Economistas alertan: faltan 6,4 millones de cotizantes para hacer las pensiones sostenibles en 2050

Revolución de los 'baby boomer': 4 millones se habrán jubilado en 2030 y serán 11 millones en 2040

Fedea prevé un ajuste del gasto en pensiones o un alza extra de cotizaciones desde 2025

La próxima y masiva jubilación del baby-boom; el aumento de la esperanza de vida; y el creciente envejecimiento de la población española, que cada vez vive más años después de jubilarse, están planteando ya retos inéditos, que se agravarán aún más en las dos próximas décadas, con fuertes consecuencias para el sistema de pensiones. Los jubilados serán cada vez más numerosos, con pensiones más elevadas, y vivirán más años, según las proyecciones demográficas de todos los organismos, hasta 2050.

De hecho, según un informe conjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE @Ivie_news) y Fundación BBVA (@FundacionBBVA), a la Seguridad Social le harían falta casi 6,4 millones de afiliados extra en 2050, para lograr un déficit contributivo cero y asegurarse de ese modo que las pensiones sean sostenibles. En este sentido, aclara que el dato más relevante para auscultar la salud del sistema de pensiones públicas (dejando fuera las clases pasivas), es si esta tiene déficit o superávit contributivo, es decir, el saldo que se halla al comparar los ingresos por cotizaciones, sin incluir transferencias del Estado; y los gastos contributivos, cuyo principal gasto son las pensiones.

Los autores del informe critican que el Gobierno solo ofrezca el dato del déficit no contributivo (saldo por operaciones no financieras), por considerar que con ello se tapa el desequilibrio real que existe en las cuentas de la Seguridad Social, ya que la información mensual del Ministerio incorpora el dinero que llega por las transferencias que el Estado efectúa para pagar los denominados gastos impropios. Estos ingresos por transferencias no computan como déficit oficial de la Seguridad Social, pero los economistas del IVIE-Fundación BBVA afirman que sí aumentan el déficit contributivo.

"A partir de 2020 se empiezan a separar ambas series (déficit contributivo y no contributivo) y, con el último dato disponible (junio 2023), el déficit anual por operaciones no financieras es de 3.600 millones, mientras el déficit contributivo anual, con los datos de diciembre de 2022, es del 1,98% del PIB, que supone 26.300 millones de euros", expone el estudio (ver gráfico superior).

Son necesarios casi 6,4 millones de afiliados extra

La evolución demográfica de España hasta 2050 empeorará esta situación, si no se adoptan ningún tipo de medidas, advierten los autores del informe. Así, como detalla Enrique Devesa (@DevesaCarpio), profesor titular de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, "no es posible confiar solo en el aumento del número de afiliados para conseguir un déficit contributivo igual a cero. En 2022 hubiera sido necesario que, además de todos los parados (unos 3 millones) se hubieran reclutado unos 750.000 inactivos más. La situación empeorará en el futuro, debido a la fuerte presión demográfica, de forma que en 2050, en el escenario central, haría falta 6,4 millones de afiliados adicionales, de los que casi 5 millones deberían provenir de los inactivos, es decir, un 21% de la población activa. Estas cifras nos dan una idea de la magnitud del problema".

Según los cálculos del IVIE y Fundación BBVA, suponiendo que la entrada en el sistema se produjera con una base de cotización igual a la base promedio actual, en 2022 hubieran hecho falta 3.780.000 afiliados adicionales para eliminar el déficit contributivo.

"La solución para lograr un déficit igual a cero es difícil de conseguir recurriendo a un aumento tan grande del número de afiliados", ratifica el estudio, que precisa que el máximo déficit contributivo se alcanzó en marzo de 2021,e implicaba un número de afiliados adicionales necesarios de 4,8 millones de personas.

Los mayores de 64 serán un 30,4% en 2050

Tal como recuerdan los autores del informe, las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a que, para 2050, los factores demográficos habrán reducido la proporción de personas activas (entre 16 y 64 años) al 56,5% de la población (frente al 64,9% existente en 2022). En cambio, el porcentaje de mayores de 64 años aumentará hasta el 30,4% (un notable crecimiento, en relación con el 20,1% que suponían en 2022). 

