La deuda de la Seguridad Social lleva 8 meses disparada por encima de los 100.000 millones

La deuda de la Seguridad Social sigue en niveles récord: 106.174 millones en junio

La Seguridad Social, ¿condenada al déficit? Cumple 13 años seguidos con las cuentas en descubierto

El agujero en las cuentas de la Seguridad Social continúa marcando niveles récord en junio, con 106.174 millones de euros (cinco millones más que en mayo), después de haberse incrementado el 7% en los últimos 12 meses, tal y como constatan las últimas estadísticas, publicadas este jueves por el Banco de España.

Nuestro país cumple así ocho meses con un volumen de deuda del sistema de pensiones superior a la barrera psicológica de los 100.000 millones, una cota que parecía impensable alcanzar (mucho menos superar) hace tan solo unos años.

En porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) nacional, el endeudamiento de la Seguridad Social representa el 7,8%.  

¿Cómo se ha llegado a esta situación, con un agujero de la Seguridad Social creciente y en niveles que encienden las alarmas? La evolución de la deuda dio un salto enorme hacia arriba en noviembre de 2022, por primera vez en la historia, al registrar un endeudamiento de 106.176 millones, aunque los números rojos llevaban rozando ese nivel desde comienzos del pasado ejercicio. Al mes siguiente, diciembre de 2022, la deuda aumentó levemente (dos millones más, hasta 106.178 millones), para bajar ligeramente en enero de 2023, hasta quedar en 106.170 millones, volver a descender, en apenas un millón, en febrero, hasta  106.169 millones, aumentar dos millones en marzo.... hasta llegar a los actuales 106.174 millones, según detallan los datos actualizados por el supervisor financiero (ver gráfico inferior).

DEUDA SEGÚN PROTOCOLO DÉFICIT EXCESIVO (JUNIO 2023)

Subir las pensiones con el IPC dispara la deuda

El Banco de España explica que este abultado endeudamiento que ha cosechado la Seguridad Social "se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar su desequilibrio presupuestario". Y, según ha detallado en varias ocasiones el Ministerio de Seguridad Social, a cuyo frente se halla José Luis Escrivá, en funciones, la principal razón de ello son los gastos derivados de la pandemia del coronavirus, que aumentaron las prestaciones y las ayudas públicas, al tiempo que se redujeron los ingresos por cotizaciones sociales

Sin embargo, y a pesar del duro impacto de la pandemia en las cuentas de la economía española, las estadísticas refrendan que, desde antes de su estallido, la Seguridad Social estaba agrandando su agujero a un gran ritmo, por el gasto en pensiones, entre las principales causas.

La reforma de las pensiones realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha ligado la revalorización anual de las nóminas al IPC, ha disparado aún más el ritmo de incremento del gasto en prestaciones contributivas, tal como advierten los expertos y avisan organismos como la AIREF, FEDEA o el propio Banco de España.

El doble de deuda en tan solo 3 años 

Otra tendencia preocupante respecto a los más de 100.000 millones de deuda, es que el agujero de la Seguridad Social crece a gran velocidad, tal como reflejan las estadísticas del Banco de España, y de hecho, la deuda se ha duplicado en los tres últimos años, al pasar desde los 55.024 millones existentes en 2019, a los 106.174 millones que se contabilizan en junio de 2023.

Se trata de un nivel inaudito, que parecía imposible hace solo seis años, cuando el endeudamiento de las administraciones de la Seguridad Social suponía 17.173 millones (este es el dato al cierre de 2016).

En el año 2022, la espiral de deuda se vio espoleada por la entrada en vigor de la revalorización de las pensiones según el IPC medio anual, aprobado por la Ley 21/2021, de 28 de diciembre. Este cambio legal hizo que las pensiones contributivas incrementaran su cuantía el 2,5% en 2022, en tanto las no contributivas se revalorizaban el 3% a principios de año, más el 1,6% posterior por el desvío de la inflación respecto al ejercicio precedente. Además, las no contributivas subieron el 15% en el verano de 2022, para paliar los efectos de la crisis por la guerra de Ucrania y las tensiones inflacionistas.

La misma ley ha hecho que, en 2023, las pensiones de la Seguridad Social se hayan visto incrementadas en un 8,5%, y las no contributivas mantienen el aumento del 15% del que se beneficiaban desde el verano de 2022.

Los pensionistas reclaman que se publique la auditoría

La primera fase de la última reforma de las pensiones, de 2021, encargó al Gobierno la obligación de realizar una auditoría de la Seguridad Social. Se instaba al ministro José Luis Escrivá a auditar las cuentas del sistema de pensiones en un plazo máximo de seis meses. A día de hoy, agosto de 2023, dicha auditoría no se ha publicado, aunque el Ministerio asegura que los datos están en poder de la Comisión del Pacto de Toledo, que es quien debe decidir cuánto y cómo hace públicas las cuentas.

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, afirmó antes de la convocatoria de elecciones que "todavía tenemos tiempo, después de haber venido de una pandemia y saber que estamos muy enfrascados en la recuperación económica".

Sin embargo, los movimientos y plataformas de pensionistas exigen conocer la auditoría, uno de cuyos objetivos es, precisamente, conocer cómo y en qué tipo de políticas se ha gastado el Fondo de Reserva de las pensiones, que llegó a tener 67.000 millones de euros, así como desagregar los gastos propios e impropios, para ver qué parte del déficit del sistema es realmente debido al gasto en pensiones.

Es uno de los caballos de batalla de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), que mantiene abierta una campaña de recogida de firmas en Change.org, "ante la constatación de que las cotizaciones sociales han tenido un uso indebido financiando gastos ajenos a nuestro sistema de reparto, y para determinar la magnitud de ese desvío de los recursos del sistema".

Esta coordinadora asegura que "entre 1989 y 2013, España gastó más de 103.690 millones de euros que pertenecían a la hucha de las pensiones en otras cuestiones. Fue una práctica aparentemente legal, pero incorrecta, que hizo desaparecer los excedentes de cotizaciones que hoy debían nutrir esa hucha de las pensiones tan esquilmada en épocas de paro y crisis como la que hoy vivimos".