La deuda de la Seguridad Social, disparada, roza los 100.000 millones: ¿peligran las pensiones?

Escrivá rechaza que el Tribunal de Cuentas audite la Seguridad Social

La subida de las pensiones de 2022 será la mayor de los últimos 12 años

La Seguridad Social dice que "no existe un problema de ingresos ni de gastos"

Así se ha vaciado la 'hucha de las pensiones'

La Seguridad Social está a punto de alcanzar, y superar, la cifra inédita de 100.000 millones de euros de deuda, un umbral impensable hace solo cinco años, cuando al cierre de 2016 el endeudamiento del sistema público que paga las pensiones se situaba en 17.173 millones. Desde esa fecha, el volumen de deuda ha ido engordando año tras año, hasta alcanzar los 99.185 millones en diciembre de 2021, según constatan las estadísticas del Banco de España.

Los datos publicados por la autoridad monetaria no dejan lugar a dudas sobre la magnitud del problema: la Seguridad Social ha disparado su deuda en un 477,5% en cinco años (diciembre de 2021-diciembre 2016) y, de ese porcentaje, un 80% del agujero se ha originado durante la pandemia (diciembre de 2021-diciembre de 2019). En cifras absolutas, significa que el sistema público ha amasado 44.161 millones de deuda fresca en tan solo dos años.

DEUDA SEGÚN EL PROTOCOLO DE DÉFICIT EXCESIVO (PDE)

Desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que capitanea José Luis Escrivá, señalan que los gastos derivados de la pandemia son la clave del fuerte incremento del endeudamiento. Las prestaciones, las ayudas y los menores ingresos por cotizaciones debido a la emergencia sanitaria han desbocado los números rojos del sistema, pero lo cierto es que ya antes del coronavirus las cifras aumentaban a gran ritmo, fundamentalmente por el incremento del gasto en pensiones.

Fondo de Reserva casi vacío

Además, ya no se puede recurrir al Fondo de Reserva, prácticamente vacío (saldo de 2.138 millones a diciembre de 2020) después de que tanto este Gobierno como el anterior de Mariano Rajoy vaciaran esta hucha de las pensiones, que llegó a acumular casi 67.000 millones de euros en sus mejores tiempos. El fondo se fue drenando desde 2012 para hacer frente a las pagas extras de los pensionistas, que se cobran en junio y en noviembre. Se había diseñado en el año 2000, y hasta 2011 las aportaciones llegaron a un máximo de 66.815 millones, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero.

Ante esta magnitud de la deuda, ¿peligran las pensiones?

No, tanto el Gobierno como los analistas, el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) coinciden en que el pago de las pensiones está garantizado, ya que desde el punto de vista agregado de las Administraciones Públicas, es prácticamente indiferente en qué organismo (Administración central, autonomías, Seguridad Social...) esté concentrada la deuda. Aunque, sin duda, mete presión al Gobierno para que elabore un plan de reducción de deuda a medio plazo que sea fiable y factible, que es lo que le han reclamado en varias ocasiones el Banco de España y la AIREF (de la que el propio Escrivá era presidente antes de ser nombrado ministro). 

De hecho, en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Senado en relación con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, recalcó la vulnerabilidad que supone mantener elevados niveles de deuda durante un tiempo prolongado, pues impacta en la salud de las finanzas públicas y pone a prueba la capacidad de resistencia de España ante eventos adversos.

A la espera de la auditoría prometida

Hay que recordar que el Gobierno se ha comprometido, y así consta en la primera parte de la reforma de las pensiones ya aprobada, a realizar una auditoría de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, que deberá estar lista en un plazo máximo de seis meses (junio de 2022 es la fecha límite que se baraja) y que analizará el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos.

Esta es una de las reivindicaciones clave del movimiento de pensionistas, tal como viene denunciando la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), según la cual, "103.690 millones de euros que pertenecían al Fondo de Reserva para el pago de las pensiones públicas se destinaron entre 1989 y 2013 a cuestiones ajenas a su función original", motivo por el cual en octubre pasado presentaron en el Congreso casi 300.000 firmas en apoyo de la citada auditoría. Según COESPE, "el saqueo podría superar los 200.000 millones de euros. Las cuentas de la Seguridad Social han sido manipuladas mediante el desvío de cotizaciones sociales a la financiación de gastos ajenos”.

A finales de febrero, el ministro Escrivá rechazó que sea el Tribunal de Cuentas quien haga la auditoría, y afeó a ERC que "desconfíe" de la Intervención de la Seguridad Social y de la Intervención General del Estado (IAGE) para fiscalizar las cuentas del sistema. El ministro respondía así a la petición realizada por el partido catalán junto a Unidas Podemos, Bildu, Más País-Equo, BNG y Compromís.

Adiós al déficit... traspasando gastos al Estado

La Seguridad Social recaudó 132.000 millones de euros en 2021, un 10% más que en 2020 y un 6% por encima de lo que ingresó en 2019 (antes de la llegada del COVID), gracias al crecimiento del empleo y al sostenimiento de las rentas salariales durante la pandemia, según anunció el ministro Escrivá a finales de enero, lo que redunda en una rebaja del déficit del sistema, que cierra 2021 en el 1% del PIB y seguirá reduciéndose hasta llegar al 0,5% a finales de 2022.

Pero, sin duda, el elemento que más influye en el borrado del déficit de la Seguridad Social es el traspaso de gastos impropios, que ahora asume el Estado: desde el Ministerio se han trasvasado 13.800 millones de euros en 2021 y se hará lo mismo con 18.300 millones en 2022. De este modo, el Estado absorberá este año el 80% de los gastos impropios del sistema, cifra que alcanzará el 100% en 2023.

El ministro Escrivá asegura que cuando culmine el proceso de separación de fuentes, a final de legislatura, la Seguridad Social habrá eliminado su déficit y recuperado el equilibrio presupuestario.