Pensiones de viudedad: 2,4 millones de pagas no llegan a 900 euros de media en marzo
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha avanzado este lunes varias medidas de reforma integral y gradual de la pensión de viudedad, con una doble línea de acción: por un lado, "garantizar la protección de las personas beneficiarias de 65 o más años cuya pensión suponga su principal fuente de ingresos, y por otro, estudiar la posible utilización de los años de cotización del causante para el cálculo de la pensión de la viuda". Así lo ha adelantado durante su intervención en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados.
Con estas modificaciones previstas, de las que no ha proporcionado más detalles, el Gobierno prevé mejorar la cuantía y el acceso a las pensiones de viudedad, una vez que la vigente reforma, Ley 21/2021, ya facilitó la "extensión del derecho a la pensión de las parejas de hecho, eliminando el requisito de renta en estos casos", según ha recordado, además de que tanto en 2023 como en 2024 se han mejorado las pensiones más bajas, "con un sustancial incremento de las mínimas, que en 2023 llegaron incrementarse hasta un 14,1% en el caso de las pensiones de viudedad con cargas familiares".
"Reforma profunda de la jubilación parcial"
No es un secreto que el Gobierno está empeñado en que los trabajadores retrasen voluntariamente su edad de jubilación, de forma que la salida efectiva del mercado laboral (ahora 65,1 años de media) se aproxime hasta igualarse hasta la edad legal ordinaria (los 67 años en 2027). Con ello, se rebajaría el fuerte gasto que para la Seguridad Social va a suponer la masiva jubilación del baby boom (desde 2025).
En este sentido, Saiz ha adelantado dos cuestiones relacionadas con la edad de jubilación, que en este momento se encuentran sobre la mesa de diálogo social, donde se sienta el Ministerio con los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE-Cepyme. El primero de ellos, "una nueva regulación de la compatibilidad de trabajo con pensión, regulación en la que queremos introducir profundas reformas, dado que la actual situación tiene un evidente sesgo masculino y hacia los trabajadores de altos ingresos", en palabras de la ministra.
Los cambios afectarán a dos ámbitos. En cuanto a la jubilación parcial, Saiz anuncia un régimen de compatibilidad efectiva de trabajo y pensión que preserve la calidad del empleo de los relevistas y que equilibre el coste que esta modalidad de pensión tiene para el sistema.
El segundo ámbito de reforma profunda se refiere a la jubilación activa, y en este sentido, la ministra asegura que "es evidente que hay trabajadores que quieren seguir trabajando más allá de la edad ordinaria, y debemos encontrar la fórmula para que lo hagan con unas condiciones que favorezcan su actividad". Si bien Saiz no ha explicado en qué consistirán los cambios legales, el Ministerio que dirige ha informado este lunes que trabajan ya para "extender el régimen de compatibilidad de la pensión con el trabajo a partir de la edad ordinaria de jubilación". Esto supondría un cambio en el acceso a la modalidad de jubilación activa, que ahora exige un año extra a la edad de retiro legal.
Coeficientes reductores en actividades penosas
En estos momentos, el Gobierno está negociando, en el seno del diálogo social, un nuevo procedimiento para los coeficientes reductores de edad en actividades penosas, como ha expuesto Saiz. “Se está tratando de alcanzar una fórmula con indicadores objetivos que permitan anticipar la edad de jubilación, teniendo en cuenta factores como la incidencia, la persistencia y la duración de los procesos de baja laboral. Partiendo siempre de la base de que esos coeficientes deben suponer siempre el último recurso, aplicable solo en aquellos supuestos donde no sea posible la modificación de las condiciones de trabajo”, ha explicado.
Saiz planea una Entidad Estatal de Seguridad Social
"Nuestra gran apuesta es la creación de una agencia, una Entidad Estatal de la Seguridad Social, como hito imprescindible para una organización más eficiente y moderna. Dicha entidad deberá integrar en un solo ente las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social, garantizando así que el sistema, conformado por la acción protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva, se fundamente en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad".
