ministro Escrivá, en relación a los baby boomers que, por mucho que las haya matizado posteriormente, deja el debate en el ambiente a modo de globo sonda. Plataformas de pensionistas y jubilados de toda España han estallado ante la idea de que tenga que ser esta generación quien sufra un ajuste en su pensión para adaptarse al equilibrio generacional. "Estamos indignados con el juego político y de que nos lancen globos sonda asegurando que es lo mejor para nosotros y luego vengan los recortes", aseguran desde el Movimiento Andaluz en Defensa de la Pensiones Públicas (@MOANDPP), que ha firmado junto con otra decena de plataformas de pensionistas una valoración conjunta sobre el acuerdo de pensiones. Entre ellas se encuentra la Coordinadora Estatal de Pensionistas (@CoespeOficial), Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos públicos (@modepen) y los pensionistas vascos.
Las plataformas firmantes critican que "den ahora dulcecitos" mientras dejen el grueso de la reforma para 2022 y exigen que se escuche más a la calle para decidir sobre el futuro. "Los sindicatos deberían negarse a más recortes y a pensiones complementarias que privatizan el sistema" e invitan a invertir en pensiones públicas el 2% del PIB. "No tiene sentido seguir con los recortes, ni con negociaciones al margen de las organizaciones de pensionistas. Marginar este movimiento, no dialogar con sus plataformas, es una torpeza, y el Gobierno, antes o después, tendrá que entenderlo. Esta es una batalla que afecta a toda la sociedad, y a la que no renunciamos".
“Ahora mismo hay que seguir luchando por la pensión mínima, por la brecha de género, por los jóvenes pensionistas… porque hay gente que está pasando hambre en nuestro colectivo porque cobra muy poco. Y también pedimos una auditoría de la Seguridad Social, porque queremos saber dónde han ido nuestras cotizaciones y para qué se han utilizado”, dice Alfonso Rivas, de la Coordinadora de Madrid por la Defensa del Sistema Público de Pensiones de Madrid, COESPE, quien ya adelanta que trabajan por una gran movilización: “la idea es que el 16 de octubre de este año volvamos a repetir la gran manifestación de Madrid celebrada hace dos años”.
El pasado mes de junio, quedó marcado por el cobro de comisiones por el mantenimiento de las cuentas corrientes a los clientes menos vinculados por parte de casi todas las entidades presentes en España. Precisamente los clientes más vulnerables, son quienes más comisiones pagan, bien porque las entidades exigen cada vez más la contratación de otros productos para bonificar cuentas y tarjetas, o porque aumentan los ingresos mínimos necesarios para que el cliente mantenga la gratuidad. El Santander es el banco que más ha encarecido sus comisiones por mantener abierta la cuenta a un cliente que no cumpla los requisitos (240 euros anuales), seguido de Ibercaja (120 euros) y Kutxabank. Aunque no sea de las entidades que más ha subido sus comisiones, los clientes de BBVA pagarán hasta 160 euros al año en comisiones.
“Los bancos hacen algo legítimo, que es cobrar por ofrecer un servicio” nos cuenta Alberto Roldán, socio de Alphavalue, la primera casa independiente europea de análisis de renta variable y fundador de Copperpot consulting. “El problema es que estábamos acostumbrados a que ese servicio ha sido gratuito y los bancos han cambiado esa tendencia de manera bastante radical. Además, hay un tema de colusión entre todas las entidades, que hay que demostrar, pero que es una realidad también”, añade.
Para los mayores, las comisiones se suman a una larga lista de agravios: cierre de oficinas, reducción de personal y de horario del servicio de caja, falta de alternativas a la digitalización, cobro por operaciones sencillas.
El trato que da a la banca a los mayores “no es bueno”, asegura Alberto Roldán (@_Alberto_Roldan). “Es una opinión dolorosa para los bancos, pero es cierta. Básicamente porque se ha reducido el personal de manera drástica y la accesibilidad física. Hoy hay menos de la mitad de los profesionales que había hace 15 años y un tercio de las oficinas. Para una persona mayor, decirle que desde ahora todo es online es incluso más complicado que explicarle qué era una preferente o una subordinada. No olvidemos que hay gente que solo ha funcionado con una cartilla y en ventanilla. Y eso hoy ya no existe. Están más indefensos que nunca en este sentido”, añade Roldán.
“Los cajeros automáticos no son amigables, son complicados para los mayores, que como tengan dos o tres fallos se quedan con la tarjeta de la persona mayor. Yo entiendo que es por tema de seguridad, pero es que ahora hacer una gestión en banca online es muy complejo para una persona mayor”, nos explica Juan Manuel Martínez, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) y miembro del Comité Asesor de 65Ymás. “Hay muchísimos mayores que no tienen ni los conocimientos más básicos para hacer gestiones a través de las nuevas tecnologías. Y cuando digo muchos, es que son muchísimos, que entienden muy poco y les resulta un mundo hacer ese tipo de gestiones”, dice Paca Tricio, presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) y presidenta del Comité Asesor de 65Ymás. “Las empresas se lo ponen hoy en día muy difícil a las personas mayores”.
