Escrivá estudia alargar de 25 a 35 años el periodo para calcular la pensión de jubilación

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La reforma de las pensiones está a la vuelta de la esquina, una vez que el Congreso ha aprobado las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá,​ ha iniciado los contactos para negociar con los agentes sociales (los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEOE y Cepyme) y con la Comisión Europea. El debate con las autoridades europeas es clave, porque se incluye en el proceso de reformas estructurales que Brusleas reclama a España como condición para recibir los nuevos fondos europeos de reconstrucción (España recibirá 140.000 millones en los próximos años).

Dentro de esta reforma de las pensiones, el ministro está estudiando plantear un alargamiento de los años cotizados necesarios para cobrar el 100% de la pensión de jubilación, extendiéndolo hasta un total de 35 años. En la actualidad, la normativa marca que desde el año 2022 la pensión de jubilación se calculará a partir de las cotizaciones de los últimos 25 años (aunque se puede causar pensión con un mínimo de 15 años cotizados).

Según avanzan La Vanguardia y El Mundo, Escrivá prevé plantear esta extensión en su reunión con los agentes sociales, si bien el ministro ha declinado este lunes comentar esta posibilidad, afirmando que tiene que "ser prudente y el Gobierno en general debe ser prudente”, durante un desayuno online de Nueva Economía Fórum, en el que también ha participado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

Preciamente, Hernández de Cos ha avisado del coste que tendrá volver a ligar las pensiones con el IPC (un punto por década, como han apuntado ya informes del organismo) y de la necesidad de que esto se compense actuando sobre otros parámetros, como el gasto, los ingresos o la edad de jubilación. Asimismo, ha pedido ser consciente de los efectos que esta medida tiene, no sólo en el actual momento temporal, sino también sobre las generaciones venideras.

Penalización por bajas en contratos en fin de semana

Lo que sí ha avanzado Escrivá es que el Gobierno está estudiando introducir una tasa, a modo de penalización, para aquellas empresas que dan de baja los contratos de sus trabajadores durante los fines de semana para volverlos a dar de alta el lunes con el objetivo de ahorrarse el pago de cotizaciones a la Seguridad Social.

Durante su intervención en el desayuno informativo, ha subrayado que se trata de una práctica "intolerable", que también se realiza en los meses de verano, "que no debe aceptarse y que claramente se va a penalizar". El ministro ha explicado que el sistema actual, que permite dar de alta y de baja contratos de manera ágil, está posibilitando estos usos "no aceptables", que llevan asociada una pérdida de protección a los trabajadores al no pagarse las cotizaciones correspondientes a los fines de semana o durante los días de vacaciones. 

Escrivá ha denunciado que esta práctica "se ha convertido en algo cultural en España", que no sucede en otros países del entorno español y que no puede aceptarse como válida, por lo que se penalizará, de forma que también se contribuirá a luchar contra la temporalidad y el alto grado de rotación de contratos que existe en España.