La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), junto con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), han solicitado en una carta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la jubilación anticipada para los empleados públicos con discapacidad, que cifran en unas 125.000 personas. También solicitan medicamentos gratis para los menores de 18 años con discapacidad adscritos al Régimen de Clases Pasivas.
De este modo, han pedido que "se adopten las medidas necesarias para promover dos reformas legislativas que protejan a las personas con discapacidad que pertenecen al Régimen de Clases Pasivas, con la finalidad de respetar el derecho a la igualdad". Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han indicado a Europa Press que valorarán la propuesta.
Según señala CSIF en un comunicado, en la actualidad ambos colectivos disfrutan de estos beneficios sociales en el Régimen General de la Seguridad Social, pero siguen desprotegidos en el de Clases Pasivas, lo que a su juicio supone "un trato discriminatorio".
"La pertenencia de una persona a un régimen u otro no es motivo suficiente para que se produzca una gestión desigual por parte de los poderes públicos", denuncia CSIF.
Por ello, ven necesario equiparar la jubilación anticipada en ambos regímenes a los trabajadores con diversos tipos de discapacidad y remarcan la recomendación 18 del Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo de 2020.
En dicho informe se ponía de manifiesto la conveniencia de intensificar los niveles de protección de las necesidades insuficientemente cubiertas de las personas con discapacidad y sus familiares aludiendo, entre otras materias, a la anticipación de la edad de jubilación de trabajadores con tipos de discapacidad que comporten menor esperanza de vida, con la finalidad de contribuir a la plena inclusión de este colectivo.
Con respecto a la aplicación de la gratuidad de la prestación farmacéutica, en la actualidad tienen reconocida la gratuidad los menores de 18 años (con un grado de discapacidad igual o superior el 33%), cuyos progenitores estén adscritos al Régimen General de la Seguridad Social. Sin embargo, añade CSIF, esta prestación no se aplica al colectivo de funcionarios de Clases Pasivas lo que supone un "trato desigual discriminatorio".
