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El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este miércoles que la crisis no altera el diagnóstico sobre las pensiones y que el impacto en las cuentas de la Seguridad Social es de naturaleza "genuinamente transitoria". No obstante, augura un déficit de la Seguridad Social del 2% del PIB este año, siete décimas superior al del año pasado, y que continúe en el 1,4% del PIB en el año 2023 si no se implementan medidas, como eliminar gastos impropios.
Así lo ha señalado durante su comparecencia a petición propia ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso para informar sobre la renovación de las recomendaciones sobre las pensiones, en la que ha indicado que el diagnóstico realizado en febrero sobre las pensiones no ha cambiado con motivo de la crisis del Covid-19.
Escrivá ha afirmado que esta evaluación no varía porque las tendencias son de medio y largo plazo y el impacto del Covid en las cuentas de la Seguridad Social es de naturaleza "genuinamente transitoria" y se está abordando en las relaciones entre el Estado y la Administración de la Seguridad Social.
Sin embargo, ha indicado que la pandemia ha traído "mucha incertidumbre", por lo que ha apelado a la responsabilidad para dar un marco de referencia a medio plazo "estable y creíble" a pensionistas y a trabajadores próximos a la edad de jubilación.
Escrivá ha augurado que el déficit de la Seguridad Social aumente del 1,3% de PIB en el que cerró en 2019 al 2% del PIB este año como consecuencia principalmente de la caída del PIB y del retroceso "significativo" de ingresos, que se recuperará a partir del próximo año.
Asimismo, ha precisado que este año se está produciendo una aportación extraordinaria del Estado para gastos extraordinarios por el Covid de 14.500 millones que irán dirigidos a la exoneración de cuotas en los ERTE, la prestación extraordinaria por autónomos, la prestación por incapacidad temporal por Covid y el ingreso mínimo vital.
Eliminar gastos impropios
Si no se implementan medidas, y teniendo en cuenta una revalorización de pensiones conforme al IPC real, el déficit de la Seguridad Social se mantendrá en el 1,4% en el año 2023, por lo que ha abogado por eliminar los gastos impropios que tienen "efectos devastadores" sobre la solvencia de las pensiones.
En este sentido, ha apuntado que la previsión de déficit del 1,4% del PIB (20.185 millones) de la Seguridad Social en 2023, año para el que estima que los gastos impropios serían del 1,6% del PIB (22.871 millones), por la financiación de gastos impropios, permitiría eliminar el déficit previsto.
Entre las partidas, ha citado la parte de políticas no contributivas que se están financiando con cuotas (11.305 millones), las reducciones en la cotización, como las tarifas planes (1.818 millones), la prestación por nacimiento y cuidado de hijos (2.953 millones), el complemento de maternidad (1.082 millones), las subvenciones implícitas a regímenes especiales (1.014 millones), el coste de completar las lagunas para el cálculo de la pensión (788 millones) y los gastos de funcionamiento (3.911 millones).
Incentivar la demora en la jubilación
En su análisis, Escrivá ha constatado un aumento de las jubilaciones anticipadas, hasta el 16% del total en 2019, y una tendencia creciente entre los autónomos a cotizar lo mínimo ante sus "dudas" sobre la viabilidad".
En una comparativa internacional, ha apuntado que la edad efectiva de jubilación en España es de 64,6 años y la legal de 65,8 años, en línea con los países del entorno, mientras que el nivel de cotizaciones es de una media del 35,4%, en la media.
El gasto en pensiones en España es del 10,9%, frente a la media del 12,4% del resto de países, por lo que el punto de partida no presenta "problemas de sostenibilidad".
En todo caso, ha instado a incentivar la demora en la jubilación, incrementando los incentivos económicos por retrasar la jubilación y reforzar fórmulas de compatibilidad con el trabajo que permitan la prolongación de las carreras profesionales.
Según Escrivá, la jubilación demorada puede resultar atractiva a todas las partes, porque genera una pensión mayor, es un ahorro para el sistema y es un ahorro para el empresario por la reducción de cotizaciones. La bonificación por la demora en la edad de jubilación actualmente es del 3,2%, ha precisado.