Incluso desde el Banco de España, su subgobernadora, Margarita Delgado, reconocía recientemente que hay capas de la población que siguen precisando los servicios de la banca tradicional, pese a la creciente tendencia de la digitalización en el sector.
Y en la memoria, aún tenemos frescos algunas tropelías, como la venta de productos financieros inadecuados: preferentes o subordinadas. “En eso los avances han sido enormes. Hoy es muy complicado que una persona mayor pueda calificarse como contraparte elegible salvo que sea un inversor profesional, algo que es totalmente minoritario, y además lo pueda demostrar. Los controles y salvaguardas de la CNMV son enormes y comprar un producto complejo es casi imposible”, explica Alberto Roldán. “Pero el riesgo sigue existiendo. Por ejemplo, en muchas entidades se puede comprar un CFD, que es un producto complejo donde se puede perder todo de manera fácil, pero no un ETF sobre el Ibex que es un activo francamente recomendable para un inversor pasivo que busque bajar los costes de su inversión. Es incomprensible”, asegura.
La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) ha iniciado una campaña para dar a conocer la existencia de la cuenta de pago básica. Un tipo de cuenta que permite hacer las operaciones más habituales y que, por ley, las entidades están obligadas a ofrecer. Su coste en comisiones es de 3 euros al mes (36 euros al año) o gratuita, si se aporta un informe de vulnerabilidad.
?COESPE INFORMA:
— COESPE (@CoespeOficial) June 14, 2021
¡¡ CONTRA LAS COMISIONES BANCARIAS!!
"CUENTA DE PAGO BÁSICA"@CoespeOficial pic.twitter.com/kE5YiHccIE
“Desde 2017 los bancos españoles están obligados a ofertar y publicitar este tipo de cuentas y cómo obtenerlas. Pero los bancos las esconden y no las publicitan contando con el silencio cómplice del Banco de España y de la Administración” explican desde COESPE.
Coespe calcula que, al menos 7,5 millones de pensionistas, además de un gran número de trabajadores en activo con bajos ingresos, tienen derecho legal a obtener estas cuentas y no pagar así ningún tipo de comisión.
La campaña de COESPE invita a enviar un mensaje a la dirección de correo electrónico reclamatucuentabasica@gmail.com, que responde automáticamente ofreciendo toda la información e incluso los modelos de instancia para solicitar al banco la apertura de una cuenta de este tipo.
El imparable ascenso del precio de la electricidad afecta especialmente a los consumidores más vulnerables. Las personas mayores son uno de los grupos más perjudicados. Y son castigados triplemente por la nueva factura. En primer lugar, porque a una persona mayor no se le puede pedir que traslade sus consumos a la madrugada. “A los mayores todos estos cambios nos perjudican a los que más, somos grandes perjudicados por el 'tarifazo' de la discriminación horaria. No tiene sentido que los mayores nos tengamos que levantar a las 12 de la noche para poner la lavadora", asegura Paca Blanco (@soyantinuclear), pensionista de 71 años y miembro de Ecologistas en Acción (@ecologistas). “No se puede hacer responsable al consumidor de que su factura es cara porque no ha planchado en los horarios más económicos, que precisamente coinciden con los momentos que deberían dedicarse al descanso” asegura Facua (@facua).
Por otro lado, hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, las personas mayores viven en su vivienda de toda la vida. Es decir, viviendas que no son altamente eficientes desde el punto de vista energético, como lo pueden ser las viviendas nuevas. Además, en muchos casos, su pensión está sosteniendo a toda la familia. "Con la situación actual de la crisis del coronavirus, los ERTEs y mucha gente en paro, hay muchas familias en este país que viven con la pensión de uno de sus miembros. Cualquier subida como ésta, pone en riesgo el poder llegar a fin de mes", sostiene Alfonso Rivas, portavoz de COESPE (@CoespeOficial). Con las salvajes subidas de la luz de los últimos meses, muchos pensionistas con prestaciones mínimas, caerán en pobreza energética.
"Gente en las colas del hambre, teniendo que elegir entre pagarse las medicinas o la factura de la luz que no para de subir, porque sus pensiones no les llegan", denuncian los portavoces de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE). "La luz sube casi el doble y la pensión mínima sigue estancada por debajo del SMI. Algo tendrá que hacer el Gobierno, para que no seamos siempre los mismos los que paguemos el pato", sugieren, recordando que el 57% de los pensionistas cobran por debajo de los 800 euros.
Junto a ello, pide la puesta en marcha de un nuevo bono social que represente un descuento de al menos el 50% de la factura y al que puedan acogerse las familias cuyos ingresos no superen dos salarios mínimos, que se elevarían hasta tres en función del número de hijos, personas con discapacidad, con dependencia o mayores de 65 años que integren la unidad familiar.
En su ‘Manifiesto contra el Tarifazo Eléctrico’, Facua, que ha organizado movilizaciones por todo el país, exigirá una serie de medidas para “proteger” los derechos de los usuarios, entre las que destacan la puesta en marcha de ese nuevo bono social o que la bajada del IVA tenga carácter permanente.
