¿Desviación de Fondos en la Seguridad Social? ASJUBI40 exige la auditoría

La Asociación de Jubilados ASJUBI40 (@asjubi40) se encuentra en una cruzada en defensa de los derechos de más de 800.000 perjudicados, quienes han visto disminuidas sus pensiones a pesar de contar con más años cotizados de los necesarios para alcanzar el 100% de la pensión.

La sospecha de un "mal uso" de los fondos de la Seguridad Social ha encendido las alarmas, ya que implica el manejo inapropiado de dinero público. ASJUBI40 está decidida a que se desentrañe este “enigma financiero”, puesto que nadie, de la esfera política, tiene el buen gusto de explicárselo al ciudadano, y pedir responsabilidades y rendición de cuentas a quienes hayan propiciado y permitido generar tal desviación. El reciente anuncio del ministro José Luis Escrivá sobre 140.000 millones utilizados para otros fines que no están relacionados con la Seguridad Social ha intensificado aún más la urgencia de realizar una auditoría exhaustiva, que permita biopsiar cada rúbrica contable.

Llamada a la auditoría

La situación que enfrenta el colectivo ASJUBI40 es preocupante. A pesar de contar con años de cotización más allá de los requeridos para una pensión completa, muchos jubilados han sido castigados con una cadena perpetua con pensiones reducidas. Esta situación ha llevado a la asociación a presentar una Queja contra el Reino de España en Europa y, por lo tanto, en estos momentos se nos abre otro frente: cuestionar la integridad del manejo de los fondos de la Seguridad Social.

En un esfuerzo por arrojar luz sobre esta crisis, la asociación lanzará una campaña para llevar a cabo una auditoría completa y transparente. La urgencia de esta auditoría radica en el hecho de que se trata de fondos públicos, destinados a garantizar el bienestar de los ciudadanos en su jubilación; es un hecho evidente que ASJUBI40 se ha visto perjudicada por esta nefasta gobernanza de diferentes gobiernos.

Responsabilidades y demandas

ASJUBI40 no solo busca respuestas, sino también justicia y responsabilidades políticas. La magnitud del supuesto mal uso de los fondos es asombrosa, con el ministro revelando que 140.000 millones de euros fueron desviados para otros fines ajenos a la Seguridad Social, que no es más que una forma tosca para distraer la atención real ante la falta de la auditoría de cuentas de la Seguridad Social, que en su día marcó la ley 21/2021, que textualmente dice:

“En la última reforma de pensiones ley 21/2021, en la disposición sexta se contempla: Disposición adicional sexta. Informe de auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social.

En el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con particular atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social.

Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos”

Esta “revelación” ha espoleado a la asociación a exigir responsabilidades personales, civiles y políticas por el uso indebido del dinero público. La falta de transparencia y la gestión poco clara de los fondos han creado una situación de profundo agravio para aquellos que confiaron en que sus años de cotización se traducirían en una pensión justa y adecuada.

Desde ASJUBI40, queremos hacer especial hincapié en la cifra reconocida y dada por el señor ministro José Luis Escrivá (sin aportar los datos de la auditoría), de los 140.000 millones, y dejar claro que no es más que una cortina de humo para acallar las constantes denuncias por parte de las principales organizaciones de pensionistas, como es el caso de la Unidad de Acción Estatal, y que desde los sindicatos y los representantes de los grupos parlamentarios de la Comisión del Pacto de Toledo, no son capaces de exigir cumplir la ley 21/2021.

Las cifras de excedente de cotización que se manejan desde los movimientos pensionistas difieren muy mucho sobre la cifra reconocida por el ministro, señor Escrivá, llegando a ser dicha cifra multiplicada por 6, rondando los casi 850.000 millones de euros desde 1977 a 2017.

Como parte de su esfuerzo por arrojar luz sobre esta crisis financiera, ASJUBI40 tomará medidas adicionales para obtener el conocimiento experto y autorizado. Hemos programado una entrevista con un experto en materia de Seguridad Social, José Gil, de ADESPPYSS (Asociación para la Defensa del Sistema Público de Pensiones y Seguridad Social). La experiencia y conocimiento de Gil en asuntos relacionados con la Seguridad Social aportarán una perspectiva muy valiosa sobre las complejidades financieras involucradas y las posibles implicaciones legales, que serán publicadas próximamente.

Imperiosa rendición de cuentas

El escenario es grave y el reclamo es inequívoco: la responsabilidad debe ser asumida. A través de esta auditoría, ASJUBI40 espera desentrañar el misterio detrás del uso indebido de fondos públicos que deberían haber sido destinados al bienestar de los ciudadanos jubilados.

La urgencia de la situación exige que la política y sus actores sean responsables de sus acciones, rindiendo cuentas ante la sociedad por las decisiones que han llevado a esta crisis.

En conclusión, la transparencia en la auditoría representa una oportunidad para restaurar la confianza en el sistema de Seguridad Social y en el manejo de los fondos públicos. ASUBI40 está decidida a exigir luz sobre las oscuras, o poco transparentes prácticas financieras y a luchar por la justicia en nombre de aquellos que se han visto perjudicados.

El resultado de esta auditoría, que debería ser objetiva e imparcial, tendrá un impacto significativo en la confianza de la población en las instituciones y los líderes que deben proteger los intereses de los ciudadanos. La importancia de este proceso trasciende la política y la economía, afectando directamente la calidad de vida de las personas y la integridad de una sociedad que exige transparencia y responsabilidad. Y, como dijo Miguel de Cervantes al final de El Quijote, “Vale”.

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