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El Tribunal de Cuentas alerta de que no se podrán pagar las pensiones si no hay una reforma urgente
Habrá recorte de pensiones, mayor edad de jubilación y coto a la anticipada, según los economistas
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Un día después de que el Tribunal de Cuentas emitiera su demoledor informe en el que alertaba de que las pensiones no se podrían pagar si no se lleva a cabo una reforma en profundidad de la Seguridad Social, el ministro del ramo, José Luis Escrivá, ha quitado hierro a las conclusiones del citado Tribunal, asegurando que la Seguridad Social es una institución "absolutamente solvente y sostenible".
Así ha respondido el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a las alertas lanzadas por el organismo fiscalizador, que detecta un problema "estructural" de sostenibilidad financiera, por lo que de no acometerse de manera "urgente" las reformas necesarias, peligrarían la viabilidad y sostenibilidad financiera del sistema. Ante estas advertencias, Escrivá, que ha visitado Palma de Mallorca este jueves, ha afirmado que las pensiones en España "pueden mantener su poder adquisitivo indefinidamente sin ningún problema".
No opina lo mismo el Tribunal de Cuentas, para quien los recursos contributivos que entran al sistema "no son suficientes para satisfacer el actual nivel de las prestaciones económicas, fundamentalmente, pensiones" de igual naturaleza. En consecuencia, el Tribunal avisa de que puede estar en peligro "la viabilidad y la sostenibilidad financiera del sistema".
Lo que sí admite el ministro es que la plantilla de la Seguridad Social atraviesa una "situación difícil" por la falta de personal y avanza que el Gobierno prepara un refuerzo adicional de sus recursos humanos en los presupuestos de la institución para 2021. De este modo, da la razón a los sindicatos sobre sus quejas respecto al colapso de las oficinas. "Los sindicatos tienen toda la razón del mundo, la situación es difícil, no se han reforzado ni cubierto vacantes durante los últimos años como debería", según Escrivá.
Grandes desfases entre gastos e ingresos
En su informe, el Tribunal de Cuentas especifica que la causa de que los resultados económico-patrimoniales de la Seguridad Social sean negativos en el periodo analizado (2018) y, en consecuencia, de que también lo sea el patrimonio neto en los ejercicios 2016, 2017 y 2018, son los "desfases significativos" entre los gastos y los ingresos de naturaleza contributiva, provocados principalmente por el distinto ritmo de crecimiento del gasto medio anual por pensionista (incremento del 18,73% en este periodo) respecto al del ingreso medio por afiliado (minoración del 1,28%, en el mismo periodo).
En el primer caso, el incremento se debe a que las nuevas incorporaciones llevan asociadas pensiones más elevadas, y también al aumento neto del número de pensionistas, a lo cual ha contribuido sin duda el alargamiento de la esperanza media de vida de estas personas; mientras que la minoración de ingresos se debe a la recesión que afectó a la economía española y su efecto sobre el empleo y los salarios.
¿Qué hay que reformar, según el Tribunal?
Aunque el Tribunal de Cuentas no detalla las reformas que han de adoptarse, sí reclama que se huya de soluciones transitorias, "que no han impedido que el patrimonio neto del sistema siga siendo negativo cada vez en mayor medida". Hasta que se desarrollen estas reformas propone a las Cortes Generales que regulen en una norma con rango de ley la necesidad de que los déficits financieros y presupuestarios que haya de soportar la Seguridad Social se cubran, como hasta ahora, con financiación estatal, pero a través de transferencias corrientes y no de préstamos.
También recomienda al Gobierno que proceda a efectuar la liquidación efectiva de los gastos no contributivos que fueron asumidos por la Seguridad Social con cargo a sus recursos, consiguiendo de facto la efectiva separación de las fuentes de financiación recogida en la recomendación primera del Pacto de Toledo. Para ello, señala que deberán cuantificarse los gastos no contributivos asumidos por el sistema y, en el marco de esta liquidación, incluir la cancelación de la deuda con el Estado por los préstamos.