En sus preguntas a la ministra, varios grupos miembros del Pacto de Toledo le han preguntado sobre este ente y si de algún modo integraría pensiones contributivas (las que se nutren con cotizaciones y gestiona la Seguridad Social) y no contributivas (asistenciales y gestionadas por el Imserso y las comunidades autónomas), a lo que Saiz no ha dado detalles.
Lo que sí ha desgranado la ministra son las ventajas que, a su juicio, se conseguirían:
-Reducir costes y racionalizar estructuras.
- Mejorar la capacidad organizativa del personal, dando respuestas inmediatas a situaciones inminentes, con un mejor provecho del personal cualificado.
- Realizar una implantación más uniforme y eficiente de todas las transformaciones digitales en curso, entre ellas la inteligencia artificial.
- Mantener la presencia de la administración de la Seguridad Social en todo el territorio nacional, contribuyendo a evitar los perjuicios para la ciudadanía en la España vaciada.
- Unificar los criterios de actuación de forma más eficiente.
- Conseguir una mejor atención a la ciudadanía.
Más protagonismo de trabajadores mayores de 55
La titular de Seguridad Social ha proporcionado cifras que constatan cómo la proporción de jubilaciones anticipadas es más baja que nunca: un 34% del total de altas de jubilación en 2023. Además, el adelanto en el acceso a la pensión en esta modalidad se ha ido moderando. Si en 2021, el 46% de los que se jubilaron anticipadamente lo hicieron a la edad más baja posible (24 meses antes) y la edad media de jubilación anticipada fue de 63,3 años, el panorama se ha transformado en apenas dos años: en 2023 menos del 17% de los que se jubilaron anticipadamente lo hicieron a la edad más baja posible, y la edad media de jubilación anticipada ascendió a 63,9 años.
En cuanto a la jubilación demorada, los nuevos incentivos están aumentando la proporción de pensionistas que retrasan la edad de jubilación, que es ahora casi el doble que antes de la reforma (un 10,5% en febrero de 2024 frente al 4,8% en idéntico periodo de 2021).
Y todo ello, según Elma Saiz, "con un creciente protagonismo de los trabajadores mayores de 55 años, especialmente entre las mujeres, cuya tasa de empleo de 55 a 64 años ha aumentado más de 22 puntos en los últimos 16 años".
Saiz creará el Consejo Asesor de Brecha de Género
Saiz ha reconocido la fuerte brecha de género que padecen las mujeres, tanto en su vida laboral, como en la jubilación, así como el sesgo de género que tienen las modalidades de jubilación parcial y activa, de las que ahora casi solo se aprovechan los hombres, así como las rentas altas (profesionales y asalariados varones en su inmesa mayoría). Los cambios anunciados en este tipo de jubilación irán enfocados en reducir y/o eliminar esa brecha de género.
La ministra ha anunciado asimismo que mantiene el compromiso de extender el permiso de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas, y de avanzar en la implantación de permisos retribuidos para los cuidados de acuerdo con la Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo, con el objetivo de remunerar al menos 4 semanas por hijo/a del recientemente creado permiso parental de cuidados.
También ha reiterado que "la igualdad de género constituye el principal problema de nuestro sistema de Seguridad Social en términos de acción protectora. De ahí nuestro firme propósito de redoblar los esfuerzos en términos de análisis y de reformas, y de ahí la próxima creación, les puedo anunciar ya, del Consejo Asesor de Brecha de Género", ha avanzado en el Pacto de Toledo.
El mayor papel de las mutuas, "muy cerca"
Uno de los aspectos avanzados por la ministra, y criticado desde varios grupos del Pacto de Toledo, es el mayor papel que el Ministerio va a dar a las mutuas en casos de incapacidad temporal (IT). Se trata de un asunto que el Gobierno ha discutido durante semanas en el marco de la Mesa del Diálogo Social, y con el que sindicatos y patronal instan a aprovechar los recursos de estas mutuas para mejorar los tiempos de espera en la atención sanitaria y reducir las listas de espera en el sistema público.
Este es un punto que genera discrepancias también en la Mesa de Diálogo Social, donde los sindicatos UGT y CCOO denunciaban que la patronal CEOE quería utilizar estos mecanismos para transferir prestaciones que son exclusiva del servicio público de Sanidad.
