El Congreso aprueba este jueves el Pacto de Toledo... y arranca la reforma legal de las pensiones

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El Congreso de los Diputados aprobará este jueves, presumiblemente por una mayoría amplia, las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo para la  reforma de las pensiones, después de que el Pleno someta a debate las 19 propuestas de cambio registradas por los grupos políticos en sus votos particulares al informe, que fue consensuado en octubre pasado en la Comisión parlamentaria. El PSOE, Unidas Podemos, el PNV y Junts han renunciado a emitir votos particulares, mientras que Ciudadanos defenderá dos propuestas, el PP presenta una, y la mayoría de las objeciones al acuerdo proceden de ERC, EH Bildu y BNG.

Sin embargo, los votos particulares no impedirán (salvo sorpresa mayúscula) que se renueve por tercera vez en 25 años el Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo, ya que a ello se comprometieron los miembros de la Comisión parlamentaria el pasado día 27 de octubre, cuando refrendaron el informe, con el único voto en contra de VOX y las abstenciones de ERC y EH Bildu.

Tras la aprobación este jueves en sede parlamentaria, arranca de verdad la reforma legislativa de las pensiones, que corresponde al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y a su titular, el ministro José Luis Escrivá, quien deberá convertir estas recomendaciones en una nueva ley. Según detallaba la presidenta del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, en su entrevista con este diario, "una vez aprobadas, la Mesa del Congreso las remitirá al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y a los agentes sociales y económicos. De hecho, la Mesa de Diálogo Social, que ya ha iniciado sus tareas, también emitirá sus recomendaciones pertinentes".

En efecto, las empresas (representadas por CEOE y Cepyme) y los sindicatos (UGT y CCOO) también tienen mucho que decir en la transformación en ley de estas 21 recomendaciones. Se espera, por ejemplo, que el ministro y los agentes sociales negocien la puesta en marcha del sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos, sobre lo que no ha habido acuerdo en el Pacto. Además, los sindicatos llevarán a esa Mesa puntos que consideran fundamentales, como la derogación de la reforma de 2013, subidas sustanciales de pensiones que están en el límite del umbral de la pobreza, revisión de coeficientes reductores de pensión en casos de jubilaciones anticipadas forzosas, y acabar con la política de préstamos del Estado a la Seguridad Social, sustituyéndolos por transferencias.

Votos particulares: planes, edad de jubilación o auditoría

El PSOE, Unidas Podemos, el PNV y Junts han renunciado a emitir votos particulares, dándose por satisfechos con lo aprobado en la Comisión el pasado 27 de octubre.

En cambio, tal y como adelantó Tomás Cabezón en su entrevista con 65Ymás, el Partido Popular presenta un voto particular donde pide que se mejoren los incentivos fiscales a los sistemas de ahorro complementarios a las pensiones, tanto de empresa como individuales. Pese a ello, la formación votará sí al informe del Pacto, tal como ya hizo en la Comisión.

Ciudadanos, que también votó a favor del acuerdo en la Comisión, lleva al Pleno del Congreso dos votos vinculados a facilitar la fórmula legal de la jubilación activa y a mejorar los planes de pensiones de empresa. También defienden avanzar hacia el sistema de la mochila austriaca.

Vox, el único partido que votó en contra del Pacto de Toledo en la Comisión en octubre, ha renunciado a presentar votos particulares en el debate de este jueves. Previsiblemente, repetirá su voto de signo negativo.

En cuanto a ERC y EH Bildu, proponen subir las pensiones mínimas, que tengan como referencia el 90% del salario mínimo y regresar a los 65 años como edad legal de jubilación. Estos grupos reclaman que se derogue el factor de sostenibilidad ligado a la esperanza de vida (ahora suspendido temporalmente), destopar las bases máximas de cotización, eliminar los incentivos fiscales a los planes de pensiones privados, derogar la ampliación de 15 a 25 años del periodo de cálculo de las pensiones. También insisten en que se conceda el 100% de la pensión a las personas con 35 o más años cotizados, que hayan sido excluidos del mercado laboral y deban jubilarse involuntariamente.

Asimismo, ERC critica que el Pacto de Toledo no recoja el "saqueo" del Estado a la Seguridad Social durante años y exige una auditoría del Fondo de Reserva, para saber en qué se emplearon los recursos excedentes de las cuentas de la Seguridad Social antes del año 2000.

