La pelea por el cálculo de la pensión atasca la reforma de Escrivá, con Bruselas en el cogote
La aplicación de los fondos 'Next Generation EU' por parte de los Gobiernos de España y Portugal está siendo correcta en líneas generales, aunque deberían extenderse los plazos de ejecución y corregirse ciertos problemas que están dificultando el despliegue de los Planes de Recuperación, según la opinión de expertos economistas reunidos en una jornada organizada por el Consejo General de Economistas (CGE) y la Ordem dos Economistas de Portugal.
En esta jornada han intervenido el presidente del CGE, Valentín Pich; el presidente de la Ordem dos Economistas de Portugal, António Mendonça; el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente; el exministro de Planificación del Gobierno de la República portuguesa de 2018 a 2022, Nelson de Souza, y el director de Relaciones Internacionales del CGE, José María Casado.
En el caso español, los expertos consideran conveniente "relajar" ciertas restricciones en materia de ayudas de Estado, reforzar los mecanismos de evaluación y dar un mayor margen de decisión a las administraciones territoriales.
En cuanto a las reformas incluidas en el Plan de Recuperación español, los economistas afirman que, algunas están bien diseñadas, otras, como la relativa a las pensiones, "deberían revisarse con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema de acuerdo con lo exigido por Bruselas de cara a la entrega de los nuevos tramos de los fondos europeos".
En cuanto a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) puestos en marcha, los expertos destacan los relativos a energías renovables, fabricación de semiconductores y digitalización, pero echan en falta una mayor atención al sector turístico y a las infraestructuras hidráulicas.
Durante su intervención en esta jornada, el presidente del CGE, Valentín Pich, ha señalado que, aunque los fondos Next Generation EU son un importante paquete de ayuda para la recuperación económica, "tienen un cierto riesgo de aumentar la deuda pública de España".
"Debe tenerse en cuenta que un total de 84.000 millones de euros se canalizarán a través de préstamos, importes que habrá que devolver en algún momento, lo que puede poner en riesgo la estabilidad financiera a largo plazo de España si no se gestionan adecuadamente", ha advertido.
En cuanto a los tiempos de ejecución, Pich estima que, "en un afán de autoexigencia", se ha ido "demasido deprisa", por lo que el Gobierno debería plantearse la posibilidad de extender los plazos.
En la misma línea, Ángel de la Fuente, director de Fedea, ha señalado que las previsiones originales respecto a los plazos eran "excesivamente optimistas", por lo que también ha abogado por ampliar los plazos de ejecución.
"También habría que reforzar las unidades administrativas encargadas de la gestión y simplificar y mejorar los procedimientos, con menos control exhaustivo exante y más control expost y por muestreo, y más uso de medios digitales", ha opinado.
Garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones
Respecto a las reformas comprometidas en el Plan de Recuperación, el presidente del CGE ha señalado que la de pensiones, ahora en pleno debate, "debería consensuarse y madurarse dada su complejidad" a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema.
Por su parte, Ángel de la Fuente cree que, en el ámbito de las reformas, las cosas no van bien, pues algunas se han diseñado "razonablemente bien", como la concursal o parte de la reforma laboral, pero otras "tienen muy poca sustancia" y "van en la dirección contraria a lo que sería deseable".
Entre estas últimas, el director ejecutivo de Fedea ha destacado las reformas en materia de pensiones por "comprometer la sostenibilidad del sistema en lugar de garantizarla" como pedía la Comisión Europea, así como el proyecto de ley de vivienda, todavía en tramitación, por introducir medidas como el control de alquileres y "debilitar" los derechos de propiedad en materia inmobiliaria.
