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El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha vuelto a defender la actualización de las pensiones con el IPC a pesar del alza de los precios, y ha asegurado que se trata de una reforma de "larguísimo plazo" que no puede modificarse por una situación de inflación "transitoria".
Además, ha recordado que cuenta con el consenso parlamentario y de los agentes sociales. "No está en discusión ni pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones", ha afirmado el ministro, antes de participar en el Congreso de EFPA.
Por otro lado, Escrivá ha defendido "el segundo pilar" del sistema público de pensiones, que es el desarrollo de los planes de empleo de empresas, y ha añadido que ya está muy avanzado su trámite parlamentario, por lo que espera que esté en marcha "lo antes posible" y pueda impulsar el ahorro a medio y largo plazo, sobre todo, de las rentas medias y bajas.
Respecto a la ruptura de las negociaciones de los agentes sociales sobre la subida de los salarios, Escrivá ha dicho que este asunto se debe dejar en manos de empresarios y sindicatos, aunque admitió que hay "consideraciones sectoriales" que deben determinar el límite de crecimiento de los salarios en cada uno de los sectores.
"Hay que dejar a los agentes sociales, es un ámbito suyo de discusión y no creo que desde el Gobierno tengamos que tener posiciones particulares", ha reiterado.
La baja de las mujeres por la menstruación, "en discusión"
Escrivá también ha indicado que la baja laboral de tres días para las mujeres por menstruaciones dolorosas, que anunció este miércoles la ministra de Igualdad, Irene Montero, dentro de la nueva ley del aborto, está todavía "en discusión" en el Gobierno.
El ministro ha asegurado que el Ejecutivo está trabajando "internamente" en dicha ley, que aún se encuentra "en proceso de trabajo interno en los órganos colegiados del Gobierno".
Dicho esto, ha asegurado que de lo que trata esta norma es de "armonizar" dos elementos orientados a mejorar la situación de las mujeres, por un lado, mejorar su protección y, por otro, impulsar su participación en el mercado laboral en "mejores condiciones". "En eso estamos, pero todavía está en proceso interno de discusión en el Gobierno", ha dicho.