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El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la primera pata de la reforma de las pensiones, que consagra el IPC como mecanismo para la revalorización de las pensiones, una demanda histórica de los movimientos de pensionistas, que logran así la promesa del Gobierno de que no perderán poder adquisitivo. El proyecto de Ley incluye además una subida de cotizaciones del 0,6%, deroga el Factor de Sostenibilidad y el IRP, además de establecer el traspaso de gastos impropios de la Seguridad Social al Estado.
El aumento de las cotizaciones es la gran novedad del recién nacido Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que es una medida que se ha incorporado en la tramitación en el Congreso de la reforma en una enmienda pactada por el PSOE y Unidas Podemos con ERC y Bildu, tras el acuerdo alcanzado hace unas semanas por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, con los sindicatos CCOO y UGT. La patronal se ha descolgado de este pacto de subida de las cotizaciones.
Se trata de la primera parte de la reforma de pensiones, ya que el Gobierno tiene previsto adoptar nuevas medidas en 2022, como la adecuación de las carreras de cotización para evitar lagunas que afecten la pensión, el destope de las cotizaciones a nuevos tramos, la mejora de las pensiones mínimas, y la reforma de los planes de pensiones de empresa, cuyo anteproyecto acaba de impulsar en Consejo de Ministros.
El proyecto de Ley ha sido aprobado con los votos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, el PDeCAT, Junts, Más País-Equo, Compromis, Nueva Canarias, Teruel Existe y el PRC. Por su parte, el PP, Vox, Ciudadanos, la CUP, UPN, Coalición Canaria, Foro Asturias y el BNG han votado en contra, mientras que EH-Bildu se ha abstenido.
Tras finalizar la votación, que ha sido la última después de más de nueve horas de Pleno, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha acudido a votar junto a varias de sus ministras, se ha acercado al ministro Escrivá para estrecharle la mano y felicitarle.
Deroga las medidas nucleares de la reforma del PP
La reforma aprobada este jueves, impulsada por el Gobierno a partir de las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo, deroga las principales medidas de la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy en 2013. Acaba con el Factor de Sostenibilidad, que preveía recortes en la cuantía de la pensión conforme aumentaba la esperanza de vida, y suprime también el índice de revalorización de las pensiones, el IRP, que establecía una subida de solo el 0,25% de las pagas, en situaciones de déficit o apuro financiero del sistema.
Otras de las medidas que entrarán en vigor desde el 1 de enero de 2022 son una batería de incentivos y penalizaciones para retrasar la edad de jubilación efectiva y acercarla a la edad legal (los 67 años en 2027). También se refuerzan los ingresos de la Seguridad Social a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)
Además, y a instancias de ERC y Bildu, la reforma obliga por ley al Gobierno a encargar una auditoría de la Seguridad Social en el plazo de un mes para cuantificar, en base a todos sus ingresos por cotizaciones, los gastos impropios que se han desembolsado entre 1967 y 2019, vaciando la hucha de las pensiones y engordando el déficit del sistema.
La reforma se compromete a revisar el método de fijación de la cuantía de las pensiones mínimas, y ligarlo al salario mínimo. El desarrollo de esta medida se llevará a cabo el año próximo.
A partir de ahora, la reforma pasa a tramitarse en el Senado, donde deberá completar su tramitación y, en caso de sufrir variaciones, estos cambios deberán volver a ser votados de nuevo en el Congreso, que tiene la última palabra.
Crédito de 5.012 millones a la Seguridad Social
Según ha avanzado el ministro Escrivá en el Congreso, el déficit de la Seguridad Social acabará el año "con toda seguridad" en unos 13.700 millones de euros, equivalente al 1,1% del PIB, frente a los 14.300 millones presupuestados inicialmente. Y ello, a pesar del gasto necesario para abonar la paga compensatoria a los pensionistas por la desviación de los precios respecto a la subida experimentada por las pensiones en 2021 (0,9% frente a un IPC del 2,5% en noviembre). El coste de esta paguilla es de unos 2.300 millones de euros.
Escrivá ha intervenido este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados para defender el Real Decreto-ley por el que el Estado concede un crédito extraordinario de 5.012 millones de euros a la Seguridad Social, con el objetivo de equilibrar en sus cuentas los gastos derivados del coronavirus. En dicha comparecencia, ha anunciado que el gasto en pensiones contributivas acabará 2021 en línea con lo recogido en las cuentas públicas para el año próximo.
El ministro ha resaltado además que la afiliación a la Seguridad Social supera actualmente en 300.000 trabajadores los niveles prepandemia y que los ingresos por cotizaciones están unos 2.200 millones de euros por encima de lo presupuestado.