El Congreso celebrará el martes 4 de febrero el debate de convalidación de tres decretos leyes pendientes, uno del Gobierno socialista en funciones y los dos que ha impulsado el actual Ejecutivo de coalición para la subida de pensiones y de los sueldos públicos.
En concreto, el decreto ley de la subida de las pensiones fue aprobada en el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno para revalorizar más de 11 millones de pensiones al 0,9%, con la garantía de cubrir de forma adicional una posible desviación del Índice de Precios de Consumo (IPC) de referencia por encima de este nivel.
Estreno de Escrivá
Previsiblemente será el estreno del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ante la tribuna del Congreso, antes incluso de tener la oportunidad de comparecer ante la comisión del ramo para exponer las líneas generales de su política al frente de su departamento.
También será el estreno parlamentario de Carolina Darias al frente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, para defender el decreto ley con la subida de los sueldos en el sector público, en línea con el compromiso asumido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy con los sindicatos de la Administración: un incremento fijo del 2% más uno variable hasta el 1% adicional en función del crecimiento del PIB de 2019.
Estos dos decretos fueron aprobados una vez se conformó el nuevo Gobierno, pero también se someterá a votación en el Pleno del Congreso un tercer decreto, aprobado por el Ejecutivo en funciones en el último Consejo de Ministros del año, el del 27 de diciembre, y que aún estaba pendiente de convalidar.
Decreto pensiente del Gobierno en funciones
Con este decreto ley, con medidas de carácter tributario, catastral y de Seguridad Social, el Gobierno prorrogó para este año 2020 los límites de facturación en la tributación por módulos en el IRPF de los autónomos, el Impuesto de Patrimonio, y aprobó los coeficientes de actualización de los valores catastrales de inmuebles urbanos para 2020.
Los decretos ley son normas que aprueba el Gobierno y que, por razones de urgencia, entran en vigor directamente en cuanto se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero que en el plazo de un mes deben ser sometidas a debate en el Congreso, donde se vota si se ratifican (convalidación) o se derogan.