El BNG reclama la recuperación de los 65 años para la jubilación, pensión mínima al 60% del salario medio, cálculo de la pensión en base a los mejores diez años de cotización y el destope de las bases máximas. Y Más País y Compromís defienden una redacción más comprometida con la eliminación de las penalizaciones a toda persona jubilada de forma anticipada que haya cotizado 40 años o más, fijando una nueva pensión en función de su base contributiva y los años cotizados.

El acuerdo ha costado cuatro años de negociación

El acuerdo que hoy sanciona el Congreso de los Diputados echó a andar en otoño de 2016, hace dos legislaturas, bajo la presidencia de Celia Villalobos, así que ha tardado cuatro años en poder cerrarse. Estuvo a punto de cristalizar en febrero de 2019, pero cuando estaba a punto de firmarse, Podemos se retiró de la mesa de negociación y la comisión de disolvió.

El informe de recomendaciones aprobado el pasado 27 de octubre incluye una recomendación cero con los principios básicos para el sistema público de pensiones, subrayando la oposición del Pacto de Toledo a una "transformación radical" del sistema que rompa con sus principios, como los de solidaridad, suficiencia o equidad. Asimismo, señala que la financiación del sistema debe adaptarse a la protección del mismo, por lo que las cotizaciones sociales, aun manteniéndose como "fuente básica" de ingresos, deben acompañarse con otras vías para asegurar la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las pensiones.

La Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo aboga asimismo por la integración y convergencia de regímenes, para que sólo existan dos: uno para asalariados y otro para autónomos. Clarifica que los incentivos al empleo deben de sufragarse con políticas públicas, y no correr a cargo del Presupuesto de la Seguridad Social. Y reafirma el principio de contributividad, es decir, que exista un equilibrio entre lo aportado mediante cotizaciones y lo que se recibe en forma de pensión.

Vuelta al IPC, adiós al 0,25% y tres años para sanear el déficit

El nuevo Pacto de Toledo recupera el IPC como índice de referencia para la actualización anual del importe de las pensiones, lo que implica que despide el muy criticado índice de revalorización IRP (más conocido como el índice del 0,25%) y mantiene congelado el Factor de Sostenibilidad, además de recomendar un plan de saneamiento de las cuentas. Este consiste en sacar del sistema una serie de gastos detectados como impropios para, en un plazo marcado hasta 2023, empezar a asumir toda esta factura desde los Presupuestos Generales del Estado, y no desde las cuentas de la Seguridad Social. Esta medida ya figura en el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, que estos días se negocia en el Congreso de los Diputados.

Otra recomendación del Pacto es que el Gobierno abandone la política de préstamos a la Seguridad Social desde la Administración central y la sustituya por transferencias, para de ese modo no aumentar la deuda del sistema. Esto ya se está cumpliendo, de hecho, este martes se ha aprobado una transferencia de 6.000 millones de euros para pagar la extra de Navidad y reforzar la liquidez del sistema, muy deteriorada por la crisis sanitaria.

Endurecer la jubilación anticipada... con excepciones

El informe del Pacto de Toledo asume la ampliación marcada por la reforma llevada a cabo en 2011 para el número de años necesarios para calcular la pensión –hasta 25 años en 2022–, pero apuesta por la elección de los mejores años con el fin de evitar lagunas de cotización que afectaran a la cuantía de la pensión. Además, respalda medidas para aproximar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, examinando y acotando la jubilación anticipada en general, y pide que se estudien los recortes a la jubilación anticipada forzosa en trabajadores con largas carreras de cotización.

De hecho, el Pacto de Toledo emplaza al Gobierno a evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones en estas penalizaciones, y a presentar a la Comisión en el plazo de tres meses, sus propuestas para aquellos supuestos de inequidad, analizando precisamente las circunstancias en las que se dieron las prejubilaciones y la extensión de sus carreras de cotización.

Mejora fiscal y legal en planes de pensiones de empresa 

En relación a los planes complementarios de pensiones, el Pacto de Toledo apuesta por los planes de empresas, llamando a favorecer este tipo de mecanismos en el ámbito de la negociación colectiva, y proponiendo mejoras fiscales y legales para este tipo de sistemas.

Por otro lado, la Comisión también reconoce, en una recomendación sobre la digitalización de la economía, la necesidad de afrontar los efectos de los cambios tecnológicos y su impacto en el empleo y en los ingresos del sistema público de pensiones, planteando la necesidad de "encontrar mecanismos innovadores que contemplen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales".

En cuanto a mujeres, recomienda garantizar la igualdad efectiva en el ámbito laboral para combatir la brecha de género. Igualmente, en relación a los jóvenes, reclama que se mejoren las condiciones laborales y se potencie su confianza en la Seguridad Social.