Las principales razones de este fuerte desequilibrio entre quienes estarán en disposición de trabajar (y cotizar), y quienes estarán jubilados cobrando su correspondiente pensión, son tres:

- Las jubilaciones de los baby boomers, que comenzarán a ser masivas ya a partir de 2025, y causarán importantes tensiones del gasto en pensiones durante las décadas 30 y 40. 

- El envejecimiento de la población, por la confluencia de varios factores, entre ellos, el bajo número de nacimientos (a pesar de que va a experimentar un ligero aumento, al pasar de 336.000 en 2023 a 387.000 en 2050 y a 392.000 en 2070) y las elevadas defunciones, superiores a los nacimientos en todo el periodo (432.000 en 2023, 596.000 en 2050 y 660.000 en 2070, por lo tanto, un crecimiento vegetativo negativo).

- El aumento de la esperanza de vida, que para los individuos de 67 años pasará de 19,98 años en 2023 a 21,88 años en 2050 y a 22,60 años en 2070. 

Grave tasa de dependencia: subirá del 31% al 53,7%

Frente a este panorama, el informe conjunto del IVIE y la Fundación BBVA advierte de que la llegada de migrantes "tampoco podrá compensar la necesidad de cotizantes", con un saldo migratorio previsto de 487.000 personas en 2023, que bajará hasta 250.000 en 2050 y subirá hasta 294.000 en 2070, de acuerdo a las citadas proyecciones del INE.

En consecuencia, otro enorme riesgo para la sostenibilidad del sistema es, según sus autores, la elevación de la tasa de dependencia demográfica, definida como el cociente entre las personas de más de 64 años y la población entre 16 y 64 años, que pasará del 31% en 2022 al 53,7% en 2050. A partir de aquí, utilizando datos históricos de la relación entre población en edad de trabajar, población activa, afiliados y déficit sobre PIB, el informe calcula que en 2050 serán necesarios 6,38 millones de afiliados extra para que la Seguridad Social no registre déficit contributivo y, por lo tanto, esté garantizada la sostenibilidad de las pensiones.

 "La magnitud de estas cifras nos da idea de la dificultad para conseguir un déficit cero mediante el incremento de cotizantes. La situación de partida del sistema de pensiones es preocupante, pero las proyecciones de déficit futuro aún son peores. Excepto en 2030, se necesitaría un número adicional de afiliados que incluso sería superior al número de parados", detalla este estudio.

Las transferencias envían 1,5 puntos de déficit de Seguridad Social al Estado

Precisamente, el grupo de investigación Pensiones y Protección Social, formado por investigadores de la Universidad de Extremadura y de Valencia, ha publicado este lunes el dato del déficit contributivo del segundo trimestre de 2023, que "ha continuado corrigiéndose hasta situarse en el 1,87% del PIB, frente al 1,95% del trimestre anterior y al 2,01% de hace un año. Esta ligera mejoría se debe al buen comportamiento de las cotizaciones sociales (MEI y probable aumento de bases medias)". Frente a este déficit real, el otro dato del déficit, el que mide las operaciones no financieras, es del 0,26% del PIB.

"La diferencia entre ambos déficit es, básicamente, la transferencia del Estado para dar cumplimiento a la recomendación primera del Pacto de Toledo, por importe presupuestado de 19.888 millones en 2023, trasladando aproximadamente 1,5 puntos de PIB de déficit del subsector de Seguridad Social al subsector de la Administración Central", explica Enrique Devesa, uno de los autores de este informe.

Más en detalle, "en junio se utilizó esta transferencia por primera vez en el año, por un importe de 15.478 millones, lo que representa el 77% de lo previsto para todo el año. También está previsto que en 2023 el Estado conceda un préstamo a la Seguridad Social de 10.004 millones de euros".

En cuanto al efecto de las recientes reformas legales, "la recaudación por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) "marcha algo por debajo de lo esperado. Igualmente, la recaudación en el régimen de autónomos y en el sistema especial de empleados de hogar, que tuvieron importantes reformas recientes, se están comportando algo peor que la media", expone el informe.

Por lo que se refiere a la edad efectiva media de acceso a la jubilación, se ha producido un aumento, desde 2022 hasta junio de 2023, algo mayor que la edad legal, con un menor peso de las jubilaciones anticipadas sobre el total (del 37,3% en 2022 al 36,9% en lo que va de 2023) y mayor en las demoradas (del 5,4% en 2022 al 8,1% hasta junio de 2023).