Este lunes, sin embargo, la ministra ha afirmado que el acuerdo está "muy cerca" y ha recordado que estas entidades forman parte del sector público estatal, son de carácter administrativo y se financian con las cotizaciones de empresas y trabajadores.
'Hucha' de pensiones para el retiro del 'baby boom'
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como hucha de las pensiones, ya acumula más de 6.000 millones de euros gracias a las aportaciones procedentes del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). La cifra supone un aumento de cerca de 4.000 millones respecto a diciembre de 2022 y de, al menos, 700 millones con respecto a los datos de cierre de 2023.
Además de especificar que este año el Fondo finalizará con 9.100 millones y a final de legislatura, en 2027, dispondrá de más de 25.000 millones, la ministra ha subrayado que el MEI permite dotar de recursos al Fondo de Reserva para hacer frente al "desequilibrio coyuntural" que supondrá la jubilación de los boomer. Las aportaciones de este mecanismo suponen 0,7 puntos porcentuales de la cotización por contingencias comunes en 2024, y crecerán una décima cada año hasta alcanzar 1,2 puntos porcentuales en 2029.
Al glosar el éxito del MEI, Saiz ha asegurado que "Alemania está copiando a España", con la puesta en marcha del fondo Capital de las generaciones, impulsado recientemente por el Gobierno germano, cuyo objetivo es realizar provisiones adicionales y estabilizar el desarrollo financiero del sistema de pensiones, que los alemanes esperan que acumule 200.000 millones de euros hasta 2036. "Si un país como Alemania tiene que copiar o está copiando a España, entendemos que es una buena práctica", ha enfatizado en su intervención.
Elma Saiz ha anunciado asimismo que la Seguridad Social logrará el equilibrio presupuestario al final de legislatura, frente al desequilibrio financiero "alarmante" que había en 2018, cuando el gasto rondaba el 1,5% del PIB. Para ello, el Estado asume desde 2021 los gastos de naturaleza no puramente contributiva, los gastos impropios, que se pagan con transferencias: 13.929 millones en 2022 y 19.888 millones en 2023.
Los grupos exigen la auditoría
Durante su intervención en el Pacto de Toledo, la ministra no ha concretado si realizará la auditoría de la Seguridad Social, como exige la Ley 21/2021, a pesar de las reiteradas preguntas de varios grupos de la Comisión, especialmente las del diputado de ERC Jordi Salvador, para quien este mandato legal es crucial, porque "la auditoría acabaría con el falso relato de la insostenibilidad de las pensiones públicas".
"¿Por qué no hacen la auditoría, como manda la ley? Una auditoría que lo analice todo: lo que se hizo con el dinero de las cotizaciones cuando no había Fondo de Reserva, a dónde iban a parar los súperávits del sistema, o cuánto es el patrimonio de la Seguridad Social. Con la auditoría se demostrará que ha habido superávit de la Seguridad Social incluso en los periodos de crisis, ¿y qué se hizo con esos superávit? La auditoría es la mejor garantía para dar confianza a nuestros jóvenes", le ha espetado Salvador a Elma Saiz.
La ministra, sin embargo, se ha limitado a recordar el informe que el Ministerio hizo en 2022, "un informe completo sobre gastos impropios", si bien ha abierto la mano a facilitar la información adicional que necesiten los miembros del Pacto de Toledo. Pero ningún compromiso sobre cuándo o si se realizará la auditoría como la exigen los grupos políticos.
Más de 500.000 becarios cotizan desde enero
Más de 500.000 alumnos y alumnas han comenzado a cotizar por sus prácticas no remuneradas, una medida en vigor desde enero de este año. "En las primeras semanas de aplicación de este nuevo sistema de cotización de prácticas formativas, ya hemos registrado más de 500.000 alumnas y alumnos en el mismo", ha comentado Elma Saiz durante su intervención en la Comisión del Pacto de Toledo.
Con esta cotización de las prácticas no remuneradas, el Gobierno pretende "no solo generar futuros derechos con un inicio más temprano de su carrera de cotización, sino sobre todo concienciar a este colectivo esencial de las ventajas que reporta formar parte del sistema".