Escrivá ratifica ligar las pensiones al IPC: volver al 0,25% "haría perder 1.300€ a una paga media"

La pensión no contributiva de jubilación subirá a 492 euros mensuales tras el pacto con Bildu

Díaz y Escrivá cargan contra el Banco de España por querer desligar las pensiones del IPC

Escrivá, tajante y "sorprendido" por el debate sobre inflación y pensiones

Por enésima vez en las últimas semanas, y este martes desde París, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha ratificado que las pensiones se revalorizarán tal como está acordado en la Ley de reforma de las pensiones, es decir, en función del dato de IPC medio anual que se registre entre noviembre de 2022 y diciembre de 2021, denunciando asimismo que que el debate actual sobre los problemas de indexar las pensiones al IPC es "completamente artificial", no existe en ningún país europeo, y se ha creado "desde ámbitos interesados".

Así lo ha remachado en declaraciones realizadas a los medios de comunicación en el marco de la reunión ministerial de Empleo y Trabajo organizada por la OCDE en París. El ministro ha subrayado que la vinculación de las pensiones con el IPC o del IPC y salarios "ocurre en todos los países del entorno español" y que la anomalía la constituía España, una situación que se corrigió con la reforma que entró en vigor a principios de 2021.

Es evidente la molestia de Escrivá con las voces que ponen en tela de juicio una de las medidas estrella de su reforma de las pensiones (consensuada con el Pacto de Toledo y aprobada con holgura en el Congreso de los Diputados), y de hecho, a primeros de mes, tanto él como la vicepresidenta segunda y ministra Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, replicaron con contundencia al informe del Banco de España, ya que este propuso incluir en el pacto de rentas a pensionistas y funcionarios y no revalorizar sus rentas con la inflación. Ambos ministros recordaron que la mayor parte de las pensiones en España no llegan a los mil euros al mes.

Escrivá: "Hay algún partido" que intenta hacer ruido

El titular de Seguridad Social ha enfatizado el amplio consenso del Pacto de Toledo para ligar las pensiones al IPC y ha denunciado que "hay algún partido" político que "más que oponerse, tiene un discurso confuso sobre esto e intenta hacer ruido", para a continuación argumentar: "Evidentemente, no creo que nadie quiera volver a la ley de 2013. Y si alguien quiere volver, que sea consciente de que eso significaría que en el conjunto de 2022 se perderían 1.300 euros de renta para una pensión media".

Escrivá, que ha insistido en que el Gobierno cumplirá con la ley actual y subirá las pensiones con la inflación. En cuanto a las advertencias de que esto supondría un alto coste para el Estado, el ministro ha subrayado que el debate sobre el coste está "muy sesgado" porque sólo se mira por el lado de los gastos y no por el de los ingresos, que están creciendo a tasas del 8% gracias al buen funcionamiento del mercado laboral. Además, ha destacado que la situación financiera de la Seguridad Social es "sólida", con un déficit previsto para este año del 0,5% del PIB, inferior al 0,9% de 2021, y en camino de conseguir la estabilidad presupuestaria.

Respecto a las críticas que realizó en su día la OCDE a la reforma de pensiones, Escrivá cree que hizo un análisis "muy precipitado" de la misma, pues aún no estaba aprobada. "No entendió bien la reforma, porque hemos sustituido el factor de sostenibilidad por un mecanismo semiautomático que es mucho más moderno, elegante y sólido", ha señalado.

Satisfacción por la reforma laboral 

Durante su intervención en la sesión plenaria de la Reunión Ministerial de Empleo y Trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en París, el ministro de Seguridad Social ha defendido asimismo las políticas adoptadas por España frente a la pandemia, entre ellas, la ampliación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), las prestaciones para los autónomos o el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

"La flexibilidad es crucial para conseguir políticas eficientes. Cada cuatro meses, examinábamos y recalibrábamos las medidas para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, ajustándolas a un entorno cambiante", ha explicado, sacando pecho también por el hecho de que esas medidas se apoyaron en la colaboración de los agentes sociales.

El ministro ha detallado que muchas de las medidas de entonces se han aplicado después a la reforma laboral, que "en sus cinco primeros meses de funcionamiento ha arrojado unos resultados en términos de creación de empleo y reducción de la temporalidad muy favorables".

15% de subida de las pensiones no contributivas

Dentro de las "mejoras" para la prórroga del decreto contra las consecuencias de la guerra en Ucrania, el Gobierno se propone prorrogar la bonificación de 20 céntimos al combustible, ayudas para sectores desfavorecidos y el apoyo a los más vulnerables, según la portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.  Aún con tres semanas por delante de vigencia del decreto actual, Rodríguez ha asegurado que el Ejecutivo pretende amortiguar el golpe de las consecuencias de la guerra con medidas como la bonificación de 20 céntimos al combustible. Y paliar el impacto en sectores desde los transportistas hasta los agricultores, o proteger a los más vulnerables, con los bonos térmicos y eléctricos. 

En este sentido, la vicepresidenta Díaz es "partidaria" de "dar un paso más", implantando un impuesto extraordinario para las eléctricas, y tener en cuenta nuevos factores en un nuevo marco normativo. Así, defiende bonificar el transporte público como uno de los aspectos fundamentales, así como tener en cuenta la renta en los descuentos de carburantes.

Por su parte, el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Ione Belarra, ya ha remitido dentro del Ejecutivo su propuesta de mejora del decreto anticrisis, que incluye el despliegue de un abono transporte mensual de 10 euros financiado a través de un fondo extraordinario dotado con 560 millones. Además, el documento aboga por extender la cobertura del bono social eléctrico, la prohibición estructural de cortes de suministros energéticos y elevar de inmediato las pensiones no contributivas un 15%, para que esta revalorización llegue a sus beneficiarios el próximo mes de julio.