El Tribunal de Cuentas alerta de que no se podrán pagar las pensiones si no hay una reforma urgente
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Las consecuencias económicas, sociales y humanitarias del coronavirus son todavía incalculables, y por supuesto afectarán también a la sostenibilidad de las pensiones, de hecho, es posible que el déficit de la Seguridad Social se llegue a duplicar este año, pasando desde los 16.700 millones de euros que registró en 2019, a unos 30.000 millones al cierre de 2020. Esta es una de las advertencias del informe Efectos de la crisis de la COVID-19 sobre el sistema de Seguridad Social, elaborado por el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social, en el que participa Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del Instituto Polibienestar y del IVIE.
El informe, publicado por el Instituto Santalucía (@santalucia_inst), muestra por ejemplo que hasta mayo, la caída de la recaudación por cotizaciones es superior a la caída de afiliación por el efecto de los ERTEs y la prestación extraordinaria de cese de actividad de autónomos, ya que los trabajadores afectados pasan a tener cotizaciones más bajas. Se han producido "tasas negativas de casi el 20% en la recaudación de cotizaciones de ocupados, un efecto muy preocupante sobre las cuentas de la Seguridad Social y que puede aumentar en caso de que las medidas se prolonguen en el tiempo", señalan los autores del informe.
Otro aspecto inquietante para contener el gasto es que la revalorización de las pensiones conforme al IPC "producirá déficits permanentes en el sistema de pensiones, que, además, van a ser de un importe, en términos de PIB, cada vez mayores hasta 2060", motivo por el cual desde el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social proponen aplicar el Factor de Sostenibilidad, es decir, un mecanismo de ajuste automático, que se aprobó en la reforma de 2013 y que, actuando sobre la pensión inicial, ralentizaría el crecimiento del gasto en pensiones.
Gasto al alza pese a mayores bajas por defunción
Durante los meses más duros de la pandemia, el coronavirus ha causado un mayor número de bajas por fallecimiento entre los pensionistas (ver la tabla inferior), además de frenar el número de nuevas altas debido al cierre de las oficinas de la Seguridad Social y a la menor actividad de las plantillas de funcionarios. Y, pese a ello, el efecto combinado del mayor gasto por el efecto sustitución (las nuevas pensiones son de importes más elevados) y el envejecimiento de la población, es lo suficientemente potente como para haber absorbido el incremento de las referidas bajas.
Así, tal y como detalla el informe del Instituto Santalucía, tomando en cuenta la principal partida de gasto (es decir, las pensiones contributivas) y la fuente primordial de ingresos ( las cotizaciones sociales), se comprueba que "el gasto en pensiones contributivas acumulado hasta mayo no ha bajado. En cambio, los ingresos por cotizaciones sociales (sin cese temporal) han tenido una variación negativa en este mismo periodo (-1,69%)".
