El clamor de los abogados y procuradores, en pie de guerra para exigir una pensión digna, que lleva meses extendiéndose por las calles de toda España, y recabando apoyos de parlamentos regionales, ha llegado hasta el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (@inclusiongob).
Aseguran sentirse estafados por la Mutualidad de la Abogacía (@MdAFundacion). Tras colgar la toga, y después de toda una vida trabajando y aportando en el sistema de mutualidades, se están encontrando con pensiones irrisorias de 300 y 400 euros. Después de que miles de afectados se manifestaron en el centro de Madrid para reivindicar poder traspasar al régimen general de trabajadores autónomos (RETA) su capital de la Mutualidad de la Abogacía, varios representantes del colectivo se han reunido con la ministra Elma Saiz. “Nos hemos comprometido a recopilar información sobre determinados casos y a estudiarlos con carácter inmediato. Nos emplazamos de nuevo en un mes”, ha asegurado la ministra.
🔴 Nos hemos reunido hoy con representantes de abogados y mutualistas para hablar de las pensiones de jubilación.
— Elma Saiz (@SaizElma) February 12, 2024
Nos hemos comprometido en @inclusiongob a recopilar información sobre determinados casos y a estudiarlos con carácter inmediato. Nos emplazamos de nuevo en un mes.
“Estamos escuchando al colectivo y vamos a ver cómo podemos abordar la problemática”, decía recientemente la ministra de Seguridad Social. “Vamos a ver cómo lo abordamos. Lo que tengo claro es que es que el sistema público es el que garantiza las pensiones y es el que está funcionando. Esa es la garantía de las pensiones”. Tras su reunión con varios representantes de los abogados y procuradores y pese a que sus palabras no dejan entrever la solución, los abogados y procuradores salieron con buenas sensaciones.
Los compañeros asistentes a la reunión de @MovimientoJ2, @J2AlterMutua y @ProcuradoresJ2 han vuelto con buenas sensaciones. Gracias Ministra @SaizElma por atender a @Movimientoj2 con esta reunión que abre sólidas expectativas de solución a este grave problema social. #SomosLosJ2 https://t.co/GxIDBiWKnX
— @Movimiento#J2 (@MovimientoJ2) February 12, 2024
Colgar la toga y cobrar pensiones de 300 y 400 euros, por debajo de las pensiones no contributivas. Es la realidad que la jubilación de la generación del ‘baby boom’ ha sacado a la luz para cientos de abogados y procuradores en toda España.
Aseguran que el sistema alternativo al que accedían cuando se colegiaban, es un engaño. La pensión que esperaban, según las proyecciones hechas por sus mutualidades, ha quedado en realidad recortada a más de la mitad. Desde la Mutualidad de la Abogacía niegan haber realizado esas proyecciones y su presidente, Enrique Sanz (@EnriqueSanz_MGA) ha dicho que “nadie puede vender duros por cuatro pesetas”, en referencia a quien ha hecho cotizaciones bajas. Niegan el engaño, aunque sí reconocen que la información, en el pasado, podría haber sido mejor.
Miles de abogados se han organizado en toda España en el movimiento #J2, que lucha por conseguir una solución para unas pensiones que consideran indignas.
“Hasta el año 1995, abogados y procuradores entraban directa y automáticamente en el sistema de mutualidades por el simple hecho de darse de alta en el colegio de abogados. No había otra opción, nuestro régimen no era el de la Seguridad Social, el régimen obligatorio era el de la Mutualidad”, nos explica Begoña Gutiérrez, abogada, y una de las impulsoras del movimiento J2.
“A partir del 95, tras una sentencia del supremo, se permitió que los abogados pudieran elegir y darse de alta o bien en el Régimen de la Seguridad Social, o bien en la Mutualidad de la Abogacía. Los nuevos abogados podían elegir. Ahora bien, lo que ya se hubiera aportado a la Mutualidad no podía llevarse a la Seguridad Social. “Había abogados que ya llevaban mucho tiempo cotizando en la Mutualidad”, de modo que se quedaron en ese régimen. En aquel entonces nos decían que ambos sistemas eran alternativos, y darían lugar a pensiones iguales”, puntualiza Gutiérrez. Y así era en ese momento, era un sistema de reparto igual que el sistema de pensiones de la Seguridad Social, “la gente joven cotizaba para pagar las pensiones de los abogados que se iban jubilando, lo normal en un sistema de reparto”.
Pero todo cambió en 2005. “Ese año la Mutualidad de la Abogacía desaparece como mutualidad y pasa a ser una entidad privada aseguradora”. Se convierte en un sistema de capitalización individual. “el sistema se transforma en un producto financiero personal, un plan de pensiones privado… tanto pagas, tanto tendrás”, dice la abogada Begoña Gutiérrez. El problema está en que, pese al cambio, nunca les dejaron la opción de rescatar su dinero o trasladarlo al régimen de la Seguridad Social. “Tenemos esos fondos cautivos, no los podemos sacar”, añade.
Hay casos de abogados que sí pasaron a la Seguridad Social, los más jóvenes. En aquel entonces era una decisión difícil, sobre todo para quien llevaba mucho tiempo, porque no podías rescatar lo que ya habías cotizado. En teoría son unos fondos que se podrán rescatar tras la muerte o la jubilación, pero si no haces nuevas aportaciones, el ahorro va menguando, porque la Mutualidad sigue cobrando comisiones, primas, administración…”
“Nos engañaron”, asegura, contundente, Begoña Gutiérrez. “Cambiaron las reglas de juego a mitad de partida”, agrega.
Ante las voces suspicaces de quienes sugieren que estos profesionales quieren una pensión por la que no han cotizado, ellos insisten: lo que piden es poder rescatar su dinero en la Mutualidad de la Abogacía y llevarlo al RETA de la Seguridad Social, seguir cotizando y recibir, en su momento, exactamente lo que les corresponda. Ni un euro más. “Pedimos una pasarela para que los mutualistas que quieran, puedan trasladar los fondos de la Mutualidad a la Seguridad Social, sin coste fiscal. Y que Seguridad Social canee esos fondos por años cotizados conforme a su criterio de cotización”, nos explica la abogada. “Si yo coticé 40 años a la Mutualidad, pero la Seguridad Social calcula que esos fondos, solo corresponden con 35 años de haberlos cotizado en el RETA, pues que así sea
Se calcula que, en estos momentos, podría haber entre 95.000 y 100.000 letrados y procuradores afectados. El Ministerio dirigido por Elma Saiz ya está estudiando el asunto. En un mes, tal y como ha dicho, darán más pistas sobre una posible solución. El problema podría abordarse en el seno del Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria que hace seguimiento del sistema público de pensiones.
